¿La llamada Ley Bonilla (que prolonga el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años) es inconstitucional y al mismo tiempo legal?
Parece que sí, de acuerdo con las diferentes declaraciones que ha hecho al respecto la secretaria de Gobernación y exministra, Olga Sánchez Cordero, quien asegura que siempre ha sido congruente en el tema. ¿Será?
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Acto 1: 26 de septiembre, Cámara de Senadores. Sánchez Cordero es cuestionada en comparecencia por la legisladora priista Beatriz Paredes sobre la constitucionalidad de la reforma legislativa que impulsó Morena para permanecer tres años más en el gobierno del estado a pesar de que, por mandato electoral, debía gobernar sólo por dos años.
“La reforma o la llamada Ley Bonilla es en mi opinión personal como abogada (es que) la reforma o la llamada ‘Ley Bonilla’ es inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo”, declaró la funcionaria en medio de sendos aplausos por parte de las y los legisladores.
Acto 2: 1 de noviembre, afuera del Congreso en Baja California. La secretaria es cuestionada por la prensa sobre la Ley Bonilla y afirma que es legal.
“Hoy es legal porque hay una norma emitida por un congreso local que estableció la legalidad de un mandato por cinco años”, responde la funcionaria.
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Acto 3: 1 de noviembre, oficinas de Bonilla en Baja California. Sánchez Cordero le dice al gobernador que acaba de hacer una declaración importante sobre la legalidad de la ley que lleva su nombre.
La funcionaria agrega: “En mi opinión, la Ley Bonilla va a pervivir”.
Acto 4: 5 de octubre, comunicado a la opinión pública. Sánchez Cordero lamenta “las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video” y asegura que en el caso de la extensión del periodo de gobierno en BC, “siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie”. ¿Habremos escuchado mal?
¿Por qué son importantes estas declaraciones?
Antes de ser secretaria de gobierno, Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -a la cual realmente le toca decidir sobre la constitucionalidad de esta ley- y es una perfecta conocedora del Poder Judicial.
“Aunque su opinión jurídicamente no tiene ningún peso, en la opinión pública viene a enrarecer un tema que es polémico. La funcionaria crea mayor confusión cuando su responsabilidad es preservar el orden jurídico”, señaló Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista, a Cuestione.
De acuerdo con Pereda, la Ley Bonilla es inconstitucional porque viola la Constitución desde los principios básicos electorales, ya que se busca que un órgano distinto a los electores establecidos en la ley decida sobre quién gobernará la entidad.
Sin embargo, la Ley Bonilla fue elaborada mediante mecanismos legales, por lo que toca a la SCJN declararla inconstitucional más allá de cómo fue creada para después declararla ilegal. O sea, la exministra Sánchez Cordero no se contradijo, aunque aún habría que analizar las consecuencias políticas de sus declaraciones.
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