Carolina Ruiz y Verónica Martínez
Cualquier iniciativa que busca restringir el amparo es una iniciativa que, básicamente, busca restringir libertades. Esto es lo que expertos nos dijeron sobre la propuesta que el partido Morena presentó para modificar al artículo 129 de la Ley de Amparo, y así limitar sus alcances.
“El amparo hay que leerlo como un juicio o como un recurso, pero sobre todo, como un instrumento que está diseñado para proteger las libertades. Entonces, cuando escuchamos que se trata de restringirlo, es una muy mala idea. Es una idea claramente de corte autoritario. Así hay que entenderla”, nos dijo José Antonio Caballero Juárez, titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Uno de los objetivos clave de la propuesta de reforma a la Ley de Amparo es restringir la suspensión que otorga un juicio de esta naturaleza. La suspensión, de acuerdo con el investigador, es una de las partes más importantes en el amparo, ya que permite que los jueces conozcan el caso, que el juicio se mantenga vivo y protege al afectado mientras eso sucede.
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Amparo a la mexicana
“Nunca te imaginas que el Estado sea el primero en violar la Constitución”, nos dice Antonio Caballero, respecto al origen del amparo y a sus características en México.
El amparo, de acuerdo con el entrevistado, es una institución que se creó en el siglo XIX -en 1847, para ser exactos-, en México y su fin era tratar de obligar a los servidores públicos a que se ajustaran a lo que dice la Constitución.
“El órgano constitucional en general, en cualquier país, se mueve sobre todo por la buena fe. La buena fe es la confianza que tenemos todos de que el Estado cumplirá todos los objetivos para los cuales está hecho”, agregó el experto.
Pero en el diseño original de las constituciones no se contemplaba ningún tipo de recurso en el caso de que el Estado en algún momento violara las propias leyes que lo rigen. Es por eso que surge el amparo.
“El amparo mexicano se vuelve muy famoso a nivel mundial, porque es de los primeros instrumentos que genera un mecanismo bastante expedito. Esto con el fin de que la ciudadanía pueda quejarse de actuaciones inconstitucionales, de servidores públicos”, agregó el investigador del CIDE.
En Estados Unidos ya existía esta figura jurídica, pero en México fue pensado “para proteger a los ciudadanos de matanzas y violaciones de derechos por parte de las autoridades”, de acuerdo a este artículo en el sitio de noticias La política online.
Más sobre el tema: Iniciativa de Morena busca frenar ola de amparos contra proyectos del gobierno
…Y amparos para todos
¿Por qué la diputada de Morena, Reyna Ascencio Ortega presentó esta iniciativa? Como documentamos en esta nota, esta propuesta tiene como fin frenar la ola de amparos en contra de los proyectos del gobierno.
Al respecto, Arturo Carranza, analista independiente del sector energético, nos explicó que esta iniciativa es una respuesta del gobierno a los amparos que las empresas quejosas de la industria eléctrica, y que, en términos legislativos, será muy difícil que sea discutida por el Congreso.
En el caso de la industria eléctrica, agregó el analista, aunque sean aprobadas estas modificaciones, los amparos del sector energético privado, seguirán su curso. Pero no serán los únicos, ni son los primeros.
Aquí algunos amparos históricos y emblemáticos en México:
1849… Primera sentencia de juicio de amparo
El juicio de amparo fue incorporado en el Acta de Reforma de 1847 –documento que restaura el federalismo en México–. Este recurso fue empleado a finales de la década de los años 40 del siglo XIX por el rebelde Manuel Verástegui, un hacendado de Río Verde, San Luis Potosí.
Verástegui encabezó una rebelión en Sierra Gorda bajo el argumento de la invasión de Estados Unidos; la amenaza de ataque de Zachary Taylor; la precaria situación de los campesinos y la aceptación del tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México cedió parte de su territorio, escribió el doctor en derecho por la UNAM, Manuel González Oropeza.
En “Amparo a un rebelde. La primera sentencia de un juicio de amparo (1849)”, González Oropeza exhibe a Verástegui. Resulta que el hacendado fue detenido y puesto en libertad por el entonces gobernador de San Luis Potosí, el General Julián de los Reyes, con la condición del destierro.
