La justicia desprotege a quienes sobreviven a un intento de feminicidio: caso María Elena Ríos

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Después de la presión mediática que ejerció María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de intento de feminicidio por un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, informó que Juan Antonio “N”, imputado por el intento de feminicidio contra la joven saxofonista, permanecerá en prisión preventiva.

El 26 de enero, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal confirmó que la jueza de control del circuito judicial Martha Santiago Sánchez “notificó al director del penal que, al no existir las condiciones para realizar el traslado y la vigilancia de Juan Antonio, él deberá seguir cumpliendo con la prisión preventiva en el penal varonil de Tanivet, en Oaxaca”. 

Rosa Icela Rodríguez afirmó que “fue denegado al juez la medida de darle prisión domiciliaria”, por lo que Juan Antonio “N” continuará en prisión. Esto luego de que el pasado sábado 21 de enero, el juez Teódulo Pacheco Pacheco concedió la prisión domiciliaria para Juan Antonio “N”, ex diputado priista y acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque contra María Elena Ríos.

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Sin embargo, después de conocer la notificación de la jueza Martha Santiago, María Elena Ríos advirtió que dicha suspensión es temporal, porque el inmueble para cumplir la prisión domiciliaria no cuenta “por el momento” con las condiciones necesarias.

De igual forma, Cristal González, abogada de María Elena Ríos, explicó que “la sala penal y los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no están dando seguimiento adecuado ni oportuno ni urgente a la apelación que interpusimos (…) por lo que (Juan Antonio “N”) puede salir en cualquier momento”.

María Elena Ríos precisó que además de la apelación a la resolución del juez Teódulo Pacheco, cuya respuesta dio la jueza Martha Santiago, ya también presentó otro recurso de impugnación a la decisión de Teódulo Pacheco que será revisada por el Poder Judicial de Oaxaca en los próximos días.

Además, la joven señaló que en los primeros días de febrero tendrá una audiencia de “revinculación a proceso donde quieren quitar el delito de (intento) de feminicidio” y bajarlo a lesiones simples.

Más de tres años de exigencias

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el 24 de enero, María Elena Ríos, quien lleva más de tres años reclamando para que el intento de feminicidio que sufrió no quede impune, exigió la renuncia de Eduardo Pinacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y del juez Teódulo Pacheco, por la sentencia de prisión domiciliaria que dictó en favor del agresor.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y acompañada por legisladoras de varios partidos políticos, María Elena Ríos denunció la injusticia y el peligro que corre su vida, la de su familia y la de su abogada a partir de la resolución del juez Teódulo Pacheco, que dejaría en “libertad” a su agresor. Y pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del presidente López Obrador.

Desde el martes 24 de enero, el presidente aseguró que el imputado “no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General (de Justicia), porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”.

Un día antes Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, anunció que solicitaría al Poder Judicial de Oaxaca cambiar la medida cautelar concedida al ex diputado priista para que permanezca en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Tanivet.

El mismo sábado en que el juez Teódulo Pacheco determinó la prisión domiciliaria para Juan Antonio “N”, María Elena Ríos acusó al juez de corrupción y denunció que la audiencia, que duró seis días con reiteradas suspensiones y dilaciones, estuvo “maquillada” y que fue “un acuerdo pactado” para que su agresor quedara libre.

“Si lo liberan y se da a la fuga y me mata, quemenlo todo”, denunció María Elena Ríos a través de sus redes sociales.

Después de la decisión del juez Teódulo Pacheco, múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos, legisladoras, autoridades e instituciones de gobierno criticaron la medida por ir en contra de la normativa nacional, poner en peligro y revictimizar a María Elena Ríos.

Mujeres sobrevivientes de ataques con ácido acusaron que la decisión del juez es un mensaje de impunidad que “además de minimizar todo el daño causado, nos pone en peligro a todas”. Y exigieron justicia para María Elena Ríos: “justicia para ella, es justicia para todas”.

El Instituto Nacional de las Mujeres publicó que la resolución del Poder Judicial en el caso de María Elena Ríos “sienta un precedente de injusticia y también muestra la violencia institucional. El Poder Judicial requiere de una transformación a favor de los derechos de las mujeres”. 

La coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señaló “su compromiso para seguir asumiendo el esquema de protección que sea necesario tanto para María Elena como para su familia”, luego de la resolución del juez Teódulo Pacheco que “alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo” para la joven.

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Obstáculos para demostrar la tentativa de feminicidio

La doctora Patricia Olamendi Torres, abogada feminista y consultara en género para la ONU, nos explicó que de acuerdo con la normativa lo que corresponde es que el Consejo de la Judicatura de Oaxaca suspenda inmediatamente al juez, revise nuevamente todo el procedimiento y asigne el caso a un nuevo juzgador o juzgadora. 

“Al juez hay que correrlo por ignorante, porque la normativa nacional señala con toda claridad que una tentativa de feminicidio da lugar a prisión preventiva oficiosa automática en todos los casos”, señaló en entrevista la experta en derechos humanos.

