La humanidad siempre ha estado en movimiento. A veces las personas migran para encontrar mejores oportunidades o crecimiento personal; otras veces son forzadas por los conflictos armados, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la persecución, el terrorismo o las violaciones de los derechos humanos que hay en su país.
Extrañamente, aunque los gobiernos están enterados de la importancia de este fenómeno y sus múltiples razones, la migración sigue siendo tratada como un delito. Esto, a pesar de que -en el papel- los países reconozcan la urgencia y relevancia de atenderla protegiendo los derechos humanos de las personas migrantes.
Hay acuerdos como la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes en la que los 193 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -incluyendo México- reconocieron en 2016 la necesidad de mejorar la colaboración internacional para proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición.
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Con los mismos fines existe la Visión Estratégica para Fijar el Rumbo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2019-2023, y la Estrategia Regional de 2020–2024 para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
En nuestro país se diseñó la Estrategia Nacional para 2023-2025 de la OIM en México y muchos otros acuerdos que nuestro gobierno ha firmado de manera bilateral y multilateral con otras naciones.
México no respeta su propia estrategia
En el papel, la estrategia de México para atender la migración se enfoca en los derechos humanos y busca abordar los factores que generan la migración por necesidad e impulsar formas de migración segura, ordenada, humana y regular. Entonces ¿por qué seguimos criminalizando a las personas que llegan de manera irregular desde Centro y Sudamérica hasta nuestro país?
Como te contamos en esta nota, las estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) se convirtieron en cárceles donde se incomunica a las personas migrantes, se violan sus derechos humanos y ha tenido consecuencias gravísimas.
Daira Arana, especialista en militarización y directora de la organización de análisis sobre asuntos internacionales Global Thought, resaltó que hay que dimensionar que la política migratoria del Estado mexicano no depende únicamente de su buena voluntad, sino que está muy anclada a la relación bilateral con Estados Unidos.
El país gobernado por Joe Biden ve el tema migratorio como un problema de seguridad nacional y lo ha relacionado -sobre todo después de la gestión del expresidente estadounidense Donald Trump- con el aumento de criminalidad, violencia, crimen organizado y tráfico de drogas, nos dijo la especialista.
Migrantes, presa fácil del crimen organizado y redes de trata
La falta de humanidad y el mal trato que reciben los migrantes dentro de las estaciones del INM ni siquiera es lo peor a lo que se enfrentan las personas migrantes. Durante su trayecto por México, las personas migrantes tienen que cuidarse de otros migrantes, de grupos del crimen organizado, redes de trata y de tráfico de órganos.
¿Y qué está haciendo el Estado mexicano para protegerles de esto? Absolutamente nada, explicó Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
“Justo el 9 de marzo estuve en el Congreso de Chiapas para señalarles esto y retar a las diputadas a que me acompañarán a la zona de tolerancia (…) para que se dieran cuenta de que las mujeres, las adolescentes y las niñas que fueron extraídas de las caravanas migrantes están siendo explotadas sexualmente”, señaló Ulloa.
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Sin embargo, no hay manera eficiente de castigar estos crímenes. Ulloa Ziáurriz nos dijo que se puede lograr una condena internacional a través de la misma CATWLAC, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes o “presentar casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que te llevaría la Corte Interamericana. Es un proceso muy largo, pero podría terminar en una sentencia”.
La especialista lamentó que las herramientas que tenemos en el país como la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o la misma Fiscalía General de la República no tienen recursos, capacidad y a veces ni las intenciones de hacer algo al respecto.
“Desde que llegó el nuevo titular UEITMPO (Antonio Gastón Ramírez Rodríguez), no están buscando a la gente. Ni a las víctimas de trata ni a los niños y a las niñas. O sea, pides una acción internacional de búsqueda y se tardan dos o tres años para decirte que ya se fue la solicitud”, resaltó Ulloa.
Xenofobia con las personas migrantes del sur pero no con los nómadas digitales
El estigma que recae sobre las personas migrantes tiene además una carga clasista, racista y xenófoba. La directora de Global Thought Mx, Daira Arana, nos explicó que no es nada más el problema de que sean personas indocumentadas, sino que son personas pobres, de tez morena y rasgos indígenas.
No es el mismo trato que reciben miles de extranjeros que se están apoderando de zonas del país como la Ciudad de México, Cholula en Puebla, Playa del Carmen en Quintana Roo, donde radican, trabajan y ponen negocios sin estar necesariamente de manera legal en el país.
La especialista resaltó que los llamados nómadas digitales (extranjeros que trabajan en línea desde cualquier parte del mundo) ya son una preocupación para las personas locales que pagan las consecuencias de su estadía, como el incremento del costo de vida y de las rentas de las viviendas.
Sin pagar impuestos y muchas veces con visas de turistas, estos migrantes viven al margen de la ilegalidad en nuestro país, pero no son ni hostigados, detenidos o tratados como criminales por las autoridades de migración.
México pierde una enorme oportunidad por complacer a Estados Unidos
“Estamos perdiendo una oportunidad valiosa en el sentido de que el gobierno no está trabajando para quitar estos estigmas sociales en torno a las personas migrantes del centro y del sur de América”, señaló Arana Aguilar.
Y destacó que pareciera que el trabajo del INM es reprimir a las personas migrantes, como si fueran una policía que las debe perseguir para encarcelarlas, y no para darles a los extranjeros lo necesario para realizar los procesos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional. Como se supone que es en realidad.
La especialista concluyó que mientras México no se desprenda de la política migratoria de Estados Unidos es sumamente difícil que pueda cumplir con los acuerdos internacionales y sus propias estrategias. Hasta ese momento es que pudiera dejar de ser un país que detiene migrantes y pase a ser uno que les ofrezca refugio. ¿Será algún día posible?
