México enfrenta una inédita profundización de la militarización como en ningún otro momento, lo que podría impactar en los contrapesos democráticos, según advierten organizaciones civiles de defensa de derechos humanos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha encargado a corporaciones castrenses la realización de las tareas civiles como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el manejo de los puertos y aduanas del país, el resguardo de las vacunas para hacer frente a la pandemia por la COVID-19, la construcción de los Bancos del Bienestar. Además de combatir al crimen, al huachicoleo y participar en la contención migratoria en las fronteras norte y sur del país.
Aunque el mandatario federal ha rechazado insistentemente que México se esté militarizando, la organización internacional Human Rights Watch señala que el presidente López Obrador no sólo ha continuado esta estrategia que viene de sexenios anteriores, sino que ha intensificado el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, ampliando considerablemente el ámbito de sus actividades y reemplazando a autoridades civiles.
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En el último año, las Fuerzas Armadas han fortalecido su presencia en México con un total de 331,098 efectivos (hombres y mujeres). De estos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con 163,727 integrantes. La Secretaría de Marina (Semar) tiene 53,488, y la Guardia Nacional cuenta con 113,883 integrantes, de acuerdo con el Informe de Seguridad publicado este 20 de enero. En 2020, 319,288 hombres y mujeres formaban parte de las tres instituciones.
Además, el Ejército y la Guardia Nacional juntos son los que más presupuesto obtuvieron para 2022, solo después de la pensión para las personas adultas mayores, como lo analizó México Evalúa en “Seguridad Pública en el PEF 2022: más gasolina para la militarización”.
Así, en 2022 “el Ejército controlará de facto” 166,900 millones de pesos, 9% (13,200 millones de pesos) más que lo aprobado para 2021 y 80% (74,000 millones de pesos) más que lo pagado en 2018, se puntualiza en el estudio.
Violaciones a derechos humanos y rendición de cuentas
Desde la administración de Felipe Calderón se ha justificado la utilización de las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en lo que llamó como “guerra contra el narcotráfico”, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos.
Entre 2014 y 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 3,000 denuncias relacionadas con presuntos abusos militares, destaca Human Rights Watch en su informe mundial 2021.
“En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a fuerzas militares que asistieran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos”, advierte Human Rights Watch.
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), nos explicó en entrevista que aunque las Fuerzas Armadas han reportado una disminución en los números de abusos, esto es difícil de corroborar ya que la Guardia Nacional no entrega información.
El Centro Prodh ha hecho solicitudes de información de los informes pormenorizados del uso de la fuerza que se levantan después de cada evento al que asiste la Guardia Nacional, pero “replicando la opacidad del Ejército, se niega a entregar esa información a una instancia de derechos humanos”, nos dijo.
Entre las respuestas que entregó la Guardia Nacional está una sugerencia para que el Centro Prodh “remita sus cuestionamientos” a la Unidad de Transparencia de la Sedena.
Desde que inició la administración de López Obrador hasta el primer semestre de 2021, el Centro Prodh había documentado alrededor de 451 quejas contra la Guardia Nacional, 870 contra el Ejército y más de 330 contra la Marina. En contraste, la CNDH sólo ha emitido una recomendación contra la Guardia Nacional.
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Riesgos de la militarización
Para el defensor de derechos humanos Santiago Aguirre los riesgos de la militarización están en tres niveles. El primero es tener al Ejército en las calles, ya que “normalmente genera más violaciones a derechos humanos”. Segundo, que el Ejército esté en las calles no es una buena política pública de seguridad, dado que no están disminuyendo notoriamente los índices de homicidios, “se han estancado, pero en unas cifras muy altas a las que no deberíamos acostumbrarnos”. Y el tercero es que se pueden alterar los balances democráticos.
“En una democracia maltrecha como la mexicana, cuando una instancia adquiere tanto poder no funcionan los contrapesos en casos de corrupción, de violaciones a derechos humanos”, nos comentó.
El fortalecimiento público de las Fuerzas Armadas puede erosionar la posibilidad de que otros órganos actúen como instancias de rendición de cuentas y de contrapeso, explicó.
Y es que la experiencia, dijo, es que cuando el Ejército se investiga a sí mismo el resultado es la impunidad. Como también lo indican las sentencias “Campesinos Ecologistas vs. México” y “Alvarado vs. México”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la investigación de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en Chihuahua, en diciembre de 2009.
Por lo que las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República o la CNDH sobre las denuncias contra el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional serían relevantes, pues son los controles externos de las fuerzas militares.
Además del riesgo de que “se vaya afianzando una perspectiva que se incline al autogobierno de las Fuerzas Armadas, lo vimos recientemente. Las Fuerzas Armadas anunciaron una reestructuración interna muy relevante en la conformación del mando. Y la realidad es que primero lo decidieron ellos antes de que pasara por el Congreso”, señaló.
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Inédita profundización de la militarización en el país
Como lo refiere Santiago Aguirre, en lugar del retiro paulatino del Ejército de las labores de seguridad, el jefe del Ejecutivo “optó por seguir fortaleciendo el protagonismo castrense en materia de seguridad sorprendentemente iniciando así una profundización de la militarización que no tiene parangón en lo que habíamos visto antes, sobre todo por su profundidad legal”.
El Centro Prodh documentó en su informe “Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” al menos 10 cambios legales “que dotan de una preeminencia a las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad Pública y otros”.
Cambios legales como la Ley de la Guardia Nacional, el Acuerdo presidencial de mayo de 2020, entre otros, que en opinión de Santiago Aguirre será “muy difícil de revertir en el futuro”.
“El proceso que mejor simboliza esta profundización de la militarización es el de la Guardia Nacional, que comenzó prometiéndose como una corporación de carácter civil, en la que habría presencia militar solo de manera transitoria. En el presente ese carácter civil se ha desdibujado. Incluso hemos llegado al extremo de que se ha anunciado una posterior reforma para terminar de entregar toda la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas”, expuso.
En 2020, 76% del personal que conformaba la Guardia Nacional provenía de la Sedena o de la Marina, según el Censo nacional de seguridad pública federal 2021, del INEGI.
Por eso, dijo, es importante lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, además del proceso legislativo pendiente para integrar esta instancia a la Sedena.
A pesar de la aprobación social que tienen las Fuerzas Armadas en México, acotó, es necesario seguir advirtiendo de los efectos que la militarización ha tenido en los últimos años con las violaciones a derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones de migrantes.
