Investigación: Gabriela Gutiérrez y Claudia Ocaranza (PODER)
Muchas adjudicaciones directas, equipos viejos pagados como si fueran nuevos, un megaproyecto de educación fallido, amenazas de retención de datos de pasaportes, observaciones y acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), son algunos eventos que han marcado el paso de la firma Mainbit, S.A. de C.V., a lo largo de cuatro sexenios.
La empresa, dedicada a la venta y renta de equipos y software, así como otros servicios de tecnología, ha sobrevivido hasta a la pandemia por COVID-19. Desde 2002 –primer año disponible en Compranet– a septiembre de 2020 ha facturado casi 30 mil millones de pesos al gobierno federal, a través de 529 contratos con dependencias (41% de ellos por adjudicación directa), según información de Compranet encontrada en la plataforma QuiénEsQuién.Wiki.
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Estos 30,000 millones de pesos equivalen a 30% más de lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Secretaría de la Función Pública (SFP) han obtenido de presupuesto en el mismo periodo.
Todos esto sin que, al parecer, las quejas, acusaciones y observaciones de la Auditoría y la Función Pública le afecten en mantenerse como uno de los proveedores más beneficiados del gobierno federal.
En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Mainbit ya obtuvo 963 millones de pesos, a través de 52 contratos –44 de ellos (84%) por adjudicación directa.
Ni la pandemia ha podido parar a Mainbit
En total, durante la cuarentena por COVID-19, Mainbit ha obtenido 18 contratos. Uno de ellos para la administración y renta de 806 computadoras, por nueve meses (1 de abril a 31 de diciembre de 2020) en la oficina del presidente López Obrador, por 4.5 millones de pesos. Y el mayor, celebrado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por 305 millones de pesos, en junio pasado.
Incluso para el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos de López Obrador, Mainbit también se convirtió en proveedora de “equipo de cómputo personal e institucional”, para FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., por 527,000 de pesos.
Cuestione y Poder buscaron a Mainbit para conocer su postura sobre este reportaje, sin que al momento de la publicación hubiesen dado respuesta.
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¿Quién es Mainbit?
Mainbit fue fundada en el Estado de México, en 1990, por José Antonio Sánchez Pérez, José Antonio Sánchez y Santos, María Hortensia Pérez Suárez de Sanchez, María Hortensia Sánchez Pérez y Hortensia Suárez Álvarez, con el objeto social para la “compra, venta, distribución, importación y exportación de sistemas de cómputo”, entre otras actividades similares”, según su registro comercial, obtenido para esta investigación. En septiembre de 2007 y julio de 2015, su objeto social fue ampliado para ofrecer servicios de consultoría en sistemas de información.
En enero de 2020, la empresa celebró sus 30 años y anunció planes de expansión a Sudamérica, según expresó Sánchez Pérez. En su LinkedIn aparece como egresado del ITESM y actual presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones (Anadic).
La familia Sánchez Pérez también es dueña de las firmas Omegabit, S.A. de C.V., fundada en 2001; Mainbit Energy, S.A. de C.V., creada en 2017 para exploración y explotación de recursos geotérmicos; y Mainbit Ingeniería, S.A. de C.V., constituida en abril de 2020. Aunque aún no hay registros de que alguna de éstas ya haya obtenido contratos públicos.
De los casi 30,000 millones de pesos que ha obtenido Mainbit del gobierno federal, entre 2002 y septiembre de este año, 74% le fue entregado por seis dependencias: las secretarías de Educación Pública, Gobernación, Salud, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público y el SAT.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por tres meses a Mainbit, en 2007, por no haber formalizado un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el mantenimiento de computadoras, en tiempo y forma.
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Enciclomedia, por la puerta grande
Pero el caso del IMSS no es el único. Mainbit hizo su gran entrada en el mercado de las contrataciones públicas en el gobierno de Vicente Fox (2000- 2006), cuando obtuvo 4,489 millones de pesos, de acuerdo con Compranet y la plataforma QuiénEsQuién.Wiki. De ellos, casi 3,000 millones se le pagaron para darle vida a Enciclomedia, el megaproyecto educativo del sexenio que en total costó 23,498 mdp y jamás despegó, según dio a conocer en una columna Emilio Zebadúa, cuando era oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente vinculado al desvío de recursos a través del mecanismo llamado Estafa Maestra).
La ASF encontró que “del total de las Aulas contratadas, entre el 2.8% y el 29.7% de estas no estuvieron disponibles… Lo anterior origina que 355,020 alumnos de 5° y 6° de primaria no contaron con 11,834 aulas disponibles”, indicó en informe la dependencia.
