El esfuerzo de coordinación entre autoridades locales y federales para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ve limitado por falta de voluntad de la clase política, nos dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, una organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México.
El especialista nos explicó que lo más importante es que con el SNA se dio un cambio de paradigma sobre el trabajo de las contralorías, la Secretaría de la Función Pública Federal o las estatales que como organismos anticorrupción tenían expectativas muy grandes. Se esperaba que nombrando a un contralor, actuaría en materia administrativa y penal, como Francisco Barrio Terrazas, el llamado zar anticorrupción en el gobierno de Vicente Fox.
“Durante muchos años la clase política utilizó esta fórmula para ganar tiempo y no actuar. ¿Cuál es la mayor sanción que puede poner autoridad administrativa? La inhabilitación de un servidor público. Pero si alguien desvía $35,000 millones de pesos probablemente correrá el riesgo con muchísimo gusto”, detalló Bohórquez.
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Y en esto coincidió Khermvig Puente, politólogo y catedrático de la UNAM, quien nos explicó que en general el SNA no depende solamente del diseño del propio mecanismo, “sino de la voluntad de los actores políticos para que sea funcional”
“Como en todos nuestros sistemas jurídicos no basta con tener buenas leyes, sino mecanismos eficaces para su implementación. En el caso de México y el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos en general una buena ley, pero si los actores clave no comparten su contenido, lo que vamos a ver son ejercicios de simulación”, nos dijo el académico.
La clase política ya no nos puede “tomar el pelo”
Una característica importante del Sistema Nacional Anticorrupción es que no es un organismo nuevo sino un mecanismo de coordinación institucional que logra evidenciar quién está fallando y quién no está haciendo su parte, nos dijo el director de Transparencia Mexicana.
“Lo más importante es un cambio en la visión y eso ha venido ocurriendo, ya no ‘nos toman el pelo’, resaltó Eduardo Bohórquez.
“Eso, por supuesto, dejó muy incómoda a la clase política y ha habido una serie de resistencias importantes para que se vaya avanzando en la consolidación del sistema”, comentó el entrevistado.
Esto se debe a que, en el combate de la corrupción, la misma clase política tendría que ir contra los suyos para que fuera eficaz, y esto es muy difícil en un sistema como el mexicano donde se generan pactos y favores políticos, a pesar de que las personas pertenezcan a diferentes partidos.
“Por eso se habla tanto de pactos políticos: el PRIMOR, el PRIAN, porque la clase política se protege como gremio que en muy pocos casos van a ir en serio por una red de corrupción para alardear sobre el tema o utilizarlo electoralmente en la campaña (…) funcionan como una empresa”, recalcó Bohórquez.
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Esta protección gremial no permite que las investigaciones se judicialicen, se llegue a las sentencias y mucho menos a la recuperación de los activos perdidos, sino que “rostizan” los casos, es decir, le dan vueltas y vueltas sin llegar a ninguna resolución.
“Por ejemplo, detuvieron a Emilio Lozoya, pero eso no significa que lo haya sancionado un juez, no significa que hayas recuperado los activos desviados por corrupción. Había una opinión pública que estaba muy acostumbrada a que le dijeran ‘ya los detuvimos’ y pensabas que estaban cumpliendo una sentencia, cuando en realidad solo era parte del proceso judicial, ni siquiera habían sido encontrados responsables de ningún delito”, detalló el entrevistado.
Estos “trucos mal gastados”, nos dijo Bohórquez, apaciguan a la opinión pública porque la ciudadanía “no tiene tiempo para ver si realmente lo detuvieron, si fue encontrado responsable, lo extraditaron o nada más es un operativo como parte del proceso judicial”.
SNA estaba diseñado para ser proyecto transexenal, pero sigue dependiendo de la visión del gobierno
El Sistema Nacional Anticorrupción se planteaba como un gran proyecto transexenal, es decir que no fueron una política de un gobierno en turno, sino que fuese una política de Estado en el que intervinieran no solo las instituciones gubernamentales, los organismos autónomos y semiautónomos, sino que también propiciara la participación ciudadana, nos explicó el politólogo Kherving Puente.
El especialista nos comentó que en el gobierno anterior se sentaron las bases de este diseño con la expectativa de que se pudiera consolidar a lo largo de los años, pero que lo que hemos visto -desafortunadamente- es que el gobierno actual no comparte el enfoque de la estrategia de combate a la corrupción y lo que se ha visto es que se ha obstaculizado la consolidación del sistema.
“Lo que tenemos ahora es un sistema inoperante en gran parte de sus ejes y lo que seguramente veremos en los próximos años dependiendo de los gobiernos que continúan será su destrucción o su consolidación”, acusó Puente.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, puntualizó que es importante que la ciudadanía comprenda cuáles son los resultados que debe tener nuestro Sistema Nacional Anticorrupción: desmantelar redes, recuperar activos desviados e imponer sanciones firmes. “Mientras esto no ocurra, todo lo demás son sólo buenos deseos”.
