Ley de Amnistía estancada por falta de presupuesto y fallas en su operación; apenas van cinco personas liberadas

Compartir:

La Ley de Amnistía se creó con la promesa de liberar a unas 6,000 personas en prisiones que, estando en situación de vulnerabilidad, cometieron delitos no graves. ¿Por ejemplo? Personas indígenas o en extrema pobreza. Ha pasado un año desde su aprobación y apenas han sido liberadas cinco personas, según informó en un boletín de prensa la Secretaría de Gobernación (Segob), el 22 de abril de 2021. 

Incluso la COVID-19 logró mucho más que la propia Ley de Amnistía: para evitar contagios en las cárceles, más de 3,000 personas fueron preliberadas (hasta enero de 2021) en 273 cárceles del país.

Te va a interesar leer: Ley de Amnistía de AMLO, esperanza falsa para mujeres condenadas por abortar

“No queremos que en las cárceles haya gente injustamente detenida. No queremos que haya presos políticos. No queremos que haya gente que esté sufriendo sin haber cometido un delito”, prometió López Obrador el 7 de abril pasado.

Sin embargo, lo que encontramos es que la Ley de Amnistía opera con discrecionalidad, falta de criterios y presupuesto.En lo que va del año, la Comisión de Amnistía, a cargo de la Segob, ha sido negligente y no ha hecho su trabajo, coinciden dos representantes de las organizaciones civiles Equis Justicia para las Mujeres y Documenta.

“Es gravísimo que en un año no se haya liberado a más personas, ni siquiera en un contexto en que la gente se está muriendo dentro de las cárceles por COVID-19, lo que vemos es una falta de voluntad política y una negligencia por parte de las autoridades”, nos dice Viridiana Valgañon, abogada de Equis Justicia para las Mujeres.

Hasta el 25 de abril había más de 3,395 personas presas contagiadas y 256 muertes por COVID-19 en las cárceles del país, de acuerdo con el Observatorio de Prisiones de la organización Documenta.

¿Qué es la Ley de Amnistía? 

Se creó con la intención de otorgar el perdón –y así la liberación– a personas presas por delitos del ámbito federal, como el narcomenudeo, (si demuestran que está en condiciones de pobreza), por alteraciones a la seguridad nacional, siempre y cuando no se trate de terrorismo, y por cualquier delito presuntamente cometido por la población indígena si su proceso no fue adecuado o no tuvo intérprete. 

Esta ley también contempla la liberación de personas que hayan cometido delitos como el robo simple o que estén encarceladas por abortar, aunque no hay ninguna persona procesada por alguno de estos supuestos en al ámbito federal. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía federal, los 32 estados del país también debían de aprobarla en sus congresos locales, pero hasta la fecha sólo cuatro entidades lo han hecho: Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala y Estado de México. Este último, ya logró liberar a 50 personas, a pesar de que fue aprobada ocho meses después que la ley federal.

Te va a interesar leer: El lento y tortuoso camino para liberar presos en tiempos de pandemia

Poca transparencia y burocracia, principales obstáculos

A un año de que se aprobara la Ley de Amnistía, la Comisión (que tardó cuatro meses en publicar sus lineamientos) responsable de revisar las solicitudes de las personas presas que piden su preliberación -presidida por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación- sólo se ha reunido tres veces para atender casi 1,000 solicitudes que tiene en su escritorio.

¿Cuál es el proceso de liberación? 

Las defensas legales, familiares y personas que solicitan este beneficio por los delitos que contempla la Ley de Amnistía, deben llenar una solicitud y dirigirla a la Comisión de Amnistía, a través de un correo electrónico o presentándola directamente ante la Segob.

La Comisión sesiona para evaluarlos y tomar la decisión sobre si cumplen con los requisitos. De hacerlo los turna a un juez, quien es el que tiene la última palabra para otorgar o no la amnistía. Sin embargo, en todo este proceso, hay varios obstáculos que tienen que enfrentar las personas que lo solicitan.

En primer lugar, la Ley de Amnistía establece que la Comisión tiene que resolver estos casos en un plazo máximo de cuatro meses o, de lo contrario, las solicitudes se consideran rechazadas. Sin embargo, las personas no son notificadas sobre el estatus de su expediente y quedan en incertidumbre sobre qué fue lo que pasó con su caso y si la respuesta a su solicitud resultó negativa. Tampoco les explican por qué, nos dice Viridiana Valgañon, abogada de Equis Justicia para las Mujeres.

Además, estos procesos son llevados con total discrecionalidad, pues no se transparentan ni se conocen los criterios con los cuáles son votados los casos de amnistía a favor o en contra, lamenta Valgañón.

La Segob, por su parte, explicó que los atrasos en la integración de las solicitudes se debe a que la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía ha solicitado información complementaria a los juzgados del Poder Judicial (que suspendió algunos de sus plazos por la COVID-19), pues en muchas ocasiones en las cartas de amnistía sólo viene el nombre de las personas que la solicitan y requieren más información. 

Te puede interesar leer: Internos en cárceles cuestan 100,000 al mes cada uno y no les dan ni aspirinas

Difusión de la ley también se queda corta

Pero esta falta de información en las cartas de amnistía se debe a que no se contempló a las personas que no saben leer ni escribir (en su mayoría la población indígena), pues los formatos de solicitudes no son traducidos a sus lenguas ni hay apoyo dentro de las prisiones para facilitar la información de forma oral. 

Así lo documentó Equis Justicia y resulta contradictorio, pues es justamente a esta población la que debería atenderse.

Otra de las limitantes para la aplicación de esta ley es que la Comisión de Amnistía ni siquiera cuenta con un presupuesto propio y su operación depende de la Segob, por lo que no hay recursos humanos para revisar con la rapidez necesaria, nos explica María Sirvent, directora de la organización civil Documenta.

Si fuera la Segob me daría pena decir que llevo un año y que sólo hubo cinco liberados; deberían estar sesionando por lo menos cada mes para atender las solicitudes”, nos dice Sirvent.

Te va a interesar leer: Crece número de personas en las cárceles, tras cinco años a la baja

Se supone que la Ley de Amnistía iba a acabar con la criminalización de la pobreza y marginación que hubo en gobiernos anteriores y que hizo que las personas estuvieran en la cárcel por delitos menores. Se dijo que sería un acto de justicia social durante este gobierno. Sin embargo, sus compromisos se han quedado solo en el papel.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.