A medio sexenio, 61% de la población cree que no hay menos corrupción que en el gobierno de Peña Nieto

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A tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque su agenda y discurso se han centrado en el combate a la corrupción, las cifras oficiales indican que la sociedad mexicana mantiene una percepción pesimista sobre este problema.

El 61% de la población mexicana considera que la corrupción del gobierno actual sigue igual que el gobierno anterior o ha aumentado, de este porcentaje el 23.4% piensa que ha aumentado y el 38.2% que se ha mantenido igual de alta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) de 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

De acuerdo con esta misma encuesta, 54% de las personas mayores de 15 años reconocieron a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes que enfrentó el país en 2020.

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Entre 2017 y 2019, Guanajuato, Puebla, Durango y Nayarit fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. 

Costos de la corrupción

En México, durante el primer año de la administración de López Obrador, cada persona gastó en promedio 3,822 pesos a consecuencia de actos de corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y en otros contactos con autoridades. El costo total fue de 12,770 millones de pesos, según datos que arrojó la ENCIG del 2019 del INEGI.

Esto significa que en 2019 las personas gastaron 1,372 pesos más en actos de corrupción en comparación con el año 2017, de acuerdo con la encuesta.

Específicamente en el contacto con autoridades de seguridad pública el costo a consecuencia de la corrupción fue de 2,244 millones de pesos, lo que representó un gasto de 1,294 pesos promedio por persona en 2019

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Además, las personas gastaron en promedio 766 pesos en “mordidas” o gastos por actos de corrupción en la realización de trámites vehiculares, que en total sumaron 524 millones de pesos.

El escenario para las empresas fue otro. El INEGI observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que erogaron las empresas por actos de corrupción, entre 2016 y 2020, al pasar de 14,535 pesos en el primer año, a 7,419 pesos en 2020. 

Las personas o las empresas son víctimas de servidores públicos por medio de estos actos corruptos, ya que les piden dinero, regalos, favores o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.

El impacto económico que tiene la corrupción es importante pues debilita las instituciones. “Cada peso que se pierde en la corrupción afecta en la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos y obligaciones”, afirmó Kristian Hölge, representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, las Drogas y el Delito en México.

La corrupción es un obstáculo para ejercer todos nuestros derechos humanos y en lograr una sociedad más justa, señaló el integrante de la ONU en el foro celebrado este 9 de diciembre en el Senado de la República, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

Hace 18 años, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró dicha conmemoración para visibilizar que la corrupción tiene impacto sobre un gran número de aspectos de la vida social a nivel mundial.

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Quejas y sanciones por corrupción

En 2019, 6,154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados en México. El 44% de estos funcionarios estaban adscritos a instituciones federales y el 55% a instituciones estatales. Y en su mayoría fueron sancionados por faltas no graves. 

Las sanciones más recurrentes fueron de orden administrativo, como la inhabilitación temporal en el caso de las instituciones federales y “las amonestaciones públicas o privadas” en el ámbito estatal y federal, como indica el INEGI.

Sin embargo, en ese año las administraciones públicas a nivel federal y estatal recibieron 105,298 denuncias por incumplimiento de obligaciones. Esto significa que solo el 5.8% de este total de denuncias llegó a una sanción en 2019.

La Ciudad de México y el Estado de México acumularon 57% del total de quejas recibidas por las entidades federativas.

En cuanto al curso que siguieron las denuncias, 9 de cada 10 denuncias presentadas en 2019 en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención. Y las denuncias en el ámbito estatal la proporción de quejas o denuncias que sí procedieron fue 10 veces mayor que en el federal.

A pesar de este contexto, 54.2% de la población mayor a 15 años de edad manifestó que es posible disminuir la corrupción en México

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