La inseguridad que se vive en el país hace que pidamos más vigilancia, más cámaras de video en las calles y una revisión más exhaustiva de cada mochila bajo el supuesto de que “el que nada debe nada teme”.
Esta vigilancia incluye nuestra actividad en internet. ¿Pero qué tan peligroso es que cedamos nuestra privacidad con tal de sentirnos protegidos?
En Estados Unidos ya se reflejó este riesgo en la lucha contra el terrorismo. Se desarrollaron instrumentos digitales sofisticados para vigilar a las personas en la red que, con el tiempo, jugaron en contra de los ciudadanos.
En el ensayo La vida de los otros: espionaje, privacidad y democracia, el internacionalista Óscar Segura cuenta que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, marcó un antes y un después en materia de vigilancia digital.
Según el experto, el ataque mostró “que el mundo occidental era vulnerable a un atentado terrorista”, lo cual obligó a las autoridades a “repensar la privacidad en una era en la que el enemigo era prácticamente invisible”.
De acuerdo con Segura, esto llevó al gobierno de George W. Bush a considerar medidas extraordinarias y a la implementación de un programa de vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), “el objetivo era interceptar las comunicaciones de sospechosos de pertenecer a grupos terroristas”.
Es aquí cuando aparece la figura de Edward Snowden, quien trabajó como consultor tecnológico en la NSA. En junio de 2013, filtró anónimamente al diario británico The Guardian que la NSA recopilaba los registros telefónicos de millones de clientes estadounidenses sin importar si eran sospechosos o no.
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Edward Snowden también fue la fuente de información de un artículo de The Washington Post en el que se revela que la NSA y el FBI tenían acceso a los servidores de AOL, Apple, Facebook, Google, Microsoft, PalTalk, Skype, Yahoo y YouTube.
Esto servía a las agencias de inteligencia para extraer información útil a través del programa PRISM, una herramienta sofisticada aprobada desde el gobierno de George W. Bush gracias a la Ley para proteger a América (Protect America Act).
Este programa les permitía acceder al historial de búsquedas, correos electrónicos, transferencia de archivos y chat en vivo.
El problema es que se podía vigilar sin la necesidad de una orden judicial, y según publicó Edward Snowden en su libro “Vigilancia Permanente”, se recolectaba información de todas las personas y se almacenaban para su posible uso posterior.
Es decir, se trataba a cada persona como culpable en potencia y esto justificaba su vigilancia, “desde el más infame terrorista hasta el ciudadano más agradable”.
El texto de Amnistía Internacional “Los derechos ante la vigilancia masiva en internet”, describe cómo, bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen y el terrorismo, los gobiernos atentan contra la privacidad de los ciudadanos y también contra la libertad de expresión.
Según Amnistía, las revelaciones de Snowden dieron sustento para que, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sostengan que “las leyes de vigilancia masiva atentan contra los derechos fundamentales, en concreto las que se refieren a la intercepción de las comunicaciones en masa”.
Además, el informe concluye que la vigilancia masiva no solo viola leyes internacionales de derechos humanos, sino que “convierte al ciudadano en presunto delincuente y sus actividades como sospechosas”.
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El caso Pegasus en México
Uno de los lados oscuros de esta vigilancia extrema es que ha servido para espiar a periodistas y activistas, como en el caso de México con el software Pegasus.
Según New York Times este software de origen israelí, “se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios”.
También el medio estadounidense reveló que con este software el celular se puede convertir en micrófono y cámara de video para vigilar al dueño del dispositivo.
De acuerdo con un reportaje de Noticieros Televisa, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 32 millones de pesos por este software para espiar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.
Y aquí viene otra vez el tema de seguridad, porque según New York Times, el gobierno se justificó diciendo que “como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”.
Este tema es bastante delicado, ya que la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México (R3D), reveló que este software sigue operando en México a pesar del cambio de gobierno.
En la conferencia matutina del 6 de noviembre de 2019, el presidente de R3D, Luis Fernando García, le preguntó directamente al presidente sobre este tema y López Obrador lo negó tajantemente: “no estamos metidos en eso (…) aquí se decidió que no íbamos a perseguir a nadie”.
Riesgo latente
En otros espacios, el presidente de R3D ha recalcado la importancia de no perder este tema de vista, ya que el nuevo gobierno mexicano solo se ha manifestado en voz del presidente, quien ha reiterado su compromiso por eliminar esta práctica de hostigamiento contra activistas.
Sin embargo, de acuerdo con Luis Fernando García durante una conferencia de prensa posterior al 127º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “esto aún no se ha traducido en pasos concretos para desmontar las condiciones que han dado pie a que estos ataques se puedan llevar a cabo con impunidad”.
Además, el director de R3D sostiene que aún hay una incertidumbre jurídica sobre este tema en México, por ejemplo, respecto a la opacidad con la que el gobierno puede comprar este tipo de tecnologías. También ha señalado que no ha habido voluntad política para investigar penalmente los casos del sexenio anterior ni para evitar que la regulación sobre vigilancia está dispersa en muchas leyes.
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Según Amnistía Internacional no es necesario sacrificar la privacidad en pos de obtener una mayor seguridad. Ante el argumento de “si no has hecho nada malo, no tienes nada que ocultar, la pregunta debería ser, si no he hecho nada malo, ¿por qué se está violando mi intimidad?”.
Hay una frase de Edward Snowden que aclara este dilema, “la vigilancia no tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el poder“.
Las cifras que muestran que 2019 es el año más violento en lo que llevamos de siglo, pondrán sobre la mesa el diseño de nuevas estrategias para combatir al crimen organizado. No se puede poner en riesgo el derecho a la privacidad.