Olamendi nos detalló que las lesiones que ponen en peligro la vida pueden ser clasificadas como tentativas de homicidio o de feminicidio. Y que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la protección a la víctima, las medidas cautelares, las medidas precautorias y si hiciera falta también remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El juez Teódulo Pachecho no tomó en cuenta la tentativa de feminicidio para poder dar prisión domiciliaria al agresor, comentó. “Queda claro que la decisión del juez es una acción que está motivada seguramente en actos de corrupción”, consideró Patricia Olamendi. 

A nivel nacional, acciones como la del juez de Oaxaca son muy comunes y es parte de la problemática al momento de demostrar la tentativa de feminicidio, nos dijo Olamendi. Esto, porque las autoridades generalmente consideran las agresiones contra las mujeres como lesiones leves o lesiones por violencia familiar.

El problema es que esas clasificaciones incorrectas de las lesiones contra mujeres para beneficiar a los agresores las tenemos en todo el país, nos dijo. “Hay feminicidas que dicen que fue un homicidio culposo, por lo tanto no tienen que estar en prisión preventiva y se van a su casa”.

Como la misma María Elena Ríos lo ha denunciado, las autoridades solo “han restringido y regateado todo el tiempo su derecho a medidas de seguridad y de salud. Lo que tuvieron que haber hecho es juzgar y dictar una sentencia al agresor y utilizar sus bienes personales para la reparación del daño integral”, dijo Patricia Olamendi.

En abril de 2022, María Elena Ríos denunció que a pesar de que ha sido amenazada, al igual que su familia, le retiraron la protección que tenía por parte del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para que le restituyeran las medidas. 

Desde abril de 2020 Juan Antonio “N” está preso y sin sentencia, junto con dos agresores materiales. Otro de los probables responsables del delito de tentativa de feminicidio contra la joven sigue prófugo. Se trata de Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado y quien, según la prensa, por órdenes de su padre contrató a dos trabajadores de la construcción para que atacaran a María Elena Ríos.

María Elena Ríos ha sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas ya que el ataque le dejó graves secuelas en su cuerpo.

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Buscan tipificar el feminicidio en grado de tentativa

El 26 de abril de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para tipificar el feminicidio en grado de tentativa. Pero estas reformas aún están pendientes de ser revisadas y en su caso aprobadas por el Senado de la República para ser vigentes.

La diputada federal Elizabeth Pérez Valdez, una de las impulsoras de la iniciativa, nos explicó que la falta de claridad en las leyes obstaculiza que los casos de extrema violencia contra mujeres, como los ataques con ácido, sean juzgados como un feminicidio en grado de tentativa.

La legisladora nos expuso que la mayoría de las mujeres a nivel nacional que han sido atacadas con ácido siguen en búsqueda de acceso a la justicia, además de vivir violencia institucional por las omisiones en el proceso legal y en brindarles atenciones médicas óptimas. 

A la fecha no existen protocolos para que les den una atención integral; por tanto, ellas tienen que desembolsar su propio recurso para tratar de salir adelante. Ellas utilizan los medios que tengan para acceder a los servicios de salud, porque como no cuentan con sentencias del caso el Estado no se hace cargo”, señaló. 

El año pasado, mujeres sobrevivientes a intentos de feminicidio, la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio y la legisladora elaboraron dicha iniciativa que busca tipificar el feminicidio en grado de tentativa.

El caso de María Elena Ríos es muy mediático, pero muchas mujeres tienen que tomar las calles y edificios de los tribunales para que les hagan caso, nos dijo la diputada. 

En la iniciativa se destaca que es indispensable modificar la legislación para “dotar a las autoridades de herramientas para realizar un trabajo más eficaz, realizar una protección real a las mujeres y desincentivar toda forma de violencia o agresión que pudiese perpetrarse al saber que la misma traerá una repercusión”.

Aunque no hay un registro oficial de mujeres que han sido atacadas con ácido en México, de acuerdo con este reportaje de Animal Político, hasta el año 2020 “65% de los casos de ataques con ácido están en la impunidad y sin reparación integral del daño”.

Del año 2012 a 2020 se registraron más de 1,700,000 ataques violentos contra mujeres, pero menos del 0.05%, solo 781 agresiones, fueron clasificados como tentativa de feminicidio, según la investigación Las Sobrevivientes Olvidadas por la Justicia” publicada por EMEEQUIS.

La mayor parte de los ataques violentos, 68% del total, -lo que equivale a 1,158,166 carpetas de investigación- se abrieron por violencia familiar. Otro 32%, 553,575 casos se abrieron por lesiones dolosas contra mujeres

Como nos dijo Patricia Olamendi, debido a “las clasificaciones incorrectas” de las agresiones contras las mujeres existe “una impunidad tan grave y una corrupción que vemos todo el tiempo”.

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