Ocho de cada 10 productos que salen o entran a nuestro país, lo hacen vía marítima, a través de los 117 puertos que tenemos. En 2019 ingresaron productos -desde cerveza hasta automóviles- que representaron un monto de más de 464,000 millones de dólares (casi lo mismo que vende Wal-Mart en todo el mundo, al año).
Los puertos son las grandes puertas del comercio de México con el mundo.
Desde hace 50 años, estos han sido administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público –a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT)–.
Pero, ahora, puertos y aduanas marítimas pasarán a manos de la Secretaría de Marina, en caso de que el Senado apruebe –como hizo este 1 de octubre en la Cámara de Diputados–, la iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, para que esto sea posible.
Si bien la Secretaría de Marina ya se encargaba de la seguridad portuaria (ligada a sus facultades de defensa exterior), ahora también administrará todo funcionamiento de los puertos –importacioens y exportaciones–, así como las obras públicas que se realicen en los mismos, nos explicó Daira Aguilar, experta en seguridad del Centro Feminista de Investigación Social.
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Esta medida puede considerarse una buena estrategia anticorrupción. Sin embargo, “en materia de administración de los puertos y mantenimiento de la democracia bajo los estándares internacionales no lo es, porque la tendencia es que los puertos sean administrados por instituciones civiles profesionales, y que los militares siempre estén bajo el mando del poder civil y nunca por encima de éste”, nos dice Daira Aguilar.
“Lo que estamos viendo es una especie de militarismo, en el que las Fuerzas Armadas, lo busquen o no, están teniendo más atribuciones y más poder que las instituciones civiles. Eso es preocupante porque la historia nos ha mostrado que cuando esto sucede, se cometen muchos abusos de autoridad y se instalan regímenes autoritarios”, nos dice Aguilar.
Incluso esta decisión le costó al gobierno de federal la renuncia de Javier Jiménez Espriú, como titular de la SCT, en julio de este año, pues no sólo no se le consultó esta iniciativa, Espriú ya había advertido que la formación militar no es compatible con la operación de los negocios de las aduanas marítimas.
Comercio exterior, en amenaza por el control naval
Este cambio en la operación de los puertos, también podría traer consecuencias negativas, como la baja en el comercio exterior (importación y exportación de productos). “Lo que vamos a ver es un esquema de burocratización que va a entorpecer la agilidad de comercio marítimo con el exterior, porque no está en la naturaleza de sus funciones encargarse de estas tareas”, nos dice Erubiel Tirado, experto en seguridad y fuerzas armadas de la Universidad Iberoamericana.
“El problema es que asfixia, estrangula el comercio exterior de México, porque ellos no tienen la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento para administrar los puertos y las aduanas y la marina mercante”, coincidió también Marcelino Tuero, presidente del Cuerpo Consultivo Marino Mercano.
También perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas operadoras de servicios portuarios nacionales, “dadas las rígidas condiciones que impondría la Semar, quien se encargaría totalmente del comercio marítimo”, explicó Tuero a El Financiero.
Además, poner en manos de la Marina las tareas de administración de las aduanas va en contra de la Constitución Política del país, pues Comunicaciones y Transportes junto con el Sistema de Administración Tributaria son las responsables de la administración de los puertos y aduanas, como lo explicó la organización México Unido Contra la Delincuencia en un comunicado.
Con el control total de los puertos, serán los elementos de la Marina quienes se encarguen de la operación del traslado de la llegada y salida de las mercancías, y para esto necesitan tener conocimiento en derecho internacional marítimo y preparación administrativa civil, los cuales hasta ahora no domina al 100%, de acuerdo con Daria Aguilar.
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Drogas y armas: la otra puerta de entrada
Además, esta decisión puede traer consigo actos de impunidad, mayor tráfico de armas en el país y caos administrativo por varios meses. Para el país, la consecuencia más preocupante a largo plazo es la pérdida de derechos fundamentales ligados al sistema democrático, de acuerdo con Aguilar.
La aprobación de esta iniciativa ahora está en la cancha del Senado de la República, quien tendrá que votarla para saber si la Marina va o no a los puertos, con todo los riesgos y responsabilidades que esto implica.
Por: Scarlett Lindero y Raquel Prior
