Militarización de seguridad pública va en contra de recomendaciones internacionales

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La militarización de la seguridad pública que ha promovido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desconoce recomendaciones internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han emitido para México, de acuerdo con organizaciones sociales que defienden derechos humanos en el país.

Hace dos años, el 11 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, el presidente López Obrador emitió el Acuerdo mediante el cual dispuso de la Fuerza Armada para realizar labores de Seguridad Pública de forma permanente hasta marzo de 2024, es decir, no solo de la Guardia Nacional, sino de toda la Fuerza Armada que incluye la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina.

Este Acuerdo Presidencial incumple de forma clara las obligaciones internacionales que tiene México sobre derechos humanos, de acuerdo con análisis elaborados por organizaciones civiles, como la Comisión Mexicana de Promoción y Derechos Humanos (CMPDH) y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

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La Corte Interamericana establece en la Sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros vs México, de 2018, que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en México debe ser regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza.

Pero según explican las organizaciones de la sociedad civil en diversos informes, el Acuerdo de mayo de 2020 no especifica los mecanismos legales bajo los cuales se regularán los trabajos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en las tareas de seguridad pública que les mandata el gobierno de López Obrador.

Además, desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos, las fuerzas armadas solo pueden usarse en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, es decir, únicamente para una situación en particular, nos expuso María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

México está lejos de cumplir estas recomendaciones y otros exhortos que le han hecho tanto la Corte Interamericana, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras instancias, en los últimos 24 años, en las que instan a no utilizar las fuerzas armadas en la seguridad pública, indicó Aguilar Rodríguez.

El Centro Prodh documentó en el informe Poder militar al menos 41 pronunciamientos, recomendaciones y exhortos que organismos internacionales de derechos humanos que han hecho al Estado mexicano para fortalecer a las fuerzas de seguridad civiles y para retirar a las fuerzas militares de las labores de seguridad pública. De estos, por lo menos 11 se han realizado durante el sexenio del presidente López Obrador. 

El más reciente es el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (publicado el 12 de abril) en el que pidió a México abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública “por el riesgo que implica en materia de derechos humanos”. En agosto de este año, el Gobierno mexicano tendrá que responder a las 85 recomendaciones de este informe. 

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¿Por qué es grave que México no cumpla con las recomendaciones?

María Luisa Aguilar nos explicó que el Estado mexicano es “un sujeto de la jurisdicción” de la Corte Interamericana, ya que aceptó ser revisado por este organismo. Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que México tiene que cumplir con los ordenamientos de la Corte Interamericana.

Por tanto, la Sentencia Caso Alvarado Espinoza es vinculante. Esto significa que es obligatorio que el gobierno de México cumpla con ella, precisó Aguilar Rodríguez.

Dicha sentencia establece que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”.

Pero aclara que si de manera excepcional las fuerzas armadas intervienen en tareas de seguridad, su participación debe estar subordinada a las labores de las corporaciones civiles, sin extenderse a las facultades de las instituciones de procuración de justicia.

También establece que esas tareas deben ser reguladas bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además eben ser fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Aunque el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020 menciona estas características, no las desarrolla adecuadamente ni cumple las condiciones establecidas. Por tanto, México incumple las obligaciones internacionales frente a la Sentencia del Caso Alvarado, puntualizó María Luisa Aguilar.

Según el análisis de la defensora de derechos humanos que México no cumpla con estas recomendaciones genera que estemos en alerta permanente sobre el riesgo del aumento de violaciones graves de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas, como lo han demostrado los organismos internacionales y reportamos en esta nota.

Lo anterior, sumado a que la estrategia de militarización no ha generado la disminución de la violencia e inseguridad en el país, como también lo ha dicho el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias de la ONU, destacó María Luisa Aguilar. 

Para ella es relevante que a nivel internacional México siempre ha promovido abiertamente, al menos en las últimas dos décadas, el fortalecimiento de estos mecanismos internacionales, entonces, tendría que ser congruente con esta posición y retomar las sentencias. 

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¿Qué es el Caso Alvarado Espinoza?

En 2016, la Corte Interamericana comenzó a juzgar la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de integrantes del Ejército, en Chihuahua, cometida el 29 de diciembre de 2009

Dos años después, el 28 de noviembre de 2018, la Corte dictó la sentencia en la que concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos humanos de las integrantes y el integrante de la familia Alvarado, víctimas que a la fecha siguen desaparecidas y no localizadas. 

Además, el Ejército mexicano se ha negado a reconocer su responsabilidad en estas desapariciones y a pedir disculpas, según nos dijo Santiago Aguirre, director del Centro Prodh

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Ley de la Guardia Nacional

De igual forma, la Ley de la Guardia Nacional contraviene las sentencias del Caso Alvarado y también del Caso Cabrera García y Montiel Flores (sobre la detención arbitraria de dos campesinos ecologistas por integrantes del Ejército, en Guerrero), en las cuales la Corte Interamericana establece que dar facultades de investigación de los delitos a un cuerpo militarizado no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, el artículo 9 de esta ley otorga facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria, al menos en los primeros cinco años, de 2020 a 2025. 

El Centro Prodh detalla en su documento Militarización: riesgos para los derechos humanos y la democracia que en los estándares internacionales de derechos humanos hay consenso sobre la necesidad de delimitar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de contención migratoria debido a la vulnerabilidad de la población migrante.

La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo de 2019 por el gobierno de AMLO, pero la anterior gestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que a la fecha aún no ha resuelto.

María Luisa Aguilar consideró que para dar respuesta a la crisis de violencia se necesita que el gobierno promueva acciones institucionales y coordinadas. Por tanto, dijo, será importante que acepte las 85 recomendaciones del Comité de Desapariciones de la ONU y que presente una ruta de cómo implementarlas.

El colectivo #SeguridadSinGuerra insistió en que “la militarización de la vida pública del país solo ha traído el incremento de atrocidades bajo la indolencia de quienes prometieron retirar a las Fuerzas Armadas de las calles y no han hecho más que aumentar su poder”. Esto, luego del asesinato del estudiante Ángel Yael por integrantes de la Guardia Nacional, el pasado 27 de abril en Guanajuato.

¿El gobierno mexicano cumplirá con sus obligaciones internacionales? 

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