Por Scarlett Lindero y Raquel Prior
Nancy Gómez Figueroa, agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ha sufrido un infierno desde que se atrevió a acusar un acto de corrupción dentro de la misma fiscalía, pues terminó siendo denunciada y violentada.
Según cuenta, la pesadilla comenzó cuando el 8 de junio de 2019 recibió una llamada de su jefe directo, Marco Antonio Montes, quien le pidió que alterara la fecha y el día de la detención de un menor de edad acusado por delito de secuestro. Esto, con el fin de que saliera libre de inmediato, nos relata.
Pero Nancy se negó. “Son órdenes superiores”, le dijo aquella noche Montes, quien en ese momento ocupaba el cargo de coordinador del Área de Adolescentes de la Fiscalía del Estado.
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“Es un asunto delicado. A fin de cuentas se tiene que hacer así… el Fiscal y todos ya están conscientes”, insistió Montes, como consta en el audio que Nancy grabó y presentó como prueba para denunciar a su jefe directo ante la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que nació en 2017 para investigar de forma autónoma los delitos relacionados a la corrupción.
Casos como el de Nancy suceden todo el tiempo, pues los Ministerios Públicos en el país enfrentan rezagos, lo que repercute directamente en la aplicación de justicia en nuestro país. Esta es una de las razones por las que el 94% de los casos no se investigan, como documentó la organización México Evalúa.
Combatir la corrupción desde el propio sistema de justicia que se encarga de investigar y castigar los delitos, debería ser lo primero que tendrían que hacer los ministerios públicos. Si desde adentro no se eliminan estas prácticas, va creciendo una cadena de impunidad que les impide hacer adecuadamente su trabajo, nos dice Estefanía Medina, abogada penalista y cofundadora de la organización Tojil, Estrategia contra la Impunidad.
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El castigo por cumplir su trabajo
Desde que Nancy denunció a su jefe directo, ha sufrido acoso laboral y amenazas. Además, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió dos carpetas de investigación en su contra: una por falsificación de documentos y otra por abuso de autoridad.
Nancy ha sido intimidada en varias ocasiones. La primera vez en su propio lugar de trabajo, en la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuando siete elementos del MP llegaron en un coche sin placas y con armas largas, el 7 de enero de 2020.
“Me decían que me subiera con ellos para que me llevaran a declarar a la Dirección General de Visitaduría (a unos 8.7 km de su lugar de trabajo), que eran órdenes del fiscal”, narra Nancy. En ese mismo momento llamó a su familia y abogado para contarles lo que pasaba y les dijo “si dejan de saber de mí o ellos logran llevarme, el último lugar en el que estuve fue en la fiscalía”.
Sin embargo, no se fue con ellos. Pero el acoso no terminó allí. Durante los siguientes meses sus vecinos le informaron que mientras ella trabajaba, personal de la Fiscalía vigilaba constantemente su hogar.
Además, durante este proceso fue separada dos veces de su cargo: la primera el 25 de enero de 2020 por falsificación de documentos. Logró regresar siete meses después gracias a un amparo.
Pero en ese momento descubrió que habían saqueado su oficina, llevándose computadora y documentos. “Solo quedó una silla”, nos contó.
Tenía apenas unas horas de haber retomado su trabajo, cuando llegó la segunda suspensión, esta vez por abuso de la autoridad. Otra vez pudo regresar gracias a los amparos que ganó en un juzgado de distrito en Jalisco.
Mientras tanto, Marco Antonio Montes, su superior que intentó que cambiara el expediente del adolescente, no ha recibido ninguna sanción, nos dice Nancy: “La única sancionada por denunciarlo fui yo”.
No solo no recibió una sanción, sino que además fue premiado con un ascenso como Director de Procesos de la Fiscalía Estatal para Adolescentes, en 2020.
Ahí no terminó el acoso para Nancy. Edgar Fernando, quien sustituyó a Montes, le dijo a Nancy: “a mí no me vas a hacer tus mamadas porque yo sí te voy a chingar”.
“El personal puede tener toda la convicción de realizar las investigaciones como mejor le corresponde, pero si las condiciones le indican lo contrario, si les castigan por hacer su trabajo de forma correcta, si le están aplicando el brazo punitivo cuando se dice la verdad y denuncian, se genera un círculo vicioso de impunidad”, nos dice Chrístel Rosales, investigadora de México Evalúa.
Violaron los derechos de Nancy
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 177/2020 (un año después de que Nancy levantó la denuncia), en donde confirma que el personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco violó los derechos humanos de Nancy y le solicita reparar el daño que le causó a ella y a su hija de cinco años, pues ambas tuvieron repercusiones emocionales durante este proceso.
También pidió aplicar las sanciones administrativas correspondientes contra el personal de la dependencia. Sin embargo, la Fiscalía del Estado se niega a aceptar dicha recomendación.
Cuestione buscó a la Fiscalía del Estado para solicitar su postura sin que hasta el momento de esta publicación haya obtenido respuesta.
En su búsqueda de justicia, Nancy recurrió al Congreso local el 12 de marzo de 2020 para destituir de sus cargos a Gerardo Solís Gómez, fiscal del estado, y Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal Anticorrupción, a través de un juicio político, por las violaciones graves y sistemáticas en su contra.
Aún se encuentra a la espera de una respuesta y busca “dejar un precedente para que en Jalisco no se normalice la violencia contra las mujeres. También quiero que las mujeres sean representadas en las fiscalías”, comenta Nancy.
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El fracaso de las investigaciones autónomas
Para hacer frente a estos y otros rezagos en el sistema de justicia, en 2016 se creó la Ley General del Sistema Nacional de Corrupción, la cual dio paso a la creación de Fiscalías Anticorrupción en las 32 entidades del país, para que investiguen de manera autónoma los delitos relacionados con corrupción.
Sin embargo, a cinco años de su creación, no hay criterios homogéneos sobre si los delitos que cometen los ministerios públicos van a ser investigados por las fiscalías anticorrupción o seguirán a cargo de los los órganos de las fiscalías estatales, dice la especialista Estefanía Medina.
El Sistema Nacional Anticorrupción, encargado de coordinar a estas fiscalías, aún no opera al 100%, porque no ha habido coordinación entre las dependencias que necesitan echarlo a andar, como documentamos en esta nota.
La importancia de que los casos de presunta corrupción al interior de los ministerios públicos se investiguen en una fiscalía especializada, y no en otro órgano de justicia, es que tiene que haber independencia en las investigaciones. “Muchas veces pueden darse casos de encubrimiento, si estos casos son llevados por los mismos servidores públicos que trabajan en estas dependencias”, explica Medina.
El caso de Nancy es sólo un ejemplo de la impunidad que permea a las dependencias encargadas de procurar la justicia, pero si la corrupción es permitida desde dentro, esto se verá reflejado también en las investigaciones que se levantan todos los días sin tener ninguna resolución.
