Jennifer, de 10 años, lleva un diario bajo el brazo en donde ilustra todo lo que ve a su paso. Sólo que en vez de arcoiris, animales o árboles, dibuja sus días como migrante. Sus pequeños pies recorrieron más de 3,8000 kilómetros, desde Ecuador, su país natal, hacia México.
Como ella, 11,514 niñas, niños y adolescentes extranjeros llegaron a nuestro país en 2020(de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración), tras vivir un infierno durante su travesía y después fueron detenidos en las estancias migratorias. En algunos casos encerrados sin ninguna libertad y a veces, sin ver siquiera ver el rayo de sol, como documentó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Una reforma a la Ley de Migración, aprobada el año pasado, abrió la puerta para que las y los menores de edad, en lugar de ser llevados a estas estaciones migratorias, sean atendidos por el DIF en condiciones dignas y de procuración a sus derechos. Sin embargo, la modificación a la ley nació como letra muerta, pues no se le dotó al DIF de presupuesto para su ejecución, de acuerdo con los especialistas consultados por Cuestione.
En teoría, serían las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (dependientes del DIF) las que evalúen la situación legal de los menores en el país, adapten albergues para ellos y estén a cargo de sus cuidados, lo cual les garantiza alimentación, un entorno adecuado y asistencia legal para regular su estancia migratoria, nos explica Alejandra Macías, directora de Asylum Access México.
Estas procuradurías deberán buscar otras alternativas para ellos, como familias que temporalmente se encarguen de sus cuidados, o casas para migrantes o solicitantes de asilo. Se trata de que durante su estancia en México tengan acceso a la educación, salud y sean protegidos sus derechos básicos, de acuerdo con Rosalba Álvarez, coordinadora de Infancia Migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
A pesar de que la reforma ya entró en vigor, organizaciones civiles como IMUMI, Asylum Access México y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) –todas consultadas por Cuestione–, han documentado lo contrario, pues estos niños y niñas continúan siendo detenidos en estaciones migratorias y, con eso, el INM estaría violando la ley.
“Entrar al país no es un crimen, es un error administrativo, por eso no estamos hablando de criminales. (Los menores) están huyendo de otras condiciones muy difíciles y por eso debemos garantizar una acogida que vele por su bienestar”, como ha dicho también Christian Skoog, representante de UNICEF en México.
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La carencia de la institución que vela por los menores
El DIF no sólo no recibió presupuesto adicional para poder atender a las niñas y niños migrantes, sino que su presupuesto ha venido cayendo desde 2018, lo cual limita aún más que puedan hacerse cargo de condicionar los lugares, coinciden Juan Martín Pérez, director de la Redim, y Alejandra Macías, directora de Asylum Access México.
Además, los albergues del DIF están rebasados y no tienen espacios para las niñas, niños y adolescentes migrantes, acusan las organizaciones civiles. Esto ha llevado a que muchos de los menores migrantes terminen en situación de calle, confirmaron a Cuestione.
Una ley que no avanza por falta de presupuesto
La reforma a la Ley de Migración se publicó el 11 noviembre de 2020, y entre sus lineamientos contemplaba que el Congreso debía destinar recursos necesarios para la operación de los Centros de Asistencia Social, así como para el funcionamiento de las Procuradurías de Protección, que estarían a cargo de la estancia de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
Habrá que esperar hasta 2022 para tener la infraestructura que se necesita para cumplir la ley, nos confirmó en entrevista Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.
A falta de presupuesto para adaptar nuevos espacios, lo que ha hecho el DIF es buscar alojamiento para los menores migrantes en albergues públicos y algunos que son manejados por organizaciones civiles, nos dice Castañeda Correa.
Contrario a lo que acusan las organizaciones civiles, el Procurador Federal del DIF nos dijo que hasta hoy no han tenido inconvenientes para alojar a esta población.
Desde el 11 de enero (cuando entró en vigor la ley), las procuradurías de la niñez han logrado atender unos 120 casos de menores de edad que han llegado al país, asegura Castañeda Correa. Sin embargo, aún está en proceso la información del número total de niños atendidos por el DIF.
Y mientras el DIF no tenga presupuesto en este año, también se busca que las estancias migratorias del INM sean habilitadas como albergues, solo que ahora bajo la tutela del DIF, como se publicó en un acuerdo este 17 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), explica Castañeda.
Con todo, sigue siendo obligación del INM emitirles los documentos de estancia por razones humanitarias para que puedan permanecer de forma regular en el país, nos explica Alejandra Macías.
En caso de conseguir la visa migratoria por razones humanitarias (la cual es otorgada temporalmente a personas en estado de vulnerabilidad), solo tiene una vigencia de un año. Por tanto, debe ser renovada cada 12 meses hasta que sean mayores de edad y cuando cumplan 18, pueden solicitar un permiso de refugiado, con lo cual obtendrían una estancia migratoria en México, nos explica Álvarez.
El reto para el DIF este año no es menor: tiene que garantizar que todas los menores de edad que estén en sus manos sean cuidados y protegidos tal y como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero tiene una limitante, el presupuesto. ¿Logrará cumplir con sus tareas sin recursos?
