Desde el 3 de mayo no hay responsables por el derrumbe de un tramo en la Línea 12 del Metro, lo que provocó la caída de dos vagones y el lamentable fallecimiento de 26 personas. De acuerdo con Rodrigo Salazar Elena, coordinador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, es posible que no exista ningún castigo para los funcionarios que construyeron o descuidaron esta obra pública.
El especialista nos explicó que esto se debe a que las instituciones encargadas de hacer respetar las leyes en el país, así como las que fiscalizan este tipo de construcciones, están más diseñadas para proteger intereses políticos que para combatir la impunidad en el sector de la infraestructura y la construcción.
En países como Uruguay, afirma Salazar Elena, situaciones que impliquen desvíos o diferencias en montos, así como cualquier sospecha de actos de corrupción, son perseguidos de oficio, así se ha eliminado la impunidad en obras públicas.
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“¿Cómo se puede evitar? Respetando la ley. Tener contratos que sean adquiridos por concurso. Es por eso que la ley en México pone tanto énfasis en los costos durante las licitaciones. La propuesta ganadora -de la obra que se quiera realizar-, tiene que reducir los costos”, nos dijo Salazar Elena.
Construcciones públicas, propensas a corrupción
En nuestro país, de acuerdo con la tesina del CIDE, Irregularidades en el fondo de aportaciones para la infraestructura social (fais): una aproximación al estudio de la corrupción en la obra pública en México, un gran desafío para la obra pública es la aparición y la sistematización de actos de corrupción.
“Particularmente, de manera continua la industria de la construcción ha sido posicionada como una de las más corruptas; son muy comunes cuantiosos pagos para ganar o alterar contratos y evitar regulaciones”, afirma el texto de Paulina Flores Martínez
El documento indica que esta industria casi siempre está asociada con la corrupción. A nivel internacional, las pérdidas fluctúan entre 10 y 30% del valor de los proyectos de construcción públicamente financiados.
Funcionarios deben de ser castigados
La tragedia de la Línea 12 del Metro no es la única en la que la corrupción y la impunidad en obras públicas han cobrado víctimas. Como documentamos en esta nota, el 13 de julio de 2017, dos personas fallecieron después de que un automóvil cayera en un socavón, en medio del kilómetro 93 de la autopista que conecta a la Ciudad de México con Cuernavaca.
Hasta la fecha no hay culpables ni castigos para ninguno de los involucrados en esta construcción. Es por eso que la organización civil Impunidad Cero, realizó una investigación sobre el caso y una de las conclusiones fue que los funcionarios implicados deben ser sancionados de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
La investigación fue realizada por el experto en Derecho Administrativo, Darío Ángeles, y describe algunas de las responsabilidades administrativas que el gobierno debe de imponer a los que estuvieron implicados en este caso: “destituciones, amonestaciones, suspensiones o inhabilitaciones temporales”.
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“Cuando una conducta indebida no tiene consecuencias legales para los servidores públicos involucrados, como en el caso del socavón del Paso Exprés, no solo existe impunidad, sino que el sistema mantiene en las plazas a personas y profesionistas que pueden no ser los indicados”, detalla Impunidad Cero.
Todo se va a las elecciones
¿Por qué el gobierno no invierte en obras de calidad para evitar pérdidas humanas? Porque las elecciones son caras. Así nos lo explicó Rodrigo Salazar Elena, quien afirma que las campañas electorales son muy costosas y que una de las formas que han encontrado los partidos en el poder (todos, incluyendo Morena), son los contratos de obra pública.
“A los mexicanos les cuestan más caro los servicios de baja calidad, ya que representa la corrupción que financia las campañas electorales”, agregó el entrevistado.
Es por eso que, además de seguir el ejemplo de Uruguay, con instituciones independientes del poder central, que vigilen el gasto en obras públicas y que hacen cumplir la ley, Salazar Elena agrega que otra de las opciones que tiene la ciudadanía para disminuir esta impunidad en obras públicas es el voto.
¿La ciudadanía recordará estas tragedias cuando vaya a las urnas el próximo 6 de junio?
