La política migratoria del gobierno mexicano abrió un abanico de violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes, de acuerdo con Alicia Moncada, investigadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organismo que acompaña a personas migrantes para que se respeten sus derechos humanos.
El 29 de enero de 2019, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el acuerdo migratorio Migration Protection Protocols (MPP, por sus siglas en inglés), que aquí se llama “Quédate en México”; desde entonces, han aumentado las trabas para las personas que piden asilo en EU y en nuestro país.
Alicia Moncada nos explicó que hay diversos tipos de personas migrantes. Dentro de la FJEDD, Moncada se concentra en dar acompañamiento e investigar el fenómeno migratorio de personas solicitantes de asilo, principalmente haitianos.
Te puede interesar: La migración y el cambio global
En el informe “En la boca del lobo”, presentado por la FJEDD en diciembre de 2020, se documentó que 68,430 personas fueron devueltas a México desde Estados Unidos.
“Quédate en México” dejó de operar en enero de 2021 pero fue retomado el 6 de diciembre pasado; el objetivo de este programa es que quienes solicitan asilo en Estados Unidos, realicen el proceso desde nuestro país, lo cual puede durar varios años.
La diferencia entre llevar el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos o en México es abismal. Moncada explica que el objetivo de estas personas es quedarse en EU y cuando solicitaban asilo y entraban a juicio en ese país, si bien podían pasar varios años en audiencias, al menos allá tenían la posibilidad de trabajar y de estar en un lugar al que consideraban seguro.
Cuando el gobierno de México aceptó el programa, dijo que “Quédate en México” era una respuesta humanitaria y se comprometió a otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales, acceso a la salud y educación. Sin embargo, esto no se ha cumplido.
Bajo este programa, las personas son devueltas “precisamente a la boca del lobo donde no quieren estar”, dice Moncada. El informe de la Fundación para la Justicia señala que de las 68,430 personas regresadas a México, al menos 1,114 personas fueron víctimas de secuestros, violación sexual, extorsión, tortura y asesinato, hasta el 13 de mayo de 2020.
Lee más: Van 23 personas muertas bajo la “protección” de Migración
En el mismo documento se anota que los solicitantes de asilo regresados a ciudades de la frontera norte de México, carecen de condiciones de estancia dignas en nuestro país y enfrentan pobreza, discriminación, obstáculos para el derecho al acceso a un trabajo digno, imposibilidad de acceder a servicios bancarios, dificultades para el ejercicio del derecho a la educación, salud, vivienda, entre otros.
Empeoran condiciones para migrantes en México
Si bien la mayor parte del año 2021 no estuvo vigente el programa “Quédate en México”, eso no impidió que aumentaran los abusos y prácticas dilatorias por parte de autoridades migratorias.
Por ejemplo, el sistema de petición de asilo en México pasó de tres a seis pasos, uno de los cuales incluye mandar un correo electrónico a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para pedir cita. La fecha de la cita también se avisa por esa vía.
“En los casos que he acompañado han cambiado la fecha múltiples veces. Este sistema antes era más ágil, a partir de este año es parte de las políticas de contención”, acusa Moncada.
La investigadora apunta que además, muchos migrantes que solicitan asilo no cuentan con acceso a internet, pues viven en albergues donde carecen de servicios básicos y en muchos casos están en traslado constante.
Víctimas de la delincuencia y del Estado
El 22 de enero de 2021, fueron encontrados los cuerpos calcinados de 19 personas en el municipio de Camargo, Chihuahua, de los cuales 17 eran migrantes centroamericanos.
Esta masacre es la primera en la que el gobierno mexicano reconoce la participación de elementos del Estado, pues fue cometida por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una fuerza de reacción que pertenece a la Policía Federal, pero se suma a otras cuatro masacres contra migrantes ocurridas desde la década pasada: el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas halladas en 2011, ambas en San Fernando, Tamaulipas; la masacre de Cadereyta, Nuevo León en 2012 y la masacre de Guemez, tambien en Tamaulipas en 2014.
Otro tipo de personas migrantes, nos dijo Moncada, son las personas que buscan entrar de manera ilegal a Estados Unidos, la mayoría de las veces guiadas por “polleros”, personas que cobran por trasladar gente de sus lugares de origen, hacerlos transitar por México hasta la frontera norte. Moncada apunta que esta labor constituye el delito de tráfico de personas.
Más sobre el tema: Tres desafíos para México sobre migración con el gobierno de Biden
En los últimos años surgió un nuevo tipo de migración, en la que las personas migrantes se trasladan juntas en caravanas; en México estas caravanas son contenidas por la Guardia Nacional, a la cual, a partir de la entrada en operación del programa “Quédate en México”, se le han otorgado funciones de control migratorio cuando, por ley, son de competencia exclusiva del Instituto Nacional de Migración, señala “En la boca del lobo”, coordinado por Moncada.
La investigadora acusa que la militarización es parte de la política migratoria actual pero las autoridades no reconocen que estas labores sean de contención, sin embargo, apunta que “en recorridos hemos comprobado que la Guardia Nacional ha hecho uso excesivo de la fuerza, lo cual es una violación de derechos humanos”.
Este uso excesivo de la fuerza se refleja, por ejemplo, en la muerte de 29 personas en la frontera sur, denunció, durante una protesta realizada el 16 de diciembre de 2021 afuera del Senado de la República, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., organismo mexicano dedicado a difundir y defender el respeto y la dignidad de los migrantes.
De estas personas muertas, al menos dos de origen cubano fueron acribilladas por elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo con García Villagrán.
Una caravana de migrantes protestó acompañada por el propio García Villagrán y por Irineo Mújica -organizador de las caravanas- afuera del Senado y de Palacio Nacional, en las que pidieron intervención del gobierno de México para seguir su camino hacia Estados Unidos.
La protesta se dio una semana después de que se registraron tres eventos violentos consecutivos contra los migrantes.
El 9 de diciembre de 2021, un tráiler en el que viajaban ciento 10 migrantes hacinados se volcó en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez. Hasta el 16 de diciembre siguiente, habían fallecido 55 personas.
El 10 de diciembre, un día después de la tragedia en Chiapas, varias personas migrantes fueron atropelladas por una camioneta del Instituto Nacional de Migración, en Puebla. Las víctimas eran parte de una caravana y han declarado que la camioneta, que ellos llaman “perreras”, era manejada a exceso de velocidad y se dirigió directamente a ellos.
También acusaron que agentes del Instituto Nacional de Migración pedían a los comerciantes que no les vendieran comida.
Esta caravana llegó a Ciudad de México el 12 de diciembre, donde fue retenida por una barricada de policías en Iztapalapa.
En agosto de 2021, fue captado en video el momento en que un funcionario del Instituto Nacional de Migración pateó a una persona en la cabeza.
Moncada concluye señalando que detrás de estas prácticas está el hecho de que la política migratoria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deriva directamente de los intereses de Estados Unidos, país que halló en las políticas de contención, la externalización de fronteras y en las patrullas fronterizas una alternativa a los muros para impedir la entrada de migrantes.
