México, un país con 52,000 desaparecidos sin identificar y autoridades que no saben qué hacer

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Las tres niñas escucharon cuando el taxi en el que venía Yulissa, su madre, se detuvo delante de la casa. Era de noche y ellas miraban la televisión con Alicia, su abuela. Al asomarse por la ventana para saludarla todas vieron cuando una camioneta de la que descendieron sujetos armados y con uniformes de policía se llevaron a su mamá. Era el 12 de agosto de 2017.

Alicia Gallegos, madre de Yulissa, comenzó a buscar a su hija y acudió a la Procuraduría de Tamaulipas, en Ciudad Reynosa, a levantar una denuncia por privación ilegal de la libertad. 

Desde entonces, Alicia se ha topado con un sistema de procuración de justicia ineficiente y propenso a errores a tal grado que para cerrar el caso le dieron los restos de un hombre diciéndole que eran los de su hija, nos comentó Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, quien acompaña el caso. 

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¿Error humano, confusión o presión de las autoridades?

Por las mismas fechas en las que desapareció Yulissa, una llamada anónima alertó a las autoridades que en un rancho del Parque Industrial Reynosa había una pira en la que ardían tres cuerpos

En ese lugar, peritos de la Procuraduría Estatal de Tamaulipas encontraron huesos calcinados y osamentas, abrieron la investigación 343/2017 y clasificaron algunos de los restos como Cuerpo Nº1 NN2607, según consta en la carpeta, a la cual Cuestione tuvo acceso. 

No fue sino hasta diciembre de 2017 que Alicia recibió una llamada. Las autoridades le informaron que sus nietas y el esposo de Yulissa debían acudir a la Procuraduría para que les tomaran muestras de sangre para analizar su ADN y contrastarlo con esos restos que habían hallado en agosto y que ya estaban en la fosa común

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Sin embargo, Alicia recibió hasta diciembre de 2018, es decir, un año después, unos restos que presuntamente correspondían a su hija.

Ella enterró los huesos y comenzó su duelo. Sin embargo, Alicia se percató tiempo después que en los documentos que le entregaron, el perito José Fernando Ríos Alvarado detalló que los restos que se había llevado correspondían a un hombre de alrededor de 25 años

Desde hace dos años Alicia solicitó que se exhumen los restos y se les practiquen nuevos exámenes, pero no ha habido respuesta. Mientras, la incertidumbre sobre el destino de Yulissa continúa.

“Le entregaron unos restos y ella los aceptó. Ella dice que se sentía presionada en aceptar los restos porque la psicóloga de víctimas y el MP (Ministerio Público) le decían: ‘si no acepta estos restos los vamos a volver a enterrar y se va a quedar sin nada, lo tiene que aceptar y si llora vamos a suspender todo’”.

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“Desde hace dos años ha pedido que se exhumen los restos y se les vuelvan a hacer los estudios, porque leyendo el expediente vi que este cuerpo correspondía a un hombre”, nos relató Delia Quiroa.

Una crisis forense

En noviembre del año pasado, antes de la primera visita oficial del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CDF) visitara México, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoció que el país vive una crisis de desapariciones forzadas y una crisis forense sin precedentes. 

Apenas el pasado 17 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió que en las fosas comunes y los servicios médicos forenses del país hay más de 52,000 cadáveres sin identificar.

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De estos, el 80%, es decir, 41,115 cuerpos, están en 10 estados del país encabezados por Baja California, revela el informe “Crisis forense y propuesta de política pública forense desde el Gobierno Federal”. 

El problema, nos explica Delia Quiroa, de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, que entre esos cuerpos podrían estar personas reportadas como desaparecidas, pero no hay manera de comprobarlo por enredos burocráticos y porque tampoco existe una base de datos genética. 

“Lo que veo es que las autoridades no se ponen de acuerdo. No hay una coordinación clara,un análisis de la problemática, que es principalmente la identificación y la difusión de los cuerpos que están en los anfiteatros. Esta falta de coordinación hace que entre estados y municipios la información ni siquiera es la misma”, nos dijo.

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Para resolver este problema, el gobierno federal propuso crear el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), sin embargo hasta el momento este grupo de trabajo no ha comenzado a realizar trabajo de campo

Por otro lado, el gobierno ha construido dos Centros Regionales de Identificación Humana en Coahuila y San Luis Potosí y destinado subsidios por más de 1,700 millones de pesos a las Comisiones Locales de Búsqueda,según el informe que presentó Alejandro Encinas.

Además, le ha apostado al apoyo de mecanismos y organismos internacionales, como la Unión Europea, las embajadas de Alemania y de Estados Unidos, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y la Universidad Innsbruck.

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Sin embargo, Delia Quiroa nos comentó que los centros regionales no tienen la capacidad para atender la cantidad de peticiones de identificación de desaparecidos, pues incluso hay falta de forenses, además de que por su ubicación, genera costos y complicaciones para los familiares de personas desaparecidas.

“Lo que necesitamos es un solo sistema en todo el país que sea compatible, desde los municipios, nivel estatal, nivel federal, donde se ingresen la información de los anfiteatros, donde entre la información de las fosas, de las personas encontradas, las no reclamadas y también catálogo de prendas.

“Si la información no está armonizada, no habrá resultados”, concluyó.

¿Podrá México resolver esta crisis?

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