Un migrante salvadoreño de 47 años falleció por COVID-19, en abril de este año, en un hospital de la Ciudad de México, días antes había sido deportado en la estación migratoria en Tijuana. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo en un comunicado de agosto que hasta esa fecha “no tenía ni un registro de contagios de COVID-19” en sus centros migratorios.
Por la muerte de este migrante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) culpó al INM por “la negligencia y omisión del personal de este instituto, que contribuyó al deterioro de su salud y su muerte”, según se lee en la recomendación 293/2020. Y es que en estos centros de migración no existe la “sana distancia”, pues sus instalaciones están sobrepobladas y tienen que vivir codo a codo.
En total, unas 35 personas migrantes han muerto a causa del coronavirus en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, el INM se niega a dar información sobre el número de contagios y de muertes de esta población en nuestro país, a pesar que se tiene registro de la muerte de al menos dos migrantes ocurridas por contagios dentro de sus centros migratorios, nos dice Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
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Otro caso oculto por el INM es de un migrante cubano, de 45 años, contagiado de COVID-19, quien estuvo por más de 22 días (entre junio y julio) en la estación migratoria de Janos, en Chihuahua, auxiliado por el personal del Centro de Salud del lugar, pero sin ser reconocido en los datos del INM, como documentó Pie de Página.
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El INM falló con la protección a migrantes
El subregistro de los casos es sólo una de las omisiones del INM durante la pandemia, pues sus estaciones migratorias tampoco fueron equipadas con pruebas de COVID-19, cubrebocas o gel antibacterial. Así lo documentaron más de 40 organizaciones civiles en el Informe sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas, desde marzo y hasta la fecha.
Sólo 40% de las estaciones migratorias en el país cuenta con personal médico y apenas dos de las 32 llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas. La de Saltillo es la única que tiene un servicio de atención médica dentro de sus instalaciones y que presta asistencia las 24 horas, como documentaron en el informe.
Esto a pesar del protocolo que publicó el INM en donde se comprometió a que personas migrantes que fueran detectadas como casos sospechosos, deberían ser llevadas a los centros de salud en caso de que presentaran síntomas de coronavirus.
En marzo de este año la CNDH ya había publicado un comunicado en el que exigía al INM que se tomaran “acciones urgentes para evitar hacinamiento y contagio masivo de coronavirus en personas migrantes”. Y advirtió que “la protección de la salud es un derecho humano, indispensable para el ejercicio de otros derechos”.
Como respuesta a este informe, el INM publicó un comunicado en que el que aseguró que “cada día se implementan tareas de limpieza y acciones de desinfección, prevención, control y supervisión en todos los inmuebles del instituto y además, se cuenta con personal médico para atender cualquier sospecha de contagio al interior de sus inmuebles”.
“preocupa el subregistro que hay del INM para reconocer que hay contagios dentro de sus estaciones y que no están aplicando los protocolos para proteger la salud de esta población”
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
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Con todo, siguen las detenciones a migrantes
Durante los primeros meses de la pandemia, hubo al menos cuatro enfrentamientos en las estaciones migratorias de Tabasco, Coahuila, Chiapas y Sonora.
Desesperados y con incertidumbre, las personas migrantes exigían mejores condiciones dentro de estos centros, pues la mayoría vive en hacinamiento y sin aire acondicionado, lo cual no les permitía tener “sana distancia”, explica la especialista.
Por eso es que varias organizaciones civiles –como Sin Fronteras, y el Instituto para las Mujeres en la Migración– ganaron un amparo el 18 de abril para exigir al INM la liberación inmediata de las personas migrantes.
Tras el fallo, el INM liberó ese mes a más de 3,000 personas migrantes. Sin embargo, tan solo un mes después, en plena pandemia, continuó con la deportación de casi 17,000 personas migrantes en el país durante el periodo de mayo a agosto, de acuerdo con los datos del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Lluvia de amparos para el INM
Por todos estos hechos, hay nueve amparos presentados por las organizaciones civiles que defienden a las personas migrantes “para demandar al INM que garantice las condiciones adecuadas dentro de sus estancias para las personas que siguen siendo detenidas y en caso de omitirlas, veremos las sanciones correspondientes”, nos explica Lorena Cano, abogada del IMUMI.
Además, exigen la liberación inmediata de las personas vulnerables como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna condición grave de salud, explicó la abogada.
México tiene una deuda con las personas migrantes, pues no sólo las criminaliza al mantenerlas detenidas en estaciones migratorias, también las abandona en medio de una de las peores crisis de salud de los últimos tiempos.
