México ha experimentado avances significativos en la promoción y protección de los derechos de la comunidad trans en los últimos años, pero todavía existen muchas barreras legales y sociales que obstruyen su plena inclusión en la sociedad.
El reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar la protección de las personas trans contra la violencia, la tortura, los malos tratos, y los derechos a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social, y a la libertad de expresión y de asociación.
En 2022, 19 estados de la República habían realizado reformas para modificar sus códigos penales, civiles, familiares y de procedimientos civiles locales que dan reconocimiento y protección a las personas trans cuando quieren realizar su cambio de identidad sexo-genérica de manera oficial.
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Estos son Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Chihuahua, Morelos y Sinaloa.
En la Ciudad de México, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI publicada en septiembre de 2021, resalta la prioridad de crear medidas que garanticen el goce de los derechos humanos para las personas LGBTTTI que viven un mayor mayor de vulnerabilidad y discriminación: las personas intersexuales, transexuales, transgénero, con discapacidad y adultas mayores.
En Puebla se aprobó en 2021 la Ley Agnes que permite que las personas trans realicen el cambio de identidad en sus documentos oficiales sin tener que demostrar el cambio de sexo y en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 875 del Código Civil de Puebla que exigía tener 18 años cumplidos para realizar el cambio en el acta de nacimiento.
Jalisco y Oaxaca tampoco tienen una restricción de mayoría de edad para realizar este trámite, aunque se requiere la autorización de ambos padres o tutores y en 2022 la SCJN ordenó al gobierno de la Ciudad de México facilitar que niños, niñas y adolescentes pueden realizar cambios en su acta de nacimiento de acuerdo a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de un juicio especial.
Tratamientos hormonales para personas requieren mayoría de edad
Los tratamientos hormonales para personas transgénero –que bloquea las hormonas de nacimiento para facilitar la transición hacia el género deseado- en México pueden ser aplicados a partir de los 18 años, desde los 16 años cuando exista consentimiento de sus padres y los tratamientos quirúrgico pueden realizarse a partir de los 18 años de edad.
Ambos procesos requieren de una evaluación previa y posterior seguimiento a la salud mental de la persona, de acuerdco con la organización civil Centro de Atención Transgénero Integral.
La Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG 2018), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que el 49.4% de las personas con identidades de género no normativas -que no se identifican con su género asignado al nacer- supo que eran trans durante la infancia y el 28.8% durante la adolescencia.
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“Estas edades nos indican que el primer ámbito social que tienen que enfrentar estas personas es el hogar, donde casi siete de cada 10 madres y padres reaccionaron con rechazo o disgusto ante la identidad de género no normativa de sus hijos o hijas”, detalla el reporte del Conapred.
Aún existe resistencia -y mucha ignorancia- sobre la incursión de las personas trans y sus derechos. En febrero de 2023, la diputada panista América Rangel presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad De México en contra del reconocimiento de la infancia trans.
La propuesta de Rangel llamada “Con los niños, no” se trata de prohibir que menores de edad se sometan a tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo, además de que se encarcele a quien realice este tipo de procedimientos en menores.
La legisladora “aseguró que los menores son sometidos a tratamientos hormonales que en la mayoría de los casos los hará dependientes a los fármacos por el resto de sus vidas, además que en las cirugías a los que son sometidos los menores les mutilan sus genitales o los senos”, pero esto no es legal en nuestro país.
En España se aprobó que niños y niñas trans de 14 años puedan cambiar su identidad
En comparación con otros países, México se encuentra en una posición intermedia en cuanto a las leyes que protegen los derechos de la comunidad trans. En América, los primeros países que adoptaron medidas en favor de la identidad autopercibida fueron Panamá en 2006, Uruguay y Brasil en 2009.
Le siguieron Argentina en 2012 -tras la sanción de una ley que marcó la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans-, Colombia se sumó en 2015, Bolivia, Ecuador y Chile en 2018. En Perú la iniciativa se lanzó en 2016 pero no se han tenido avances significativos.
Estados Unidos permitió recientemente que se añada la casilla con Género X además de masculino y femenino en el trámite del pasaporte para las personas intersexuales o no binarias, aunque el reconocimiento de la identidad de las personas trans depende de las leyes locales.
En Europa el primer país en reconocer la identidad de género por autodeterminación fue Países Bajos en 2013. Dinamarca, en 2014, cuando aprobó la ley que permite a las personas trans cambiar legalmente de sexo sin necesidad de someterse a cirugía ni de contar con un diagnóstico médico.
Le siguieron Malta, Irlanda, Bélgica, Portugal, Grecia, Noruega, Francia y Luxemburgo. En España se aprobó en febrero de 2023 una ley que permite cambiar la identidad de género mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años, así como a las niñas y niños trans de entre 12 y 14 años, si obtienen el visto bueno del tribunal.
Sin embargo, en muchos otros países aún no hay una ley que proteja la identidad de la comunidad trans, mucho peor en 13 naciones se les criminaliza como en Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Irán Tonga y los Emiratos Árabes Unidos.
Aún falta mucho por hacer para lograr que los gobiernos protejan los derechos humanos de las personas de la comunidad trans y se les garantice -como merecen- una vida libre de violencia y discriminación.