Verástegui se amparó y el juez que resolvió el caso fue Pedro Sámano, uno de los partícipes de la rebelión y que quedó como gobernador interino. “El 13 de agosto de 1849, Sámano le otorga la protección de la justicia federal a Verástegui… La resolución en sí misma es cuestionable… había conflicto de interés por parte del juez”, destaca González Oropeza.
El hermano incómodo de Salinas de Gortari
El 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari fue detenido. Se le acusó de ser el autor intelectual del asesinato del secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, en 1994 .
Tras recibir una pena inicial de 50 años, se le rebajó a 27 años de prisión. Solo pasó 10 años en la cárcel gracias al juicio de amparo que interpuso, como último recurso, la defensa del “hermano incómodo” de Carlos Salinas de Gortari.
En junio de 2005, la resolución del amparo le favoreció y fue exonerado y liberado tras revisión al caso y considerar que no había suficientes elementos para demostrar su participación en el homicidio. Quedó pendiente el proceso por enriquecimiento ilícito, que estaba en el desahogo de pruebas.
Los abogados se adelantaron a cualquier impedimento y acordaron el pago de una fianza que no excedió los 2.5 millones de pesos y la entrega de un inmueble como garantía. Quedaron congeladas sus cuentas y asegurados sus bienes inmuebles.
En ese entonces Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba la presidencia como candidato del PRD, señaló: “fue una decisión de los magistrados, quienes concedieron el amparo”. Salinas de Gortari, dijo: “representa una red de complicidades que abarcó todo”.
Nuevamente en 2013, Raúl Salinas de Gortari ganó otra batalla legal. El juez 13 de Distrito en Materia Penal Federal en la Ciudad de México, Carlos López Cruz exoneró a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito y ordenó la restitución de sus bienes, estimados en 224 millones de pesos.
El semanario Proceso destacó que los bienes restituídos eran independientes a los “mil 300 millones de dólares que depositó en bancos de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuertes disputas familiares.
En 2018, Raúl Salinas de Gortari promovió un juicio de amparo, con el que pretendía que el Consejo de la Judicatura Federal publicara un desplegado reconociendo su inocencia pero le fue rechazado.
Mario Villanueva, el primer narcogobernador que recurrió a los amparos
El ex gobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid fue detenido en Cancún en mayo de 2001 tras dos años de estar prófugo de la justicia. Se le acusó de tener nexos con el narcotráfico.
De inmediato se le trasladó al penal conocido como “La Palma” en Almoloya de Juárez, Estado de México. La Procuraduría General de la República (PGR) documentó su relación con Amado Carillo, El Señor de los Cielos, de quien habría recibido entre 400 mil y 500 mil dólares por permitir el cargamento de drogas en la entidad.
En 2007, el juez tercero de Distrito en Materia Penal, Octavio Bolaños absolvió a Villanueva de los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Aunque lo sentenció a seis años de prisión por lavado de dinero, ordenó su liberación por el tiempo que había estado recluido en Almoloya.
Antes de su liberación, Estados Unidos pidió su extradición por lo que su defensa interpuso un amparo. El recurso fue concedido por la jueza segunda de Distrito en materia de amparo, Martha Llamile Ortiz Brena y ordenó mantener a Villanueva Madrid en el Reclusorio Norte hasta no concluir con el juicio de garantías.
Finalmente el ex gobernador de Quintana Roo aceptó la extradición y el 8 de mayo de 2010 México aceptó mandarlo a Estados Unidos. Villanueva Madrid se declaró culpable de lavado de dinero y pasó 131 meses en prisión. En enero de 2017 fue repatriado a México y se le procesó por delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, por lo que se le sentenció a 22 años 11 meses de cárcel.
Con 72 años de edad, promovió un amparo para solicitar prisión domiciliaria. El magistrado del quinto tribunal unitario del segundo circuito Rafael Remes Ojeda, otorgó la solicitud.
¿Será realmente necesario cambiar la Ley de Amparo mexicana?
