El asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de la parroquia de Cerocahui, en el municipio de Urequi, en Chihuahua, no sólo ha causado indignación entre la sociedad, sino que ha sido usado tanto por la oposición como por el Gobierno federal para atacar o defender, según sea el caso, la estrategia de seguridad actual.
También para reclamar que ahora hay más homicidios, pero ¿qué cifras son las correctas y a quien se le debe creer?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahora se encuentra en el punto más alto en lo que se refiere a la violencia en el país debido a la ola de homicidios, siendo los de religiosos y periodistas los más utilizados por la oposición para cuestionarlo.
Habitualmente, el día 20 de cada mes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expone los resultados de la estrategia de seguridad, mismos en los que ha destacado que ésta ha logrado revertir la tendencia al alza de los homicidios.
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“Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia, con acciones concretas para dar tiros de precisión a las organizaciones criminales. Estamos en el camino correcto, en el que se considera cero impunidad y cero corrupción”, afirmó el pasado 20 de junio la funcionaria al resaltar que a pesar de una tendencia al alza entre abril y mayo de los homicidios dolosos, éste último era el mayo más bajo desde hace 5 años.
Sin embargo, no dijo que de enero a mayo este delito creció un 16.2% al pasar de 2,436 a 2,833 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por otro lado, el reporte del 15 de junio de la consultora TResearch International —que reúne datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1990 hasta 2020, y del SESNSP, de 2021— indica que desde 2019 a la fecha, el gobierno de López Obrador acumula 123,364 homicidios dolosos, mientras que en el sexenio completo de Enrique Peña Nieto hubo 156,066 y en el de Felipe Calderón, 120,463.
No obstante, los números que el oficialismo y los críticos ofrecen, e incluso mezclan, son distintos por provenir de distintas fuentes (SESNSP e INEGI) y, por ende, con metodologías específicas.
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Esto lo ha explicado el analista en temas de seguridad y columnista de El Universal, Alejandro Hope, en sus más recientes textos, “Homicidios: no comparen peras con manzanas”, “Las olimpiadas del homicidio” y “El garrote numérico”.
En ellos detalla, por ejemplo, que el INEGI basa su reporte de homicidios de acuerdo con lo reportado por autoridades del sector salud (también se complementa con información del Ministerio Público), es decir, por las causas que médicos determinan causaron la muerte. Por otro lado, el SESNSP lo hace según los registros de las fiscalías estatales, separando homicidio doloso, culposo y feminicidio, así como carpetas de investigación y víctimas.
Estos datos metodológicos dan como resultado cifras distintas, tal como indicó Alejandro Hope, pues en 2020 mientras el INEGI registró 36,773 homicidios, el SNSNSP reportó 35,533 incluyendo víctimas de feminicidio y homicidio doloso.
INEGI o SESNSP ¿a quién creerle?
Al ser cuestionado acerca de en qué números se debe tener más confianza, el doctor en Ciencia Política y especialista en seguridad, Javier Oliva Posada, nos comentó que, en su opinión, los datos del INEGI “son más consistentes”.
Mientras el SESNSP presenta de manera mensual sus datos, el INEGI lo hace de manera trimestral, “un lapso más amplio para consolidar las cifras”. De esta manera, aclaró, es mejor hablar de números relativos y no absolutos.
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Agregó que, desde su punto de vista, en México ha faltado un “establecimiento de cifras que sean comparables en términos metodológicos con lo que está en otras partes del mundo, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que son criterios más consistentes de cómo se presentan ahora”.
“Para hacer estudios comparados en materia de cifras, en lo que se refiere a asuntos de seguridad pública, siempre he pensado que es mejor recurrir a los criterios académicos o de organismos multilaterales a nivel internacional, porque no puedes comparar números absolutos contra números relativos, luego comparar cifras estatales y municipales incluso con tendencias nacionales. Todo eso hace que se agarren las cifras de acuerdo con el intérprete, lo que quiera señalar”, nos explicó.
Muestra de lo anterior es cómo presentaron López Obrador y sus críticos el reporte de TResearch International: el primero, por cómo cada presidente ha recibido al país y cómo ha terminado el sexenio, lo cual ha utilizado la oposición como un ariete en contra de la política de seguridad del presidente.
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Por su parte, Alejandro Hope plantea otras medidas como una presentación trimestral de datos del SESNSP para contar con un mejor análisis de las tendencias. De igual modo, propone que la SSPC, que también lleva un conteo pero diario, restrinja su informe público para evitar confusiones y batallas políticas que dan como resultado noticias sobre el día más violento del año, por ejemplo.
Otra propuesta es que los datos ya no sean presentados en la conferencia matutina del presidente López Obrador sino en conferencias especiales o informes, tal como lo hace el INEGI.
El columnista de El Universal consideró en sus escritos la necesidad de “no comparar peras con manzanas” y mejor esperar a los resultados preliminares que el INEGI presentará el 26 de julio.
Cerrazón a estrategia de seguridad no es exclusiva de AMLO
Oliva Posada, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuestionó que pese a las cifras tanto del INEGI como del SESNSP el gobierno mexicano no es capaz de realizar una autocrítica para, de ser necesario, corregir la estrategia de seguridad.
“La autoridad civil en materia de seguridad pública no les hace caso, el presidente (López Obrador) ha sido impermeable a cualquier ajuste, revisión o autocrítica, lo ha dicho esta semana incluso, de que no va a moverse ni un centímetro de sus planteamientos”, nos dijo.
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No obstante, aclaró que esta característica no es únicamente de la llamada Cuarta Transformación, sino de todos los presidentes que han estado antes.
Como ejemplo está Felipe Calderón Hinojosa. A días de haber asumido la Presidencia, el 11 de diciembre de 2006, lanzó su estrategia de seguridad, la llamada guerra contra el narcotráfico. La estrategia incrementó el número de homicidios en el país, pero el expresidente no corrigió su plan de seguridad, así que pasó de recibir un país con 10,452 homicidios ese año a cerrar su gobierno con 25,967, es decir, un incremento de 148.4%. No cambió su estrategia.
En tanto, Peña Nieto recibió la administración con cerca de 26,000 homicidios y cerró con 36,685, lo que representó un alza de 41.2%, de acuerdo con las cifras históricas del INEGI. Tampoco modificó su estrategia.
En tanto, con casi cuatro años en el poder, López Obrador no sólo ha expresado que defenderá a las Fuerzas Armadas, sino que también ha sostenido en diversas ocasiones que no cambiará su política de seguridad, pues considera que ha sido efectiva.
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“Nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, manipular, diciendo ‘qué barbaridad, nunca había habido tanta violencia en México como ahora’. Pues, no es cierto”, dijo.
“Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada el país estaría en completa descomposición, ingobernable; pero todos ellos no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplicaban el ‘mátalos en caliente’, de cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad y cómo remataban a los heridos”, sostuvo el pasado 27 de junio.Así, a días de la presentación de los resultados preliminares del número de homicidios en el país en 2021 del INEGI, y a menos de dos años de que finalice el gobierno obradorista, es probable que la batalla política en torno a la inseguridad (con todo y el cruce de datos y metodologías distintas), continúe y más todavía cuando se alista la carrera por la Presidencia de 2024.
