En México, el tema del matrimonio infantil y las uniones forzadas es una grave preocupación. Tan solo en las comunidades de Metlatónoc, Guerrero, más del 40% de las niñas son vendidas en matrimonio.
Para combatir esta práctica, se aprobó un decreto que endurece las penas para quien promueva u obligue a menores a vivir en cohabitación, en unión temprana y, por supuesto, la venta de menores para casarse.
Aunque esto suena muy bien, en realidad atender el problema solo por la vía penal no nos acerca a solucionarlo. Criminalizar estas prácticas tan arraigadas en muchas comunidades desde hace años sin ofrecer alternativas de desarrollo para las mismas niñas que tratan de proteger, es como querer tapar el sol con un dedo, nos explicó la abogada feminista Julia Escalante.
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“Hay evidencia suficiente que demuestra que es un problema estructural y que además es sumamente discriminatorio reforzar que es un tema solamente relacionado con las poblaciones indígenas o afromexicanas”, nos dijo la especialista.
Escalante nos explicó que este problema está relacionado con la falta de oportunidades, educación e infraestructura básica en muchas zonas del país, incluso en las que están en la periferia de las ciudades. La permisividad del Estado perpetúa conductas discriminatorias, misóginas y violatorias de los derechos humanos, destacó.
También tiene que ver con que a las niñas nadie las cuida. En muchas regiones, las autoridades no entran; las madres no pueden proteger a sus hijas porque son los hombres quienes hacen las negociaciones de la venta de las niñas; en caso de que una familia se niegue a seguir esta tradición, es expulsada de la comunidad, hostigada por la policía comunitaria y municipal que están coludidas.
En ciertas áreas, la escuela secundaria más cercana está a seis horas caminando por tramos inseguros, plagados de crimen organizado y militares, nos dijo Julia Escalante. Para las familias es más conveniente que sus hijas se casen y tengan hijos, aunque sea en condición de esclavas del nuevo marido y su nueva familia política.
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No tienen educación, luz, trabajo, atención médica, quien proteja sus derechos humanos. No hay para dónde correr. Están solas. Por estas razones, el recrudecimiento de las penas no sirve, porque las niñas ni siquiera tienen oportunidad de salir de la comunidad para denunciar: no tienen dinero, ni apoyo de la familia y muchas veces no hablan más que su lengua nativa. ¿A quién se supone que van a castigar?
Se están violando los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes
Aunque el matrimonio infantil quedó prohibido en México desde 2019, a mediados de marzo de 2023 el Senado de la República aprobó un proyecto para penalizar el matrimonio forzado de menores (matrimonio infantil) con ocho a 15 años de cárcel y de 1,000 a 2,500 días de multa, que podría aumentar si la víctima es integrante de una comunidad indígena o afromexicana.
La pena recaerá sobre la persona que “obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte” a una o varias personas menores de edad -con o sin su consentimiento- a unirse informalmente o por costumbres de la comunidad, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir de manera equivalente a un matrimonio.
La abogada y socióloga Elvira Cedillo coincidió en que el recrudecimiento de las penas es un despropósito si, de entrada, se le está negando a las y los adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Esto no es simplemente repartir preservativos”, acusó la especialista, se trata de que tengan las herramientas suficientes para poder tomar decisión -y control- de su cuerpo y su sexualidad.
Las y los adolescentes tienen necesidades insatisfechas, nos dijo Cedillo. Es decir, no tienen acceso a información mínima para que puedan decidir sobre cuándo experimentar su primera relación sexual, tipos de preservativos y métodos anticonceptivos, cuándo tener hijos, el espaciamiento de estos o simplemente no tenerlos, si se quieren casar o no.
La abogada nos dijo que la reforma que incrementa las penas más bien parece estar diseñada para responder a presiones tendenciosas y dizque progresistas pues, si bien es necesario que se proteja la integridad y el libre desarrollo de la infancia en México y en el mundo, esta medida no viene acompañada de políticas para atender las circunstancias que ponen a miles de niñas en situación de vulnerabilidad.
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Un buen ejemplo de esto es la mutilación genital femenina en África, nos dijo la abogada Julia Escalante. La práctica no ha sido eliminada a pesar de las sanciones porque está muy arraigada en muchas regiones, pero si se ha reducido es gracias a un esfuerzo colectivo de la sociedad y el Estado, que implica negociaciones con los líderes tradicionales, sensibilización y mucha, mucha, educación.
En México las autoridades también deben trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para comprender mejor el problema, pero sobre todo necesitamos que haya voluntad para que la clase política reconozca que tiene un sesgo cultural que le impide ser empática con la realidad de poblaciones vulnerables, como las niñas pobres, indígenas y racializadas. No se trata solo de emitir leyes para cumplir con el trabajo.
