México ha negociado y ratificado acuerdos con otros países en los que asume obligaciones internacionales y se compromete a prevenir, investigar y sancionar la corrupción en el país. Para cumplir con tales obligaciones, es necesario que ajuste las normas nacionales a esos tratados. ¿Qué tanto lo ha hecho?
Según este análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre el cumplimiento de reglas internacionales anticorrupción en México, el país no ha adecuado todas sus normas penales con estándares internacionales para reconocer delitos contra la corrupción.
En general, existen reconocimientos de delitos parciales, es decir, se habla de obligaciones pero no se trazan caminos claros para cumplirlas.
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Detrás de las obligaciones
De acuerdo con el último ránking mundial de Estado de Derecho del World Justice Project, una organización que estudia las acciones de los gobiernos en todo el mundo, México es el quinto país del mundo con más corrupción.
En el Senado es donde se discute si se aprueba la entrada de México a tratados internacionales. Cuando esas normas son adoptadas por México, el gobierno federal tiene que implementarlas.
Algunas de las obligaciones que México ha adoptado provienen de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Anticohecho de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción, entre otras.
Estas obligaciones consisten en reconocer ciertos delitos, como el transfeminicidio, sus sanciones y mecanismos de investigación.
También, cuando se suscriben este tipo de normas se deben crear políticas públicas para prevenir actos de corrupción, lo que implica que se debe capacitar al personal y mejorar protocolos ya existentes de sanciones. ¿Qué tanto ha hecho México al respecto?
(In)cumplimiento
Adherirse a tratados internacionales aumenta el prestigio de un Estado en el panorama internacional, ya que abre la oportunidad de tener una mejor relación con los demás países. Lo contrario pasa cuando estos tratados se firman y luego no se cumplen.
El informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) divide a las obligaciones internacionales que México ha ratificado en tres categorías: cooperación internacional, normas para mejorar la identificación de delitos y sanciones, y desarrollo y creación de instituciones.
Para cumplirlas, es clave armonizar las normas nacionales a los tratados. Es decir, es fundamental hacer que los marcos jurídicos nacionales sean compatibles con las reglas internacionales que se firmaron.
En el documento, MCCI también considera si las acciones anticorrupción reconocen el Plan Nacional de Desarrollo. Hacerlo implica que no solo las leyes concuerden con normas internacionales, también que exista una intención del gobierno mexicano para implementarlas.
Además, la categoría más baja de armonización entre lo internacional y lo nacional es la tipificación de delitos y la investigación que se hace de ellos; solo un 58.54% de las obligaciones para reconocer crímenes de corrupción son compatibles con acuerdos internacionales.
Y es que ni siquiera el Plan Nacional de Desarrollo sigue las normas internacionales de prevención, investigación y sanción de la corrupción, según MCCI. Más bien, solo se enfoca en medidas de austeridad y falta que se hagan evaluaciones más profundas de los programas del gobierno en lugar de solo cortar el presupuesto.
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Cosas que debería hacer el Estado mexicano
Uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio es el combate a la corrupción; sin embargo, no existe un compromiso claro para prevenirla y combatirla a partir de normas internacionales.
La política de austeridad solo funciona, según los y las expertas de MCCI, si se hace una revisión profunda del gasto para así volverlo más eficiente, cosa que no se ha concretado.
Otra cosa que queda pendiente en las políticas que se están implementando en México es la cooperación internacional ya que el gobierno federal no tiene reglas que prioricen el seguimiento de buenas prácticas internacionales.
El combate a la corrupción en el país merece más seriedad y más atención a los ejemplos que han funcionado en otras partes del mundo. Esa podría ser una manera de pasar del discurso anticorrupción a verdaderas acciones para terminar con ese problema.
