El acceso a la justicia es uno de los mayores retos en México, en parte porque existen muchas deficiencias en las instituciones encargadas de garantizarla, pero también porque las y los mexicanos han normalizado la falta de acción de las autoridades al grado de ni siquiera exigir una reparación de daños a través de las denuncias cuando son víctimas de un delito.
“Los mexicanos durante décadas hemos encontrado que acudir a la autoridad es engorroso, lento y corrupto. Entonces las personas terminan perdiendo la fe en el sistema de justicia, asumiendo que hay cosas que suceden y no hay otra forma de hacer justicia”, nos explicó José Antonio Álvarez León, doctor en Derecho e investigador adscrito al Programa de Derecho y Política Criminal de la UNAM.
El abogado nos dijo que existe una cultura de deficiencia de los sistemas de impartición de justicia a causa de la falla estructural en el sistema de gobierno que no ha tenido la capacidad ni el interés de mejorar la atención a las víctimas de delitos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI -actualizada a septiembre de 2021- indica que en 2020 sólo se denunció 10.1% de los delitos y que el 33.9% de las personas consultadas no denuncian por considerarlo una pérdida de tiempo. Además, indica que el 14.2% no lo hace por sentir desconfianza en la autoridad.
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“Desde otra arista, particularmente penal que tiene que ver con la investigación de los delitos, se sigue filtrando la información, es decir no hay una seguridad real para las personas que denuncian. No hay una secrecía, se siguen vendiendo datos, la policía se vende al mejor postor igual que los servicios periciales”, detalló Álvarez León.
Esta falta de seguridad que perciben las víctimas de delitos dificulta que se realicen las denuncias y obstaculiza el acceso a la justicia. La ENVIPE señala que la actitud hostil de las autoridades en un 3.5% y el miedo a que las mismas los extorsionen en un 0.6% son otras de las razones que los entrevistados expresaron por las que no han realizado la denuncia sobre un delito del que fueron víctimas.
“La gente no se atreve como ciudadano normal a denunciar por miedo a tener una sanción de otro tipo, como amenazas. Este miedo ante la conocida colusión de algunas autoridades con las organizaciones criminales o los delincuentes, se introyecta en la mente del ciudadano porque se conoce que es la forma en la que funciona el sistema de justicia en México”, nos explicó la abogada Elvira Cedillo.
Para la abogada el enfoque jurídico de reparación del daño patrimonial y personal debería ser cambiado en el consciente colectivo por la exigencia de derecho a la justicia.
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“Ese cambio entre la idea de reparación de daño que tenemos los ciudadanos y de exigencia de derechos implica que las personas se reconozcan como sujetos jurídicos. O sea, ya no me voy a ver como un subordinado para ver si las autoridades quieren hacer su trabajo”, detalló Cedillo.
Además, la experta resaltó la importancia de que la ciudadanía conozca los principios básicos de los derechos y responsabilidades a los que está sujeta en la vida cotidiana, desde el reglamento de tránsito, la garantías institucionales, cómo levantar un amparo ante la violación de sus derechos humanos y una denuncia ante el Ministerio Público, entre otros.
“Lo que se debe hacer es buscar una reforma al sistema de impartición de justicia a nivel nacional, a la vez que también se generen campañas de educación o de acceso e instrucción y acercamiento a su mínimo de derechos”, acotó.
La cifra negra en 2020 fue del 93.3%
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indica que durante 2020 se denunció e inició una carpeta de investigación en 6.7% del total de delitos. En el 93.3% de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Los porcentajes de cifra negra en 2020 en el delito de secuestro alcanzó el 98.6%; en el de extorsión fue de 97.9% y en fraude el 96.7% a nivel nacional.
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En cuanto a violación el porcentaje de delitos no denunciados es de 77.9% y hostigamiento o intimidación sexual el 96.8%.
Además, por robo parcial de vehículo fue de 94.4%; robo o asalto en calle o transporte público 94.4%; otros robos fue de 92%; robo en casa habitación 90.6%; amenazas verbales 88.6%; lesiones 84.4% y robo total de vehículo 37.9%.
Del total de las carpetas iniciadas por el Ministerio Público, en 48.4% de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.
La ENVIPE resalta que en el 27% de los casos la denuncia está en trámite, el 5.9% de los denunciantes recuperó sus bienes; en el 4.6% se puso al delincuente a disposición de un juez; en el 3.8% hubo reparación del daño y en el 2.8% se otorgó el perdón.
De las víctimas estimadas el 44.2% dijo haber tardado dos horas o menos en realizar una denuncia ante el Ministerio Público y el 32.3% señaló haberle tomado más de cuatro horas.
A pesar de que se han generado mecanismos para agilizar la denuncia –como la facilidad de generarla por internet– el problema sigue siendo la falta de seguimiento y la impunidad que predomina en nuestro sistema judicial.
