La Secretaría de Educación Pública (SEP) habría incurrido en negligencia y tendría responsabilidad política por no haber actuado de manera eficiente para evitar que aumentara el rezago educativo debido al cierre de escuelas y la fallida enseñanza a distancia ante la pandemia de COVID-19.
“Por la falta de información al inicio de la pandemia, el cierre de escuelas fue la única decisión que podíamos tomar, pero la responsabilidad de las autoridades educativas locales y federal viene cuando después se debió hacer un ajuste, pero se montaron en su modelo de Aprende en Casa, a pesar de ser insuficiente y que dejaba fuera al 6% de estudiantes que no tenían ni televisión”, nos explicó Fernando Ruiz, director de Investigación de la organización civil Mexicanos Primero.
El también maestro en Políticas Públicas nos enumeró las presuntas fallas de la SEP que derivaron en una mayor afectación sobre todo a la educación básica en nuestro país: “por ejemplo, cuando decidió no invertir en programas emergentes para evitar la inequidad de Aprende en Casa. Hasta el personal docente tuvo que poner de su bolsa para intentar llegar a los estudiantes más pobres y vulnerables”.
Otra mala decisión de las autoridades, abundó Ruiz, fue no preparar la reapertura de escuelas de manera adecuada, lo que ocasionó que los estudiantes tardaran en regresar de forma presencial a las aulas.
“Y tampoco invirtieron en programas de recuperación de aprendizajes -hay estrategias poco costosas-, pero prefirieron distraerse en la agenda presidencial obsesionada con los contenidos y los libros de texto”, advirtió el experto.
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Recuento de los daños
Según señalamientos de legisladores federales, hasta 8,800,000 estudiantes, de entre tres y 29 años, desertaron de sus actividades académicas en el ciclo escolar 2020-2021, tanto en escuelas privadas como públicas, por motivos relacionados con la pandemia de COVID-19.
Mientras que tan solo en educación básica y media superior, 1,698,000 estudiantes dejaron de ir a la escuela tras dos años de clases a distancia, además del impacto emocional entre docentes y alumnos provocado por la pandemia, de acuerdo con una investigación de la organización ciudadana México Evalúa.
Y otro estudio de Mexicanos Primero indica que las pérdidas educativas por la suspensión de clases presenciales significarían un retroceso de hasta tres ciclos escolares para las y los alumnos de nuestro país.
“Con el Aprende en Casa, muchos estudiantes no pudieron tener acceso en su lengua original. Y vino el problema adicional del acceso a los celulares. Hubo un 20% de maestros que no se conectaron con los estudiantes; estamos hablando de un estimado de 6,000,000 de niños afectados por alguna de estas circunstancias”, nos dijo Fernando Ruiz.
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“Me parece que la autoridad no tomó las medidas para invertir más dinero, por ejemplo, en imprimir cuadernillos, en algunos casos dotar a los niños de un dispositivo. Tampoco hubo generación de contenidos en lenguas indígenas, lo tuvieron que hacer los maestros. El gobierno se negó a crear fondos de emergencia para atender esta situación en las escuelas”, lamentó el especialista.
Además, agregó el director de Investigación de Mexicanos Primero, “otra de las malas decisiones fue que la educación híbrida (mezcla de virtual con presencial) en 2021 fue improvisada, como ya lo señaló Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación)”.
Para colmo, Ruiz nos contó que cuando se abrieron las escuelas “de una forma poco cuidadosa”, la SEP no detalló cuántas se estaban abriendo y cuántos estudiantes estaban asistiendo: “la secretaria de Educación, en ese entonces Delfina Gómez, decía cuántos niños regresaban a la escuela, pero fue una gran mentira, pues nunca desglosó cuántos eran de preescolar, primaria o secundaria; solo decía ya regresaron 10, 15, 20,000,000”.
¿Quién va a pagar los platos rotos?
Respecto a los daños a la educación, el integrante de Mexicanos Primero nos señaló que “de manera extraoficial” se han enterado de que en el estado de Guanajuato, siete de cada 10 niños de tercer año de primaria no saben leer, cuando es el grado escolar en el que típicamente los estudiantes ya saben hacerlo. “Ésa sí es una situación en la que hay que responsabilizar a la SEP, pues es negligencia”, demandó el investigador.
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Sin embargo, Fernando Ruiz nos aclaró que si quisiéramos llevar a juicio a un funcionario o funcionaria de la SEP por las afectaciones a la educación, “tendríamos el problema de que no podríamos construir la relación causal, pues se deben analizar un montón de factores”.
Por ello, el activista abundó que enjuiciar o castigar penalmente a alguna autoridad educativa “no es el instrumento para exigir la rendición de cuentas, sobre todo por las dificultades técnicas que tendrían que considerarse, por ejemplo, para el caso de funcionarios federales, pues sus decisiones tienen impacto en millones de estudiantes”.
Finalmente, el experto propuso que la SEP debe cumplir con su obligación de resguardar el derecho de los estudiantes, y que no ser “un instrumento político del Ejecutivo federal”.
“Hay una desviación de las prioridades y me parece que tiene una explicación política porque la SEP está extraviada, está en medio de disputas internas que han sido creadas por la intervención presidencial que ha impuesto su agenda, y no se pueden tomar decisiones en materia educativa sino las aprueba el presidente, lo cual me parece absurdo”, concluyó Ruiz.
