A cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una involución en el respeto a los derechos humanos e incluso se corre el riesgo de que la militarización lleve al país a un régimen autoritario como se vivió con el PRI en los años 70, alertaron activistas humanitarios.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador está cogobernando con las Fuerzas Armadas y esto significa un enorme riesgo para el sistema democrático. Lo que está ahora en juego ya no solo es el tema de si hay o no acciones contrarias en materia de derechos humanos, que las hay, sino que ahora está en riesgo el modelo de nación que queremos”, nos dijo Eliana García, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.
La también asesora legislativa en el Senado nos explicó que hay “una involución hacia el régimen autoritario priista de los años 70, sin contrapesos, sin controles para el gobierno, sin control alguno para las Fuerzas Armadas, sin ningún escrúpulo para violar la Constitución; es absolutamente preocupante”.
A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre de 2022, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Human Rights Watch (HRW) señalaron los numerosos pendientes del gobierno federal en materia humanitaria, y criticaron el discurso oficial sobre el supuesto respeto a las garantías individuales.
País militarizado
“El presidente Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018, no ha abordado los índices desorbitantes de homicidios, desapariciones y crímenes perpetrados por los carteles. Ha ampliado significativamente el papel de las fuerzas militares en la vida pública, incluyendo el despliegue de 150,000 soldados para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, expresó HRW en su sitio web.
La organización internacional agregó que “policías, fiscales, militares y grupos delictivos cometen violaciones de derechos humanos graves y generalizadas con regularidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Estos delitos rara vez son investigados o penalizados”.
Por su parte, el Centro Prodh advirtió en un reciente artículo de opinión que la aprobación de la reforma constitucional, para extender hasta 2028 el plazo constitucional para que el Ejército participe en labores de seguridad pública, ocurre en un contexto en que el que se están documentando, de forma inédita y casi en tiempo real, las fallas de las Fuerzas Armadas.
“La ampliación incrementa los riesgos de que ocurran violaciones a derechos humanos, perpetúa una política de seguridad ineficaz y trastoca los delicados balances cívico-militares”, añadió la organización humanitaria.
Lo denunciado por las organizaciones civiles contrasta con lo señalado por el presidente López Obrador, quien al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 2022, aseguró que en su administración no se permite la violación de derechos humanos.
“En nuestro gobierno no hay personas como (el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro) García Luna, no se permite la violación de derechos humanos; la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres; no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, dijo el mandatario.
El discurso y los hechos
En su conferencia de prensa matutina del 14 de septiembre de 2022, López Obrador insistió en “utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida”.
Sin embargo, en el artículo El país militarizado al que vamos, el Centro Prodh alertó que la militarización augura un futuro “preocupante”, tomando como ejemplo lo que ha ocurrido recientemente en las investigaciones del caso Ayotzinapa, sobre los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero en 2014.
“Un empoderamiento militar en el que el mando castrense puede abogar por violadores a derechos humanos, demandar la cancelación irregular de órdenes de aprehensión, abrir las cárceles militares para que desde ahí los integrantes del Ejército imputados se lancen en entrevistas contra funcionarios civiles que intentan hacer adecuadamente su labor”, indicó la organización humanitaria.
Por su parte, la acompañante de víctimas de desaparición desde 1977 Eliana García nos enumeró los temas en los que el actual gobierno federal aún no garantiza el respeto a los derechos humanos: “el primero que me parece de lo más delicado e importante, y el cual ha sido abandonado por el presidente, es la atención a las víctimas, en especial la desatención total en términos de construcción de una política de Estado para atender a las víctimas de desaparición”.
La ex prisionera de conciencia criticó que tampoco hay en la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ningún programa para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, ni general, ni sectorial. “No tenemos información de cómo están haciendo la búsqueda en vida de las y los desaparecidos”, advirtió.
Otro caso muy preocupante, nos dijo García, es el de la violencia contra las mujeres y los feminicidios: “López Obrador está dedicado a descalificar, insultar y degradar la lucha de las movilizaciones de mujeres en particular en el tema de los feminicidios”.
La también ex diputada federal de 2003 a 2006 añadió que otro tema de violaciones a derechos humanos en los que no hay resultados en el actual gobierno son los asesinatos de defensores humanitarios y periodistas: “El panorama es durísimo porque todos los días están amenazando a periodistas y personas defensoras y matándolas”.
Otro asunto pendiente, concluyó la ex subprocuradora encargada de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República, de 2013 a 2015, es todo lo que tiene que ver con el abandono a las y los niños y adultos con cáncer, y el desabasto de medicamentos para personas con VIH durante la pandemia de COVID-19.
