Niños gritan consignas; les enseñan a disparar con rifles y escopetas; patrullan las calles de Ayahualtempa, Guerrero, algunos sin más defensa que palos y ramas. “Exigimos seguridad, maestros, apoyos”, demandó Bernardino Sánchez Luna, coordinador de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla.
En 2020, 19 niños desfilaron con armas en respuesta al asesinato de sus papás en Chilapa. Diez músicos fueron torturados y mutilados por el grupo delictivo Los Ardillos, con presencia en el estado desde hace dos décadas, como lo contamos en esta nota.
Escenas como la de Ayahualtempa no son nuevas. En 2019, ocho niñas y niños del poblado de Rincón de Chautla fueron grabados portando palos, mientras uno lanzaba advertencias contra Los Ardillos, quienes mataron a 12 policías comunitarios.
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¿Compromiso incumplido?
Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, nos dijo que la persistencia de niños armados “habla de una indolencia del Estado mexicano”.
El especialista explicó que este fenómeno “no solo habla de una pasividad sino también de una irresponsabilidad por parte de los gobernantes. Y ahí hay que meter al mismo saco tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Enrique Peña Nieto”.
En abril de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador firmó #MxporlaNiñez, una iniciativa promovida por Aldeas Infantiles SOS México, ChildFund México, Fundación JUCONI México, Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Save the Children y World Vision México.
El documento contiene nueve compromisos, entre los que se resalta inversión pública para la niñez y adolescencia; salud; educación y acciones incluyentes. Pero el punto cuatro es brindar “protección contra todas las formas de violencia e impunidad”.
“El proyecto nuestro en materia de Desarrollo Social busca establecer el estado de bienestar, esto es, que el ser humano tenga seguridad desde que nace hasta que muera”, dijo López Obrador ese día.
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Acciones en Guerrero
El pasado 22 de abril, el presidente reiteró su postura de rechazo a los niños en grupos de autodefensa. “Les digo a los niños: no a la violencia, nosotros vamos a protegerlos… Nada justifica el que se utilice a los niños, nada, ni porque hay inseguridad”, dijo.
La protección, afirmó, les permitirá estudiar, “que tengan becas, que puedan salir adelante con el estudio, con el trabajo, que eso es lo que estamos procurando, eso es lo que puedo comentar, pero no a la violencia”.
Sobre la seguridad mencionó la participación de la Guardia Nacional. “Va a seguir participando, protegiendo a los ciudadanos. Para eso se creó, para proteger a los niños, a las niñas, para proteger a todos los mexicanos”, señaló el mandatario.
“Eso habla de una visión bastante corta y simplificadora del problema. Decir que el reclutamiento infantil se resuelve con más seguridad, parece que no está apuntando ni siquiera al contexto del problema ni siquiera al fondo. Eso simplemente habla de una respuesta evasiva más que ignorante del presidente”, dijo Tirado Cervantes, académico de la Ibero.
Y los otros datos, también son reveladores
Datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, ubican al municipio José Joaquín de Herrera, al que pertenece Ayahualtempa, con una población de 17,971 de los cuales solo 25 no son ni pobres ni vulnerables por carencias en una localidad con “rezago social muy alto”.
En el documento se hace referencia a 67,350 millones de pesos como parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, pero no se cuenta con datos de cómo y para qué fueron destinados.
Sin embargo, el presidente tiene otros datos. Durante una gira realizada por Acapulco en agosto de 2020 resaltó cifras de los programas sociales de su gobierno en el estado:
- 39,465 jóvenes adheridos a Jóvenes Construyendo el Futuro.
- 18 mil estudiantes reciben la Beca Benito Juárez de 2,400 pesos mensuales.
- 37 mil niñas y niños con discapacidad reciben pensión.
- 257 mil adultos mayores reciben apoyo de Bienestar.
- 38 mil créditos de 25 mil pesos se otorgaron a micro y pequeñas empresas.
¿Y qué hay con Ayahualtempa?
Representantes del gobierno federal y el gobernador Héctor Astudillo se reunieron el 28 de enero de 2020 con pobladores de Ayahualtempa, tras la aparición de los primeros videos con niños armados.
Se comprometieron a enviar maestros, construir aulas, apoyar a viudas y a huérfanos, recordó Bernardino Sánchez Luna, coordinador de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla.
“En Ayahualtempa hay nueve viudas que esperan recibir apoyos; hay 34 desplazados y 14 huérfanos. Y de los tres maestros que ofrecieron enviar, aún los seguimos esperando”, expuso Sánchez Luna.
El gobernador de Guerrero calificó el pasado 12 de abril como “irresponsable” el armar y grabar a niños del Ayahualtempa cuando han brindado apoyo a la población.
“Las diferentes secretarías del Gobierno Estatal, así como el DIF Estatal, apoyaron a las viudas de los músicos asesinados, con los gastos médicos, la reposición de las camionetas incendiadas”, indicó el mandatario estatal.
Además, dijo, se tuvo “una inversión de 7.1 millones de pesos; se construyeron 32 viviendas tanto en Chilapa como en José Joaquín de Herrera para las familias afectadas; cinco viviendas están suspendidas por el tema de la pandemia”.
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Leyes contra niñas y niños armados, pero…
Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Ibero, nos explicó que esto también tiene que ver con el “Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, o sea no es cualquier cosa”.
El Derecho Penal Internacional reconoce como crimen de guerra “el reclutamiento, el alistamiento y la utilización de niños menores de 15 años para participar en hostilidades”.
El artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que los menores de edad tienen derecho a una vida libre de violencia; mientras que en el artículo 16 precisa que bajo ninguna circunstancia deben ser “utilizados en conflictos armados o violentos”.
Niños armados de Guerrero… ¿una vía de exigencia o desatención de gobiernos federal y estatal para regiones marginadas?
