El año pasado, Martha, una comunicadora desplazada por la violencia y que se acogió al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pensó en volver a su lugar de origen. El Mecanismo analizó su caso y determinó que las condiciones de violencia en su municipio habían cambiado, por lo que era probable su regreso.
Sin embargo, al solicitar apoyo alimentario para regresar, se dio cuenta de que las medidas de protección que le daban habían cambiado. Su propuesta de recibir apoyo alimentario fue rechazada.
Martha recurrió al Consejo Consultivo del Mecanismo para preguntar qué había pasado, pero este organismo ni siquiera tenía conocimiento de que las reglas habían cambiado.
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Para ese momento la Secretaría de Gobernación ya había tomado buena parte del control del Mecanismo, valiéndose de votaciones ilegales, decretos y argucias legales, según nos contó en entrevista Alberto Xicoténcatl, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Consejo pidió explicaciones. La respuesta de la Secretaría de Gobernación llegó el último viernes de abril pasado. Se les informó que tenía la facultad de decidir cómo se aplicará el Mecanismo, lo que en realidad no está dentro de sus atribuciones, nos dijo. “Si no hubiéramos asistido ese caso ni nos enteramos”, nos dijo Xicoténcatl.
Para ese momento la Secretaría de Gobernación, que encabeza la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas, que se encarga desde proporcionar vivienda, hasta dotar de alimentos a beneficiarios del Mecanismo.
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Con este movimiento, las autoridades federales hicieron a un lado a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo.
Para el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo esta acción, además de ser ilegal, va en perjuicio del organismo, pues la Segob está asumiendo atribuciones que no le corresponden y poniendo en incertidumbre a 1,506 personas que reciben protección del Mecanismo.
“Los pocos espacios que tenían una incipiente democratización y participación ciudadana están cooptándolos para que esta participación ciudadana termine por colapsarse y que el propio Estado, en un golpe autoritario, tome el control absoluto del cien por ciento de las decisiones de políticas públicas como las del Mecanismo”, denunció.
¿Cómo afecta a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos?
Para Alberto Xicoténcatl el problema principal ni siquiera es la administración de recursos, ya que desde que en 2019 desapareció el fideicomiso del Mecanismo. Tras eso, la Secretaría de Gobernación comenzó a repartirlos, y con esta argucia administrativa y legal no hay claridad sobre la protección que reciben los beneficiarios del Mecanismo.
Xicoténcatl nos explicó que la Junta de Gobierno analiza cada caso de manera particular y determina cuáles son las medidas de protección que requiere una persona defensora de derechos humanos o periodista, lo que ya no está ocurriendo. Es decir, se ha vuelto discrecional.
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“Afecta porque en este momento estamos trabajando medidas que no responden a la realidad que las personas defensoras y periodistas necesitan”, nos dijo.
Con él coincide la organización Artículo 19, una agrupación que da acompañamiento a periodistas víctimas de violencia. En un comunicado, la organización afirmó que la toma de decisiones unilateral por parte de Gobernación es arbitraria.
“Observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, indicó.
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“La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que la Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios”, explica la organización.
Ante esta acometida, el Consejo Consultivo acusó que la manera como la Secretaría de Gobernación se hizo del control del Mecanismo es ilegal.
“La propia Junta de Gobierno cedió sus facultades de forma ilegal a Gobernación. Intentaron enmascarar un proceso ilegal con una votación que no tenía que ser. Están votando una ley, por eso es ilegal. Las leyes no se votan”, nos dijo Alberto XIcoténcatl.
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El experto señaló que la Secretarìa de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la Cancillería, que tienen voz y voto en el Mecanismo, cerraron filas con Segob para lograr que la dependencia concentra más poder.
¿En medio de la crisis de violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos conviene meter incertidumbre al único Mecanismo que los puede amparar?
