En 2021, niñas, niños y adolescentes se enfrentaron a más violencia y desigualdad, pero el presupuesto federal para su protección no aumentó significativamente para 2022, lo que pone en mayor riesgo a este sector frente a los impactos de la pandemia de COVID-19.
Tania Ramírez Hernández, presidenta ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), lamentó que desde las instituciones del gobierno federal la niñez es objeto de invisibilización y discriminación.
Al presentar el balance anual de la asociación civil el pasado 6 de enero, Tania Ramírez denunció que esta actitud negativa hacia la infancia se hace evidente en el hecho de que a pesar del aumento en homicidios, violencia familiar, violencia sexual, desaparición, entre otras agresiones cometidas contra niñas, niños y adolescentes durante 2021, el presupuesto federal para 2022 destinado a la atención a estos problemas sufrió recortes significativos.
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El informe “Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia” elaborado por la Redim presenta una serie de datos preocupantes sobre el aumento de violencia contra esta población. Al respecto, el documento alerta que de enero a noviembre de 2021, los homicidios de personas entre 0 y 17 años aumentaron 2.7% en comparación con 2020, al pasar de 2,182 a 2,240. Además, 12,918 personas menores de edad fueron atendidas en hospitales por violencia familiar, del cual 88.3% fueron niñas y adolescentes. Por otro lado, 6,814 menores fueron atendidos por violencia sexual, del cual 92.8% fueron niñas y adolescentes mujeres.
Otro de los indicadores de la grave violencia contra la niñez, que representa un tercio de la población mexicana, es la desaparición forzada. De acuerdo con los registros institucionales iniciados en 1964, hasta el 20 de diciembre de 2021, 15,818 niñas, niños y adolescentes continúan desaparecidos o no localizados, 55% de estos casos son niñas y mujeres adolescentes, se detalla en el balance.
La Redim alertó que aún frente a esta crisis de seguridad, el presupuesto de 2022 destinado a la niñez presenta un incremento insuficiente e incluso menor al de años anteriores. Ya que de 2020 al 2021 hubo un incremento de 11.3%, pero del 2021 al 2022 el incremento es solo de 5%. Si se considera que la inflación se prevé sea de 3.5% para este año “en términos reales no podemos ver un aumento significativo en el presupuesto destinado a la niñez en el país”, aclara la organización.
El panorama se agrava aún más dado que el gobierno federal operó una reducción presupuestal en rubros orientados a la protección y defensa de los derechos humanos de la niñez, así como a la prevención de la discriminación, lo cual ocurre específicamente en el Anexo 13 del Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, con una disminución de “10 millones de pesos a 1.5 millones de pesos” para este año.
Esto afectaría la atención y el acceso a derechos de esta población, sobre todo “en el rubro para investigar y perseguir delitos en materia de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de la República”, nos comentó en entrevista Tania Ramírez, representante de la Redim.
El otro indicador político importante para atender los derechos de la niñez, además de la asignación del presupuesto, es que el presidente designe titular para el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), pues desde marzo de 2021 no tiene. Aunque, en noviembre del año pasado la Presidencia presentó una iniciativa para integrar el SIPINNA al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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Programa de protección de la niñez sin presupuesto
A la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (PRONAPINNA), que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sin embargo, este programa que contiene las políticas, objetivos y estrategias prioritarias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes no tiene presupuesto etiquetado, pues fue publicado después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.
Esto implica una “violación sistemática” a dichas normas nacionales y a la Constitución mexicana, pues la ausencia de presupuesto y la disminución “transgreden el principio de progresividad de los derechos humanos” establecido en el Artículo 1º constitucional, nos expuso la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la Comisión de derechos de la niñez y adolescencia de la Cámara de Diputados; comisión que analizará el PRONAPINNA y su falta de presupuesto en las siguientes semanas.
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Otras reducciones al presupuesto para 2022
De acuerdo con el balance de la Redim de 2021 a 2022 hubo disminuciones en otras áreas clave para este grupo de población. Tal es el caso del rubro de la salud, donde la asociación civil encontró una disminución de 8.6%, que corresponde a la reducción de 7,380 millones de pesos destinados a la atención a la salud; además de un recorte de más de 9,330 millones de pesos destinados a medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral y a una disminución de 56% al programa de atención a personas con discapacidad.
Asimismo, la Redim identificó una reducción de 8% al programa de expansión de educación inicial. Adicionalmente, la asociación civil señaló la ausencia de acciones y programas para sustituir el programa de estancias infantiles en apoyo a las madres trabajadoras, que fue eliminado en 2019.
Con el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, alrededor de 300,000 niñas y niños eran beneficiados, principalmente pobres e indígenas. Sin embargo en la actualidad, de acuerdo con las reglas de operación del Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras establecidas por el mandatario federal en 2019 (para que se entregue directamente 1,600 pesos cada dos meses a la madre, padre o tutor), solo se atienden a 90,000 niñas y niños menores de cuatro años de edad, nos detalló Juan Martín Pérez, coordinador regional de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Los recortes presupuestales para este año también alcanzaron al Sistema Nacional DIF que en 2021 enfrentó dificultades para mantener e incorporar “personal profesional de alto perfil que permita cumplir con sus responsabilidades legales y a la emergencia social que representan los impactos negativos de la violencia y la pandemia en México”, señala la Redim.
De igual forma, “las Procuradurías de Protección de Niñez de los Estados y Municipios fueron debilitadas en su presupuesto, personal y capacidad de respuesta. El país sigue sin tener información oficial y verificada sobre la niñez vulnerable y en riesgo. El DIF sigue sin cumplir con el desarrollo de los padrones de niñas y niños en orfandad por feminicidios y por el crimen organizado”, se detalla en el informe.
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Reducciones al presupuesto para niñez en tres años anteriores
Desde que inició la administración del presidente López Obrador se han registrado reducciones y variaciones al presupuesto federal para la niñez.
De 2018 a 2020 hubo una “drástica reducción” que fue de más de 32,620 millones de pesos, que significó un retroceso de nueve años. En 2021 hubo un incremento al presupuesto de 10,986 millones de pesos. Pero este aumento representó que únicamente se recuperó una tercera parte del presupuesto que se había reducido hasta el 2020, por lo que en los primeros tres años del gobierno de AMLO se tuvo un “déficit presupuestal” para la infancia, como lo documentó el colectivo Pacto por la Primera Infancia.
Los rubros que han sufrido mayores recortes son Bienestar (antes desarrollo social), la asignación a la Fiscalía General de la República, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, indica la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un informe especial.
Entre 2018 y 2020, se eliminaron 17 programas presupuestales asociados a la primera infancia y surgieron siete programas nuevos, por lo que el balance final es una disminución de 10 programas, según este otro estudio del Pacto por la Primera Infancia.
A partir del 2019, en el rubro de Bienestar el gobierno federal desapareció varios programas sociales: el de Jornaleros agrícolas, el Programa de Coinversión Social, el Programa Prospera de Inclusión Social, y el Programa de estancias infantiles, que fue sustituido por el Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, ”con un monto menor en comparación con 2016”, entre otros.
La Redim informó que el presupuesto de 2021 presentó una disminución de recursos para el Programa de Salud Materna y Reproductiva y para el Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF. Asimismo, la asociación destacó que no se le asignó presupuesto a la coordinación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI).
Por todas estas reducciones y variaciones del presupuesto destinado para la niñez, la CNDH llama al gobierno a realizar las modificaciones normativas para que el presupuesto anual “se incremente progresivamente y se proteja su monto por ley para evitar medidas regresivas” para esta población.