Para el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), lejos de sufrir alguna sanción, Mainbit duplicó sus ventas con el gobierno y obtuvo 10,261 mdp en contrataciones públicas. Y todavía al inicio de ese sexenio, se hicieron convenios modificatorios a los contratos de Enciclomedia para intentar rescatar el proyecto.
El senador sin partido Manuel Cárdenas Fonseca propuso –en un punto de acuerdo que fue aprobado en agosto de 2018– solicitar a la SFP y a la ASF investigar a la empresa. Entre las razones exponía que para el Programa de Enciclomedia “no pudo hacer funcionar el equipo de cómputo ni proveyó del personal necesario para la operación”. El gobierno de AMLO y la nueva legislatura entraron poco después, sin que retomaran el punto de acuerdo.
A pesar del fracaso de Enciclomedia, la SEP siguió contratando a Mainbit. Para este reportaje se revisaron otros seis contratos y sus convenios modificatorios entre 2007 y 2018 entre la empresa y la dependencia.
La SEP no respondió a las solicitudes de entrevista para este reportaje.
Relaciones Exteriores, un historial de quejas
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sus ventas subieron casi 40%. La mayor parte de esos recursos vinieron de la contratación –en alianza con la empresa Vangent– de un centro de datos y la emisión de pasaportes en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Eventualmente, el contrato le fue retirado por no pasar la información a los centros de datos del gobierno y le fue asignado a la firma Veridos. Entonces, Mainbit abrió otra polémica al acusar a Veridos de haber perdido los datos y advertir que la misma Mainbit era la única que contaba con la información de los miles de mexicanos y mexicanas en su poder, amagando con no devolverlos si no se le reasignaba el contrato. Sin embargo, con eso Mainbit y Vangent habrían violado la cláusula en donde se comprometían a deshacerse de la información privada una vez que el contrato terminara.
Fue hasta el 28 de diciembre de 2015 –un mes después de cancelado el contrato– que las empresas entregaron un CD con los reportes del software borrado, y dijeron haber devuelto 75 equipos solicitados, según se lee en la carta entregada a la SRE, obtenida vía transparencia.
La ASF también encontró problemas en ese contrato, por la generación de pagos indebidos por 459,000 pesos, ya que la SRE no administró, supervisó ni planeó “los posibles escenarios tecnológicos” y permitió la instalación de lectores de pasaportes en las representaciones mexicanas en Estados Unidos, sin que tuvieran utilidad.
También, en 2013, Aristóteles Núñez Sánchez, entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que encontró irregularidades en la contratación de 38,000 computadoras para la dependencia a su cargo.
Las fallas en Segob
Entre 2010 y 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgó 19 contratos (entre ellos, por lo menos siete convenios modificatorios) a Mainbit, según una respuesta a una solicitud de información presentada para este reportaje y datos de Compranet, ubicados en la plataforma QuiénEsQuién.Wiki, por más de 4,444 millones de pesos. Además de otros tres localizados entre 2006 y 2008.
En uno de éstos, firmado en 2014, la Auditoría Superior encontró que la Segob no sabía qué equipos tenía en ese momento, ni el software, ni información detallada de los aparatos, más allá de la marca y modelo, además que los precios no se actualizaban según la antigüedad de cada computadora, provocando que la dependencia pagara a precio de nuevos, equipos viejos. Por estos hechos, la ASF penalizó a la empresa con 399,000 pesos, según la auditoría 14-0-04100-02-0053.
En 2017, la historia se repitió con el contrato dado en adjudicación directa para rentar equipo de cómputo y un centro de administración tecnológica a la Secretaría de Gobernación y a la Policía Federal, Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal.
La ASF encontró que hubo “incumplimiento en los niveles de servicio relacionados con el suministro de equipo de cómputo personal y deficiencia en la entrega de los servicios”, pagos injustificados por más de un millón de pesos, y siguieron los problemas con la obsolescencia de los equipos.
A pesar de todo lo que encontró la ASF, el último contrato entre Segob y Mainbit fue firmado en 2019 para exactamente el mismo servicio que en 2017, y ya cuenta con dos convenios modificatorios, uno en 2019 para sumar al Instituto Nacional de Migración, y otro en 2020 para modificar el monto y la vigencia.
Presidentes van y vienen, pero Mainbit parece acomodarse en cada administración pública federal, esquivando las quejas y observaciones de la Auditoría y los escándalos a su alrededor.
