La trata de personas en México es un problema grave que afecta principalmente a gente con ciertos grados de vulnerabilidad como migrantes, mujeres, adolescentes, niñas, niños, personas en situación de pobreza, hombres y mujeres indígenas.
Se caracteriza por ser una actividad en la que la delincuencia organizada engancha a personas con la intención de explotarlas sexual o laboralmente, reteniéndoles y sometiéndoles a través de la coacción, el engaño o el abuso.
Tanto el gobierno mexicano, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales han hecho esfuerzos para definir en la Ley el problema de trata y generar mecanismos para erradicarla. Ahora, también se suman las funciones de la policía cibernética para perseguir el delito que se comete digitalmente con mayor frecuencia tras la pandemia por la COVID-19.
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A raiz del confinamiento por la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, los tratantes encontraron nuevos medios para ejecutar mecánicas que se conocen como “pescar” (cuando el delincuente atrae a su víctima) y “cazar” (cuando el delincuente busca a su víctima), a partir del incremento del uso de plataformas digitales principalmente por niños, niñas y adolescentes, nos explicó Gustavo Mauricio Bastién, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y experto en temas relacionados con la trata de personas.
El combate a la trata enfrenta grandes retos
El 14 de julio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el tema de trata de personas desde el ámbito constitucional.
En 2012 se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que tiene por objeto establecer los lineamientos de la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata, sustituyendo a la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas (2007).
Además en 2016, se creó la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas que tiene las tareas de impulsar y coordinar en toda la República la vinculación entre instituciones para prevenir y sancionar los delitos de trata; inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito y evaluar, rendir cuentas y transparentar sus acciones.
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La Comisión está encargada de coordinar campañas de visibilización y difusión en materia de trata y de establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres poderes gobierno, organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales e instituciones académicas, entre otras funciones.
Sin embargo, los retos para combatir la trata en México son numerosos, pues existen diversos factores que obstaculizan la eficiencia de los mecanismos.
“El primer reto sería disminuir la demanda. Porque sabemos que la trata de personas existe, porque hay demanda. Por ejemplo, de personas que pagan por sexo en el tema de trata con la finalidad de explotación sexual”, nos detalló Mariana Wenzel, mercadóloga especialista en trabajo social, directora general y co-fundadora de ANTHUS A.C.-organización sin fines de lucro orientada a la prevención, la asistencia y apoyo a víctimas de trata.
Mariana Wenzel nos explicó que otro de los retos es la correcta visibilización de las formas de operaciones de la trata y que es necesario que se convierta en un tema de agenda política en el que exista la voluntad gubernamental de atenderlo prioritaria y correctamente, como por ejemplo, con una eficiente ejecución de los operativos, en los que no se criminalice a la víctima para que ésta se perciba como tal y permita ser rescatada.
“Porque en el tema de trata, sobre todo cuando los medios comisivos son difíciles de comprobar -engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier forma de intimidación o coerción- a veces encarcelamos a gente inocente o la gente que debe ir a prisión pues se salva. Por otra parte, la autoridad está muy mal pagada entonces a veces los mismos elementos de la policía no quieren arriesgarse en los operativos”, comentó Wenzel.
Las redes sociales, el nuevo mercado para los tratantes
El también maestro en Derecho Internacional Público, Gustavo Mauricio Bastién Olvera, nos dijo que en este momento la atención tiene que estar enfocada en la trata de personas a través de medios digitales, que tras la pandemia por la COVID-19 ha tenido un crecimiento importante.
Bastién Olvera nos explicó que entre las actividades que los delincuentes realizan para atraer a su víctima podemos encontrar el grooming, que se refiere a presentarse con una personalidad falsa para generar confianza en su víctima; las ofertas falsas de trabajo o grupos que reúnen a cierto tipos de usuarios para atraer posibles víctimas.
Con estos mecanismos logran aislar a la persona de su entorno seguro, por ejemplo, convencerla de viajar por un puesto de trabajo que al final tiene por objetivo explotarla para obtener un beneficio económico de la víctima, comentó Bastién.
“El enfoque que se adopta para combatir la trata de personas entiende desde las llamadas 4 P’s: prevención, persecución judicial, protección a víctimas y partenariado (partnership). Bajo este enfoque es que hay que desarrollar actividades, acciones y metodologías que vayan encaminadas a cada una de esas P’s para atender el problema”, detalló el abogado.
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Bastién Olvera también señaló que los encargados de prevenir y perseguir los delitos de trata en medios digitales son las ciberpolicías, aunque lamentó que en México no todos los estados cuentan con un área de policía cibernética y su operatividad aún es muy heterogénea en el país.
“A veces las ciberpolicías de los estados dependen de las fiscalías estatales, en otros lados dependen de las Secretaría de Seguridad Pública, como en la Ciudad de México que tiene una rama muy fuerte de ciberpolicía”, agregó el experto.
El entrevistado añadió que se han desarrollado herramientas que han probado ser muy útiles para combatir la Trata de Personas por medios digitales, como aplicaciones de reconocimiento facial, análisis de datos, identificación de víctimas, entre otras, desarrolladas por el sector privado, organizaciones no gubernamentales e incluso instituciones religiosas y académicas, que pueden servir en la prevención y eliminación de esta grave violación de los derechos humanos de las personas.
