En noviembre de 2019, Xiomara y su hija adolescente, originarias de Honduras, llegaron a Estados Unidos, pero una patrulla fronteriza las detuvo y las puso bajo el programa “Quédate en México”. La niña y la mujer volvieron a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde esperaron su primera audiencia en enero de 2020, en la que solicitarían asilo en Estados Unidos.
En Juárez, miembros de la delincuencia organizada secuestraron a Xiomara y a su hija durante cinco días y seis noches. Pudieron escapar, caminaron por lotes baldíos y finalmente llegaron a un lugar público donde pidieron ayuda.
A inicios de 2020 se quedaron en un refugio. Apenas salían por el miedo de que las secuestraran nuevamente.
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“Xiomara no sabe qué les pasará, pero entiende que son presa fácil y nunca están a salvo”, así lo consigna la organización social Human Rights First en su “Reporte público de casos de violencia contra personas retornadas a México bajo el protocolo ‘Quédate en México’, 2019 – 2020”.
El programa “Quédate en México” comenzó en la administración del ex presidente Donald Trump en enero de 2019. En enero de 2021, al iniciar su gobierno, el presidente Joe Biden decidió cancelarlo.
Pero el pasado 2 de diciembre las administraciones de Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que el 6 de diciembre dicho programa quedaría restablecido luego que el 14 de agosto un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Biden reinstalarlo.
Sin embargo, en los dos años que operó, sirvió para regresar a México a más de 70,000 personas, de las cuales 40% eran mujeres y 33% menores, según denunció el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
“La mayoría de la población regresada a territorio mexicano permaneció en condiciones inhumanas y fue víctima de secuestros, violaciones y otros actos violentos -incluso la muerte-, agresiones cometidas por agentes de migración, policías y crimen organizado. A la fecha no existe ninguna investigación por parte del gobierno mexicano sobre estos hechos”, señala IMUMI en un comunicado.
Por su parte, Human Rights First documentó que de enero de 2019 a diciembre de 2020 se registraron al menos 1,314 ataques a personas migrantes que fueron devueltas a México bajo ese programa.
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Esta cifra es solamente la punta del iceberg, porque la gran mayoría de personas regresadas no tuvieron la oportunidad de tener una entrevista con investigadores de derechos humanos o periodistas, debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19 que aumentaron las limitaciones para denunciar, se explica en el informe.
El restablecimiento del “Quédate en México” representa para las personas migrantes, y en específico para las mujeres y las niñas migrantes, “una condena a los escenarios de violencia de los que están escapando” en sus países, nos comentó Miriam González Sánchez, colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración.
”Ya teníamos el antecedente, estuvo vigente por dos años y vimos el desastre humanitario que fue eso, y aún así México decidió participar”, dijo. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo conjunto que anuncia “la iniciativa Sembrando Oportunidades” a cambio de la participación de nuestro país en “Quédate en México”.
“Nuevamente el gobierno de México se vuelve cómplice de la violación a derechos de las personas solicitantes de protección internacional, las ofrece como moneda de cambio”, afimó el IMUMI.
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La violencia de género es causa y consecuencia del desplazamiento forzado
Hasta noviembre de 2021, en México había un registro de 123,187 personas solicitantes de asilo, de las cuales el 40.7% eran mujeres migrantes, indicó Andrés Ramírez Silva, representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el foro virtual “Mujeres sobrevivientes de violencia de género solicitantes de asilo en México”, organizado por el IMUMI.
El 72% de las mujeres solicitantes de asilo huye de sus países debido a la violencia que enfrentan, por lo que es urgente que se incluya la perspectiva de género en procesos de migración en México y en los países de origen, expuso Cinthia Márquez Moranchel, consultora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el foro llevado a cabo el 7 de diciembre pasado.
AMLO rompe récord de detenciones de migrantes
En los tres años del gobierno de López Obrador la política migratoria ha ido endureciéndose: “hoy tenemos más de 27,000 efectivos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército haciendo labores de control migratorio”, nos comentó Miriam González.
El gobierno de AMLO ha implementado una política migratoria de contención muy dura para la población migrante, nos dijo la defensora de derechos humanos, por eso no es una sorpresa que haya llegado a las cifras de detención que señala la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que arroja que al último corte de octubre de este 2021 suman 228,115 personas sin documentos detenidas.
Esta es la cifra más alta para un año en el país desde que hace dos décadas, en 2002, comenzó a hacerse registro de estas estadísticas, como lo advirtió Animal Político. Es decir, que López Obrador superó el récord que tenía el gobierno de Enrique Peña Nieto con 198,000 personas migrantes detenidas en 2015, cuando se puso en marcha el Plan Frontera Sur.
Hace seis años, Andrés Manuel López Obrador criticó duramente al entonces presidente Peña Nieto y calificó a su gobierno de aceptar “el papel de policía, porque quieren que la frontera con Estados Unidos se traslade al Río Suchiate hasta Chiapas, Tabasco, Campeche al límite con Guatemala, por eso instrumentaron todo un plan para detener a migrantes centroamericanos en el sureste”. Ahora, las cosas han cambiado.
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Menos presupuesto para 2022
La diputada federal Elvia Yolanda Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano e integrante de la bancada migrante, aseguró en entrevista para Cuestione que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año no permitirá desarrollar políticas públicas en beneficio de población migrante, pues no se aceptaron incrementos para la atención de las personas en tránsito en México ni para connacionales en el exterior y de sus familias.
Desafortunadamente en México no estamos preparados con programas que realmente vean lo fundamental para las personas migrantes, nos dijo la diputada, “nosotros en Estados Unidos levantamos la voz, exigimos que respeten nuestros derechos humanos y ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos violando los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes”.
Explicó que si bien hubo una ampliación del presupuesto en el Ramo de Relaciones Exteriores fue solo para el Programa ‘Coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo’, que se dirigirá a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, no para los programas migrantes”.
“La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional es una agencia que hace iniciativas de sustentabilidad, pero en realidad no se enfoca en el tema migrante”, sostuvo.
Miriam González también nos dijo que desde la sociedad civil han insistido en que el gobierno mexicano necesita fortalecer su sistema de asilo, brindarle los recursos económicos necesarios y sin embargo siguen siendo insuficientes los recursos etiquetados para el siguiente año, pese al incremento de la población migrante en el país.
¿Nos estamos acostumbrando a esta violación de derechos humanos sistemática contra personas migrantes en México?
