El 3 de mayo pasado más de 8,000 estudiantes marcharon en Guanajuato en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros, Ángel Yael.
Al joven presuntamente lo asesinó un elemento de la Guardia Nacional cuando circulaba en una camioneta en Irapuato. En un comunicado, la dependencia informó que el disparo que mató a Ángel Yael fue producto del desconcierto y la incertidumbre.
“Sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir la presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de la institución. Derivado de lo anterior, un elemento de la GN descendió del vehículo en el que se transportaba y, de forma unilateral, accionó su arma en contra de las camionetas que se retiraban del lugar”, dice el comunicado de la Guardia Nacional.
Este hecho provocó que organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez criticaran que militares realicen labores de seguridad pública, como te informamos en esta nota.
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La presencia de elementos del Ejército en cuerpos civiles ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas llamó al país a abandonar esta estrategia, al argumentar que resulta insuficiente e inadecuada para la protección de los derechos humanos.
En ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa y a la de Marina por violaciones graves a los derechos humanos; 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
Sin embargo la estrategia parece que no cambiará, pues mientras el presupuesto para atender a víctimas se redujo en este 2022, los fondos para la Guardia Nacional aumentaron en un 70%, nos dijo Pedro Cárdenas, coordinador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19, una organización abocada en la defensa de la libertad de expresión y periodistas.
De acuerdo con el estudio “Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México”, de Artículo 19, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo público que atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, operará en 2022 con un défcit presupuestal de más de 1,600 millones de pesos.
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A pesar de que la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aprobó en el anteproyecto de presupuesto 2,575 millones de pesos para el ejercicio 2022, finalmente la Cámara de Diputados le dió 958.2 millones de pesos, es decir, un recorte del 62.8%.
Este presupuesto también descendió un 3% con respecto al entregado a este organismo en 2021, cuando recibió 983,228,785.39 pesos, nos informó Pedro Cárdenas. La CEAV solicitaba estos fondos para garantizar los pagos por reparación de daños a casi 3000 víctimas y contratar a alrededor de 150 funcionarios para dar seguimiento a los casos.
En contraste, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de este año 62,800 millones de pesos para la Guardia Nacional, un incremento de 26 millones de pesos respecto a 2021.
“La prioridad es clara para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales: mayor militarización en México, a costa de la atención a las víctimas de la violencia. Además, con un doble fondo, ya que es precisamente la militarización de los últimos 15 años una de las principales causas de la grave crisis de derechos humanos, que ha dejado un sinnúmero de víctimas en el país”, consideró Artículo 19.
Una comisión sin fondos, con cientos de víctimas… y que revictimiza
En un país en el que hubo 21.2 millones de personas mayores de 18 años víctimas de un delito en 2020, la CEAV tendría que ser un organismo eficiente para tratar de dar atención a las centenas de casos que recibe, pero no es así.
Incluso en 2020, la ex titular de la Comisión, Mara Gómez Pérez, renunció por la falta de apoyo institucional y económico. La abogada experta en Derechos Humanos denunció que la CEAV era un botín de intereses políticos y también para abogados que se acercaban a parientes de personas desaparecidas y otras víctimas del delito para “asesorarlas” y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60% de las compensaciones entregadas.
“No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen si no cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional. Se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en estas condiciones, también se haya querido hacer de la CEAV patrimonio y botín de intereses políticos”, escribió Mara Gómez Pérez en la carta de renuncia que entregó al Senado.
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Pero la renuncia de Mara Gómez Pérez no cambió las cosas y la elección de su relevo, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, tomó casi un año y medio.
“Durante 2021 observamos una continuación en el significativo debilitamiento de las instituciones encargadas de velar por la prevención, protección, garantías de no repetición y reparación del daño causado por las distintas violencias ejercidas contra estos sectores, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, señala el estudio de Artículo 19.
En tanto, Pedro Cárdenas consideró que a este problema hay que sumar que la función de la CEAV no es solamente dar indemnizaciones, sino brindar apoyo médico y jurídico a las víctimas del delito y buscar su reinserción.
“La reparación se concibe como una cuestión de indemnizaciones, reduciéndola a un tema monetario, a pesar de que la misma Ley General de Víctimas obliga a brindar una reparación integral”, nos dijo.
Omar Bello, un periodista desplazado cuya historia te contamos en esta nota, recordó cuando tuvo que ir al CEAV.
Omar salió de la zona de Zihuatanejo, donde ejercía su trabajo como periodista debido a que su vida corría peligro. Luego que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo instaló en un refugio seguro, Omar buscó atención médica. Fue ahí cuando asistió al CEAV y experimentó negligencia y desinterés por parte de la Comisión.
“Existen maneras en las que el Estado te puede ayudar, pero ni en el Mecanismo ni en el CEAV te las dicen. Yo tuve que averiguar por mi cuenta y solicitar que se me brindara atención médica. Eso fue ir y venir, ir y venir. Al final te das cuenta que para ellos eres solamente un número, una estadística”, nos contó.
De acuerdo con Artículo 19, la falta de voluntad para resolver los problemas de las víctimas del delito provoca revictimización, que fue lo que le ocurrió también a Priscilla Pacheco, hija del periodista Francisco Pacheco, asesinado en 2016.
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Para ella, asistir a la CEAV la ha convertido en víctima indirecta, es decir, ha resultado revictimizada.
En su testimonio, Priscilla sostuvo que cree que ni siquiera pueda acceder a la reparación del daño.
“Desde que mi padre fue asesinado he luchado contra la burocracia del Estado, la falta de empatía y capacitación de los servidores públicos en materia de periodistas y víctimas de los delitos contra la libertad de expresión, la estigmatización, entre otras cosas.
“Quizá no sea posible acceder a una reparación integral, a pesar de perder nuestra fuente de ingresos, tener que vender algunas pertenencias, estar desplazados de nuestro hogar, depende de una instancia y un grupo de servidores públicos que estudiarán si por los derechos violados y el sufrimiento que vivimos merecemos ser ‘reparados’”.
Artículo 19 llevó a cabo una encuesta entre 35 comunicadores para conocer su experiencia sobre el CEAV. De los 23 cuestionarios en los que hubo respuesta el 17.4% mencionó que les dieron “buen trato, respetuoso, sensible”; 8.7% señaló un “mal trato, insensible, revictimiza”, y 26.1% dijo que no fue “ni bueno ni malo”. El 47.8% eligió la opción de “no aplica / no tengo proceso ante la CEAV”.
De todos los encuestados, 14 periodistas respondieron que han tenido que recurrir a la CEAV en algún momento. A la pregunta de si consideran que dicha institución cumple de manera eficiente con su labor de atención, asistencia, apoyo y reparación, incluyendo comunicación e información proporcionada a la víctima, 2 de los 14 (14.29%) dijeron que “sí, completamente, hay información constante y activa”; 5 (35.75%), dijeron que “sí, pero le falta mejorar”. No obstante, 7 (50%) informaron que “no, no cumple y no hay comunicación activa, ni informan sobre avances, hasta que la víctima acude”.
Aparentemente México cuenta con recursos limitados y mecanismos para atender a víctimas, pero también falta el interés por parte de las autoridades en este tema.
