Este 16 de mayo, México superó oficialmente las 100,000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Estado mexicano que “atienda con urgencia, contundencia e integralidad la grave crisis de desapariciones e identificación humana que vivimos en México, que debe ser comprendida como parte de una terrible crisis de violencia e inseguridad”, en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Apenas el pasado 10 de mayo las familias que integran el Movimiento junto a más colectivos de familiares de todo el país marcharon en la Ciudad de México para exigir al gobierno la localización de sus familiares y responder con urgencia a la magnitud de la tragedia.
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Los colectivos recalcaron que no solo se trata de números, sino de sus seres amados y amadas y de las 100,000 familias que, en muchos casos, les han buscado durante décadas.
Como el caso de Antonia Ortuño -a quien conocimos en la marcha de las madres buscadoras del 10 de mayo- una mujer de 64 años que tomó la tarea a la que se dedicó su madre desde 1972, cuando comenzó a buscar al padre de Antonia. Suman ya 50 años y de Antonio Onofre Gudiño no se sabe nada.
“Son seres queridos buscadxs hasta en los espacios que menos imaginan. Llamamos a la sociedad a sensibilizarse ante esta problemática y a sumarse a nuestras exigencias. Nuestra lucha es también por un país en el que nadie más tenga que buscar a un amor desaparecido”, señala el Movimiento en su comunicado.
Exigen que la búsqueda sea la prioridad para AMLO
Los 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas en 24 estados del país que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos exigieron, una vez más, al presidente López Obrador que la búsqueda de las personas desaparecidas sea realmente una prioridad y que tome en cuenta a las familias en la creación e implementación de una estrategia nacional de búsqueda.
El Movimiento también pidió al mandatario hacer, presentar y poner en marcha una política pública de búsqueda en vida de las personas desaparecidas en el país de manera urgente.
Además de una política coordinada de identificación de personas, en la que trabajen todos los estados del país y la federación para sistematizar las bases de datos e información que se encuentra en diferentes espacios forenses y de investigación para que se facilite la localización o la identificación de las personas desaparecidas.
A estas exigencias, se sumaron diversos colectivos de familiares y de madres de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
De acuerdo con el Movimiento, la cifra está por debajo de la cantidad de casos que día con día conoce, pero que son casos de desaparición que no se reportan a las autoridades, según lo alertan también otros colectivos.
Según el Registro Nacional de las 100,012 personas desaparecidas y no localizadas, contabilizadas hasta la tarde del lunes 16 de mayo de 2022, 74.7% son hombres y 24.7% son mujeres. Pero el conteo aumenta cada hora.
Las entidades del país que concentran la mayor cantidad de personas desaparecidas son Jalisco con 14,971 personas desaparecidas, Tamaulipas con 11,971, el Estado de México con 10,996 y Nuevo León con 6,222 personas desaparecidas y no localizadas.
La desaparición de personas es una grave problemática que existe desde los años 70 del siglo pasado, pero que aumentó a partir de la decisión del entonces presidente Felipe Calderón de utilizar al Ejército Mexicano para combatir al crimen organizado en 2006. Una estrategia que continuó Peña Nieto y que el presidente López Obrador ha prolongado, como lo reportamos en Cuestione.
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Trabajo descoordinado y sin mecanismos institucionales
El pasado 10 de mayo durante la Marcha Nacional de la Dignidad, cientos de madres y familiares denunciaron la gravedad de la desatención gubernamental. Diana Rosas, tía de Diego Rosas Valenzuela, desaparecido en el Edomex en septiembre de 2015, nos compartió que ante la falta de voluntad de las autoridades las familias “se vuelven detectives y forenses, porque las autoridades no quieren hacer su trabajo”.
Además de la omisión, existe un retraso y falta de coordinación institucional. “Las fiscalías no colaboran con las comisiones de búsqueda locales”, nos dijo en entrevista César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La Fiscalía General de la República tenía un año a partir de la creación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, vigente desde enero de 2018, para crear un Banco Nacional de Datos Forenses (una base de datos genéticos), sin embargo, han pasado cuatro años y no hay nada, agregó César Contreras.
El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda también hizo un enérgico llamado al gobierno federal a acelerar la creación de los mecanismos que se establecen en dicha ley y en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y que siguen pendientes.
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Recomendaciones del Comité de la ONU
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos reiteró al presidente que retome las observaciones y recomendaciones que publicó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el pasado 12 de abril.
Entre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU al gobierno de México, después de su visita en noviembre del 2021, se encuentran fortalecer las instituciones en los procesos de búsqueda e investigación para superar la impunidad. Ya que solo existían 36 sentencias en casos de desaparición de personas en todo el país, frente a 95,000 personas desaparecidas registradas en ese momento.
Además de atender la crisis forense, que suma a 52,000 cuerpos sin identificar. Y reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección.
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¿A más personas desaparecidas, menos presupuesto para buscarlas?
Otra de las observaciones que hizo el Comité de la ONU es la falta de recursos de las comisiones de atención a víctimas, “cinco de las entidades federativas todavía no cuentan con una Comisión estatal y la mayoría de las que existen carecen de recursos humanos y financieros”.
El presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha sido reducido en los últimos años, esto limita más su capacidad de intervención. El fondo presupuestal creado por la Ley de Víctimas bajo la figura de un fideicomiso fue eliminado por el Gobierno en 2020, junto a más fideicomisos públicos, indica el organismo internacional.
El abogado César Contreras señaló que la Comisión Nacional Búsqueda solo cuenta con alrededor de 90 personas servidoras públicas para la búsqueda de 100,000 personas desaparecidas “sin duda resulta insuficiente”.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la CNB tiene un total de casi 750,000,000 de pesos para este año, que en comparación con el año pasado, cuando se le asignaron poco más de 720,000,000 de pesos representa un aumento de 3.7%, pero en términos reales hubo una disminución de 2.76% si se toma en cuenta la inflación.
Las personas desaparecidas deben ser la prioridad presupuestal e institucional del gobierno de AMLO, como han insistido familiares, organizaciones y organismos internacionales.
