“No puedo aceptar que mi hijo esté desaparecido, para mí era todavía como un niño, cuando se lo llevaron no tenía ni la mayoría de edad, no tenía credencial de elector”, dijo Perla Damian Marcial, madre de Víctor Álvarez Damián, desaparecido a los 16 años.
Han pasado más de siete años desde que Víctor fue aprehendido por un operativo policial mientras se encontraba trabajando en la “Aceitera Reimy”.
Los policías dijeron que se lo llevaban porque había sido cómplice de robo a su jefe, de acuerdo con los vecinos. Sin embargo, Perla no ha podido constatar ese dicho, además de que no había una denuncia, por ese delito, en contra de Victor.
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“Si mi hijo fuera culpable, que lo castigue la ley pero que no me lo desaparezcan. No me importa que esté en una cárcel pero quiero saber de él”,
Perla Damian Marcial.
Víctor no fue el único
Perla es una de las más de seis madres afectadas por las detenciones que realizaron elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013, en la colonia Formando Hogar, en la ciudad de Veracruz.
Ninguno de los casos ha sido investigado por la procuraduría estatal y/o federal, a pesar de que la organización solicitó acciones urgentes para los desaparecidos, ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) y de que las acciones fueron concedidas, de acuerdo con la organización civil IDHEAS.
#JuntasContraLaImpunidad
IDHEAS, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) realizaron la campaña “Juntas contra la impunidad” para que la desaparición forzada (las que son realizadas por el Estado) y las ejecuciones extrajudiciales (asesinatos cometidos por agentes del Estado) dejen de suceder en México y en Colombia.
Las organizaciones reportaron que más de 99% de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en ambos países permanecen en la impunidad.
IDHEAS, FIDH y CAJAR abrieron una petición en la plataforma Change.org para solicitar a la ciudadanía mexicana y colombiana que firme a favor de que la Corte Penal Internacional abra un examen preliminar en México y mantenga el examen que abrió en Colombia hace 16 años.
La solicitud del examen preliminar es para que las autoridades investiguen considerando el contexto de derechos humanos del país, señaló Alberto Jove, abogado de IDHEAS, en entrevista con Cuestione.
En México, por ejemplo, tendrían que tener en cuenta que las desapariciones comenzaron a aumentar en 2006, con la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón.
Desaparecen más de 10 personas al día
En México, entre 1964 y el 2 de marzo de 2021 se han registrado casi 84,000 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Lo grave es que únicamente se han emitido 24 sentencias por desaparición forzada, entre 2001 y 2019, y la justicia no ha llegado hasta los máximos responsables, se lee en la petición de Change.org.
Y si consideramos solo a las personas desaparecidas y no localizadas entre 2006 y 2020, vemos que se registraron más de 10 personas desaparecidas al día, en promedio (68,362 en total).
Mientras que en Colombia, más de 6,402 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 -conocidas popularmente como “falsos positivos”-, siguen en la impunidad. A la fecha, siguen ocurriendo casos como estos y no se ha revelado quién dio la orden para cometerlos.
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Ya se han pedido acciones urgentes
A la fecha, IDHEAS ha solicitado 189 acciones urgentes (de un total de 414) para México al Comité contra las Desapariciones Forzadas. Pero “el Estado mexicano ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Cuando el Comité de Naciones Unidas emite acciones urgentes quiere decir que las autoridades deben hacer las investigaciones necesarias para localizar a una persona. Luego de un tiempo, se le piden cuentas al Estado para conocer cuáles fueron las medidas tomadas, nos explicó Alberto Jove.
“Al ser emitidas las acciones urgentes se ejerce mayor presión política a las autoridades del país para investigar adecuadamente y para que se escuche a las víctimas[…] El mecanismo de acciones urgentes debe continuar hasta sancionar a todos los perpetradores”, agregó Jove.
La ONU destaca que “el trámite (solicitud de acciones urgentes) es puesto en marcha en solo 24/48 horas, lo que lo convierte en un mecanismo rápido y reactivo para la búsqueda de la persona desaparecida, en donde el tiempo es elemento fundamental”.
¿Qué se espera?
Alberto Jove mencionó que “esperan que las autoridades cumplan con su deber de desarrollar buenas investigaciones que les permitan a las familias conocer la verdad, acceder a la justicia y tener una reparación del daño”.
También se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie acerca de la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por la ONU para la búsqueda de personas desaparecidas.
Es decir, que la SCJN se pronuncie a favor de las obligaciones que tienen las autoridades mexicanas de cumplir las decisiones de los organismos internacionales en casos de violaciones graves a los derechos humanos (como la desaparición forzada).
La discusión en la SCJN surge a partir del amparo presentado por IDHEAS contra la fiscalía de Veracruz en el caso de la desaparición de Víctor Álvarez Damián, historia mencionada al inicio de este texto.
