¿No que era estandarte de AMLO?
“Zapata vive, la lucha sigue”… es aún una consigna popular dentro de los movimientos sociales en México. La escuchas principalmente en marchas, mítines, asambleas y acciones de protesta convocadas por organizaciones indígenas y campesinas que defienden el derecho a la tierra, territorio y los bienes naturales.
Al mismo tiempo, Emiliano Zapata es el héroe revolucionario más evocado en los discursos del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien para conmemorar su primer centenario luctuoso declaró el 2019 como “el año de El Caudillo del Sur” y puso su imagen en el logotipo insignia de su gobierno.
Para empezar, ¿quién era Emiliano Zapata Salazar?
Fue un líder militar y campesino de la Revolución Mexicana, nacido en Anenecuilco, Morelos. Protagonizó uno de las principales luchas de ese movimiento: la restitución de las tierras al campesinado, de acuerdo con un análisis sobre Emiliano Zapata que publicó en 2018 la Cámara de Diputados.
Una de las contribuciones más importantes de Zapata a la lucha revolucionaria fue la elaboración el Plan de Ayala, que se promulgó en su entidad natal en 1911, y que establece el derecho de la población campesina a la tierra y el territorio, y desconoce a Francisco I. Madero (a quien inicialmente apoyó) por “traicionar la causa del pueblo” y utilizar a los grupos rebeldes para llegar a la silla presidencial.
Zapata se sintió traicionado por Madero, al considerar que en realidad peleó por el poder y no por la transformación social del país, como lo explica Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aunque no fue el único, Zapata es actualmente el caudillo más recordado de la Revolución Mexicana, precisamente porque nunca quiso la banda presidencial, sino que siempre fue tras la transformación económica y social de su pueblo, según diversos análisis del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Lo mataron a traición un 10 de abril de 1919 en la Hacienda de Chinameca, en Morelos.
Zapata a 100 años…
A 100 años de su fallecimiento, el nombre de Zapata es utilizado por organizaciones, grupos rebeldes, sociales y hasta por personas de la política: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), comunidades y organizaciones del país, como el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la Coordinación “Unir fuerzas para la Defensa del Territorio” o la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en Oaxaca; y el presidente de México.
Y es que al inicio del mandato de López Obrador, mencionó constantemente a Zapata en sus discursos. Sin embargo, el mandatario parece “echar por la borda” todas las oportunidades que ha tenido para jugar a favor de los derechos del pueblo a la tierra y el territorio, como por ejemplo lo señaló el pasado 8 de marzo en entrevista para SinEmbargo, María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena.
La mayoría de las consultas que ha realizado han sido para la instalación de proyectos en los que las comunidades y pueblos afectados acusan despojo de tierras –aquellas por las que Zapata peleó–: el Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México; el Proyecto Integral Morelos, que protagoniza una nueva termoeléctrica; el Tren Maya, en varias entidades del sur del país; y los parques eólicos en Oaxaca.
Hechos, por cierto, por los que Jorge Zapata, nieto del líder de la Revolución Mexicana (que estuvo con López Obrador en la declaratoria de 2019 como el año de El Caudillo del Sur), se ha declarado decepcionado en entrevistas.
“Más que traicionado, me siento decepcionado de la Cuarta Transformación. Y no sólo yo: millones de gentes (sic) que votamos con la esperanza del cambio, hoy nos sentimos decepcionados. Queríamos un cambio y nos salió vana la nuez”, declaró en días recientes a Proceso.
Y el pasado 9 de abril, dijo con Ciro Gómez Leyva que no conmemoran junto al Presidente el aniversario luctuoso de Zapata, sino con las organizaciones campesinas:
Estos son los proyectos:
En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a consulta ‘popular’ (un formato que él inventó) y no indígena, (como establece la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) el proyecto del Nuevo Aeropuerto en el lago de Texcoco, en el Estado de México; y en febrero pasado, la construcción de una termoeléctrica en, nada más y nada menos, la entidad natal del caudillo del sur: Morelos.
En ambos casos, integrantes de las comunidades y poblados asentados donde se instalarían estos proyectos acusaron el despojo de sus tierras y sus bienes naturales; por lo que rechazaron de manera organizada su construcción y pidieron ser escuchados por el mandatario.
La lucha contra ese despojo costó la vida, el pasado 20 de marzo, de Samir Flores, indígena náhuatl dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos; uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado desde hace muchos años del Congreso Nacional Indígena.
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Pese a ello, el mandatario decidió seguir adelante con la consulta que se llevó a cabo unas horas después del asesinato de Samir. En resumen de ambos procesos: mandó el aeropuerto a Santa Lucía, otro territorio defendido por un pueblo organizado; y decidió llevar a cabo la construcción de la termoeléctrica en Morelos.
El mandatario federal también ha sido cuestionado por las comunidades mayas cuyos territorios ancestrales y bienes naturales podrían verse afectados con la construcción del Tren Maya, un proyecto turístico que recorrería mil 500 kilómetros entre Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.
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Otro caso: en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, empresas extranjeras planean desde hace varios años la construcción de más parques eólicos para la generación de energía; sin embargo, diversos grupos indígenas de la región argumentaron que la compra de títulos individuales de la tierra por parte de estas compañías, viola sus derechos agrarios comunitarios y sus derechos como comunidades indígenas. Esto como lo ha documentado el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), que acompaña en al defensa legal y organizativa a las comunidades en esa entidad.
Aunque la comunidad logró que -por orden de las autoridades judiciales- se suspendiera la construcción de los parques eólicos en 2018; este marzo de 2019, la Secretaría de Energía reinició la consulta por medio de la cual podrían instalarse.
¿En qué irá la política agraria del mandatario y la restitución de derechos a las y los campesinos que prometió en campaña? Más allá del programa Sembrando Vida, que otorga hasta cinco mil pesos mensuales a personas ejidatarias y comuneras para la productividad del campo, no se ha dicho nada más…
¿Qué sigue?
La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -ambos mandatos internacionales de cumplimiento obligatorio para México- establecen que las consultas indígenas para el desarrollo de cualquier proyecto que afecte la vida y los derechos de los pueblos y las comunidades debe ser previo (antes de iniciar el proyecto), libre (sin violencia ni presiones) e informado (en un lenguaje adecuado a la población que se dirige).
