México deberá defender su política energética en tribunales

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Los amparos y las demandas de compañías privadas en contra de las medidas que el gobierno de México tomó en el sector de energías limpias y renovables, podrían ser los únicos casos en los que las diferencias entre la administración de Joe Biden y la mexicana sean mediáticas, ya que todo lo demás será muy institucional, de acuerdo con especialistas.

“Esto será de Estado a Estado, pero en relaciones comerciales entre privados y gobierno, no solo es posible, sino muy probable, que las inconformidades se lleven hasta tribunales internacionales con el fin de hacer cumplir lo establecido en el capítulo 31 del T-MEC en materia comercial”, nos dijo Arturo Carranza, analista independiente del sector energético.

El Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupa y representa a las medianas y grandes empresas de nuestro país, informó que tiene registrados 172 amparos de la iniciativa privada en contra de las medidas del gobierno en esta materia. 

Para saber más: ¿Se avecina “lluvia” de demandas por conflicto energético?

Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo, dijo que tres de estos casos se han llevado hasta tribunales y se han presentado amparos por acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la política de confiabilidad y aumento de tarifas hacia los Certificados de Energía Limpia (CELs).

Como lo documentamos en esta nota, desde mayo de 2020, seis compañías privadas obtuvieron una suspensión provisional ante la orden que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ejerció en contra de proyectos de energías sustentables, lo que afectó a 26 plantas solares y 18 proyectos de construcción.

El Cenace recibió instrucciones directas de la Secretaría de Energía, cuya titular es Rocío Nahle, para detener estas inversiones. En ese entonces se calculó que habría pérdidas de hasta 6,400 millones de dólares. 

De acuerdo con el diario El Financiero, solo dos compañías, de las seis que recurrieron a este recurso legal, hicieron público este proceso: la española Mexsolar XI, para proteger un parque solar en Veracruz y Dolores Wind, con un proyecto de energía eólica en Nuevo León.

El Cenace, después de ver que las compañías privadas estaban ejerciendo sus derechos a través de la vía legal, informó que estaban siendo atendidas estas demandas conforme a la ley.

“No tengo en el radar más de estas demandas, sin embargo, en la medida en la que vean que sus intereses están afectándose, más compañías recurrirán a la Corte para que se les dé más claridad respecto a las reglas que se están escribiendo en este sexenio y que no son válidas en términos legales”, dijo Arturo Carranza.

Sin alarmas 

El especialista nos explica que en Estados Unidos ya se están comenzando a tomar decisiones para caminar hacia una economía de cero emisiones hacia el 2050 y lo que implica es instrumentar e implementar una “revolución de energías limpias”.

El 20 de enero el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que su país se una nuevamente al Acuerdo de París y otra en la que establece que el cambio climático debe ser parte integral de las políticas de seguridad nacional y relaciones del gobierno.  

“Mientras que del lado de México sigue el fortalecimiento de empresas públicas de energía, estos contrastes desde luego van a generar fricciones entre ambos gobiernos. Fricciones yo diría razonables y entendibles. Y esto no debe de alarmarnos”, afirmó Carranza.

Para Amando Basurto, investigador del Instituto José María Luis Mora y de la UNAM, la transición energética o switch al cambio por energías limpias, no es un problema que resuelva en sí el T-MEC. 

“Estados Unidos y Canadá tienen recursos suficientes para iniciar la transición a energías limpias mucho más rápido, más allá de quien sea presidente. En México, la velocidad con la que se haga va a depender de los recursos y con la pandemia –y la crisis que trajo con ella–, esto será muy complicado”, agregó el académico.

Pendientes

Los amparos que las compañías están promoviendo y el resto de las acciones legales que la iniciativa privada está tomando en México, son calificadas por Arturo Carranza, como normales, ya que están defendiendo sus inversiones y cuestionan las políticas de este gobierno. 

El especialista también nos explicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver qué papel tiene la Secretaría de Energía en la política de confiabilidad en materia de energías limpias. Específicamente, que la Comisión Federal de Competencia Económica aclare si la Sener, a través del se extralimitó en sus funciones al ordenar esta suspensiones.

“Esto debe generar, en un segundo tiempo, mayor certidumbre a las inversiones”, detalló el especialista.

Jennifer Granholm, la pieza clave

Arturo Carranza nos dijo que la política de Joe Biden será más institucional, lo cual hará que todo el tema energético entre México y Estados Unidos lo maneje Jennifer Granholm, la ex gobernadora del estado de Michigan, en EU. 

La nueva encargada del Departamento de Energía en Estados Unidos enfocará su política en el cambio climático, cuya meta será lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050.

Durante la administración de Barack Obama, ella diseñó un paquete de rescate con el fin de alentar el uso de tecnologías más limpias, como el uso de vehículos eléctricos.

¿El gobierno mexicano contará con los profesionales indicados para negociar las fricciones en materia energética y llevarlas a resultados convenientes para el país?

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