Morena y la alianza “Va por México” buscan dominar la agenda pública

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Está claro que ya inició el juego rumbo a la contienda electoral del 2024 y las estrategias de los dos bandos que lideran la política mexicana se hacen cada vez más evidentes.

Por un lado, el grupo de la oposición planteó el pasado 9 de junio una “moratoria constitucional” para proteger la democracia y “mandar al basurero de la historia las ocurrencias de reformas constitucionales bolivarianas del presidente Andrés Manuel López Obrador”, según dijo Julen Rementería del Puerto, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

Esta táctica partidista tiene el objetivo de rechazar “cualquier iniciativa de reforma y modificación a la Constitución e impedir reformas dañinas, como la que busca desaparecer el INE”, dijo Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.

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Por otro lado, Morena organizó un evento en Toluca -capital del Estado de México y bastión del PRI-, donde su dirigente Mario Delgado anunció el inicio de los trabajos para las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila, así como las del 2024 por la presidencia de la República. 

A este evento -que algunos analistas e incluso el coordinador del Grupo Parlamentario Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, acusan de acto anticipado de campaña–  acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañados de militantes, legisladores, simpatizantes, gobernadores, entre otros.

Pero, ¿qué intereses están detrás de estos movimientos tácticos de ambos bandos? 

La legislación sigue, la oposición solo se niega a aprobar reformas constitucionales

“La moratoria constitucional que declaró el bloque opositor es un acto publicitario, un posicionamiento, pues ya sabíamos que no van a aprobar ninguna reforma constitucional, no hacía falta el anuncio para saber que así iban a actuar”, nos dijo el politólogo Roberto Estrada, rector del Instituto de Ciencia Política y Opinión Pública.

Estrada explicó que esta postura de la coalición “Va por México” conformada por PAN, PRI y PRD no es ilegal porque el proceso legislativo sigue su curso conforme lo marca la Constitución y Ley Orgánica del Congreso.

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Además el especialista detalló que el presidente tiene -como otros actores políticos- la facultad para enviar iniciativas de ley o de reformas constitucionales y en contraparte, los diputados, senadores y congresos locales pueden aprobar o rechazar las iniciativas que se presenten sin que se les pueda sancionar.

El politólogo Jorge Márquez nos dijo en entrevista que este acto político también responde a que la alianza “Va por México” ya se dio cuenta del contrapeso que pueden representar, teniendo como principal antecedente el rechazo que se hizo a la iniciativa de la reforma eléctrica el pasado 15 de abril.

“Creo que es una manera de mantenerse vigentes, porque López Obrador y Morena quieren dominar por completo la agenda para el 2024, donde figuren sólo esos tres posibles candidatos: Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto. La oposición también quiere que se hable de ellos, tenemos que recordar que no hay mala publicidad”, recalcó Márquez.

Si es un acto anticipado de campaña será difícil de sancionar

Jorge Márquez también consideró que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido laxos al sancionar este tipo de casos y padecen de lo que el experto llama “un grave tortuguismo”, refiriéndose a la lentitud para resolver las quejas en temas electorales.

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“Puedes verlo en la última sanción que le ponen a los gobernadores en esa cínica y abierta participación ilegal en la revocación de mandato. El Tribunal Electoral lo que hace es llamarles la atención, nada más”, acusó Márquez.

Y es que apenas el pasado 19 de mayo, la Sala Especializada del TEPJF declaró que se cometieron infracciones de la promoción personalizada durante el periodo de veda del proceso de revocación de mandato -que se votó el pasado 10 de abril-, refiriéndose a las publicaciones que hicieron gobernadores y gobernadoras morenistas de Baja California, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Puebla y la jefa de Gobierno de la CDMX en sus cuentas de Twitter.

“Tuvieron como elemento central el apoyo directo al presidente de la República y difundieron logros o acciones de su gobierno para beneficiarlo, pues las publicaciones abordaron temáticas relacionadas con su trabajo gubernamental”, indica la resolución del TEPJF.

El rector del Instituto de Ciencia Política y Opinión Pública, Roberto Estrada, explica que este acto público -que los morenistas definieron como una reunión de militantes- no es ilegal, pues no están haciendo un llamado directo al voto y que es parte de un proceso que también sucede en otras democracias como lo podemos ver con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos que ha participado en mítines y recaudaciones de fondos, a pesar de no encontrarse en tiempos de campañas electorales en el país vecino.

Ahora bien, el politólogo Jorge Márquez recordó que lo sí es ilegal y sancionable es el uso de los recursos públicos para organizar el evento de Morena en Toluca y que el reto de la oposición está en acompañar la queja –que ya interpuso el PAN– con las suficientes pruebas y pedir la correspondiente solicitud de transparencia a Morena y esperar que la correspondiente resolución no tarde demasiado.

“Yo creo que la combinación del ‘tortuguismo’, la dificultad de armar las carpetas con evidencia clara y el miedo a represalias, hace aún más difícil que haya justicia en los procesos electorales”, concluyó Márquez.

La duda que queda es si los bloques lograrán dominar la agenda pública, o se quedarán rezagados.

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