Imagínate que llegas a un hospital porque tienes un dolor fuerte en tu vientre y descubres que no era un malestar, sino un aborto espontáneo porque estabas embarazada y no lo sabías. Lejos de ayudarte, el personal del hospital te denuncia porque lo que “hiciste” es un delito.
Esta es la historia de decenas de mujeres, documentados por la organización Grupo de información en Reproducción Elegida (GIRE). El aborto es –aún– un delito en 30 estados del país, pues sólo la Ciudad de México y Oaxaca lo han despenalizado. ¿Qué esperanzas pueden tener estas mujeres presas de que serán libres de nuevo?
Hace unas semanas apareció una luz de esperanza para ellas: la iniciativa de la Ley de Amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca liberar a las personas en prisión que no sean reincidentes, estén por delitos contra la salud, robo simple, sedición o sean pertenecientes a pueblos indígenas. Y aunque la iniciativa contempla a las mujeres presas por aborto, ellas no lograrán salir de la cárcel.
¿Pero qué es la amnistía? Se trata de una figura legal en donde el Estado otorga el perdón –y con ello la libertad– a las personas que cometieron cierto tipo de delito y están encarceladas.
El delito de aborto, según la iniciativa, se perdonará cuando esté contemplado en el Código Penal Federal, y actualmente las mujeres que están presas cumplen sentencias conforme a las leyes locales de sus estados, dijo a Cuestione Ángela Guerrero, de la organización Equis Justicia para las Mujeres.
En México hay 63 mujeres en prisión (en proceso o con sentencia) por abortar, de acuerdo con GIRE. Y, según confirmó una de sus voceras a Cuestione, “no hay ninguna persona en prisión preventiva o definitiva por el delito de aborto en alguna institución del sistema penitenciario federal, así que en términos reales, ninguna mujer podría beneficiarse con esta ley”.
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Esta medida se queda sólo en buenas intenciones, pues si no se despenaliza el aborto a nivel nacional, ellas seguirán siendo encarceladas por abortar, dijo a Cuestione Jacobo Dayán, experto en Justicia Internacional y Derechos Humanos.
¿Entonces a quién sí beneficia? Esta ley contempla a las personas en prisión con bajos recursos y que no puedan pagar una defensa, a las personas acusadas de narcomenudeo, a las que están presas por robo simple (sin violencia) y a las personas indígenas que no tengan acceso a un traductor y por lo tanto no entienden sus proceso legales. Entre todas son cerca de ocho mil personas.
Además, esta ley no considera los procesos de reinserción social de las personas que puedieran salir libres, dice Ángela Guerrero.
Es decir, si una persona sale libre, tras estar detenida (por otros delitos como posesión de drogas), no propone programas de readaptación social para volver a su vida sin ser estigmatizada y sin ser señalada, explica Ángela Guerrero.
La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador ya fue enviada a la Cámara de Diputados, se espera que en los próximos meses se discuta.
Hasta ahora, sólo la diputada Claudia Ramírez Pineda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha propuesto en el Congreso de Coahuila que se apruebe la Ley de Amnistía para las mujeres que han sido encarceladas, por haber abortado en aquel estado.
Así que, en los hechos, las mujeres presas por abortar tendrán que seguir esperando.
