La reciente reforma a la Ley General de Comunicación Social que forma parte del “Plan B” electoral propuesto desde la Presidencia de México pareciera abrir la puerta para que todas las y los servidores públicos puedan promoverse, pero no es así, incluso la falta de criterios en el uso de publicidad oficial puede debilitar la libertad de expresión y servir de herramienta para chantajear a los medios y silenciarlos.
Tampoco destruye el modelo de comunicación política restrictiva que se instaló con la reforma electoral del 2007 donde se prohibió que la propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos promocionen a cualquier servidor público, nos dijo Dora Alicia Martínez Valero, secretaria en Coahuila y tesorera nacional de la colectiva 50+1, una organización que impulsa la participación política de mujeres.
El decreto de reforma aprobado a finales de diciembre de 2022 modifica la legislación secundaria para cambiar la interpretación de lo que se entiende por propaganda gubernamental, nos dijo la especialista en temas electorales.
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“Y tratar de darle la vuelta al artículo 134 constitucional, permitiendo que los servidores públicos puedan promoverse siempre y cuando sea en el ejercicio de su libertad de expresión, no sea con recursos públicos y se trate del ejercicio de sus funciones”, detalló Martínez Valero.
La Ley General de Comunicación Social establece en el artículo 26 un tope al gasto publicitario de 0.1% del gasto total de las entidades públicas, disposición que ha sido criticada por ser poco equitativa con respecto al presupuesto que reciben los estados, municipios y el mismo Ejecutivo.
“Que se reduzca el dinero en Comunicación Social tiene el efecto de impedir que la ciudadanía esté informada de lo que hace el gobierno, pues el Poder Ejecutivo tiene mayor presupuesto, mecanismos como la mañanera y el tiempo oficial en medios para informar, pero los gobiernos estatales, ni municipales lo tienen”, destacó Martínez Valero.
La experta consideró que pareciera que la finalidad de esta modificación es aniquilar a los opositores, y que también preocupa la insistencia en entrometerse en la autonomía hacendaria de los estados al imponer cómo y en qué gastan sus recursos.
La ley también establece que la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional; tener fines informativos, educativos o de orientación social; corresponder al interés público, y ser objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente.
Le Ley de Comunicación Social es inconstitucional y frágil
La reforma a la ley de Comunicación Social es inconstitucional porque carece de principios relevantes como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices claves para la asignación del gasto de publicidad oficial, nos dijo Silvia Ruiz, investigadora del Programa de Protección y Defensa de la organización a favor de la libertad de expresión Artículo 19 MX.
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“Lo que hemos también evidenciado en el último informe que tenemos sobre publicidad oficial, es que encontramos la concentración de dinero en pocos medios de comunicación. Dentro de los tres primeros encontramos a Televisa, TV Azteca y La Jornada, entre los tres sumaron en 2021 $2,552 millones, es decir el 29.52% del total general”, destacó la especialista.
Un concepto que se sustituyó fue el de Sujetos Obligados por Entes Público por lo que aquí se corre este riesgo de que las personas físicas y morales de carácter privado queden fuera de este escrutinio público y haya una falta de transparencia sobre lo que gastan, nos dijo Ruiz.
Si bien esta reforma incluye ya más criterios de asignación de la publicidad oficial, estos siguen siendo insuficientes, amplios y ambiguos, acusó la entrevistada y agregó que esto contraviene lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una sentencia en septiembre de 2021 que obligó al Poder Legislativo a delinear directrices y procedimientos claros y transparentes.
“Continúa la práctica nociva de adjudicación directa del gasto de Comunicación Social y observamos que van a seguir persistiendo que estás malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial que justamente contravienen los Derechos Humanos y afecta a la Libertad de Expresión”, resaltó Silvia Ruiz.
La reforma a la ley encubre censura indirecta
Silvia Ruiz, investigadora de la organización Artículo 19 MX, destacó que han encontrado que el poder del Estado para imponer criterios de restricción en el acceso a los recursos para publicidad oficial puede ser empleado como un mecanismo encubierto de censura a la información que se considera crítica hacia al actuar de las autoridades.
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La experta nos explicó que a este proceso se le ha llamado censura indirecta, previa o sutil, de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señaló que cuando el Estado asigna recursos de manera discriminatoria y sin transparencia, se viola el derecho a la Libertad de Expresión.
“Con la reforma, la falta de criterios en el uso de publicidad oficial puede debilitar la Libertad de Expresión y servir de herramienta para chantajear a los medios y silenciarlos. Al no haber estos criterios se hace discrecional y arbitraria la asignación de la publicidad oficial y se vuelve una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y esta ilegalidad de la asignación lleva una constante violación a la libertad de expresión”, nos dijo Ruiz.
Finalmente, la entrevistada destacó la importancia de transparentar los gastos en publicidad oficial porque es la manera en la que se hace visible la relación financiera que existe entre el Estado y los medios. Saber cuánto recibe cada medio ayuda a que la ciudadanía pueda hacer una evaluación de su independencia y a forjar una opinión informada sobre el actuar de nuestro gobierno.
