El 20 de julio, Estados Unidos (EU) y Canadá hicieron una solicitud formal al gobierno de México para que explique por qué está favoreciendo indebidamente a las empresas del Estado -Pemex y CFE- en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Y es que los montos de las inversiones energéticas que según Estados Unidos y Canadá estarían en peligro por las políticas energéticas del gobierno mexicano y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos suman aproximadamente $20,000 millones de dólares ($10,000 millones de EU y otros $10,000 millones de Canadá).
De acuerdo con Lila Abed, directora adjunta del Mexico Institute -una organización dedicada a mejorar la comunicación y la cooperación entre México y EU- las políticas específicas que está cuestionando EU son las derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos.
La Ley de Industria Eléctrica -sujeta a revisión judicial- da prioridad a las centrales de la CFE y por tanto perjudica a generadores privados y la Ley de Hidrocarburos hizo más fácil suspender permisos de compañías privadas y fortaleció la infraestructura pública a favor de Pemex, explica Abed en su cuenta de Twitter.
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Las consultas deberán empezar en los 30 días siguientes a la solicitud de EU y Canadá.
Una vez que inicia la consulta, si México no logra dar explicaciones y hacer modificaciones a su política energética en máximo 75 días Canadá y EU podrán pedir que se forme un panel para resolver la controversia. Ahí, dos representantes de México, dos de EU y Canadá y uno más que debe ser acordado por ambas partes, decidirán sí México debe modificar sus reservas y dar un trato adecuado a las empresas de aquellos países.
Además, dicho panel podría llegar a sancionar a nuestro y, en el peor de los casos, imponer sanciones monetarias para México que, de acuerdo con Darío Celis, podrían sumar hasta $20,000 millones de dólares o alrededor de $400,000 millones de pesos (dos veces el costo probable de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco).
Estas sanciones no son multas, sino que Estados Unidos podría imponer aranceles en otros sectores como la agricultura o las manufacturas de automóviles para recuperar lo que perdiera en el sector energético, lo que además acabaría siendo pagado por los productores y exportadores de esos otros sectores y los importadores y consumidores estadounidenses que tendrían que comprar los productos mexicanos a mayores precios.
Y pese a la gravedad de lo que enfrenta el Estado mexicano, el 20 de julio el presidente López Obrador respondió a la solicitud del gobierno estadounidense en la conferencia de prensa de Palacio Nacional con la siguientes palabras:
“Cuando estábamos revisando el tratado ya habían negociado los del gobierno anterior un capítulo completo donde se comprometía México con una política que nosotros consideramos violatoria de nuestra soberanía en materia energética (…) dije que eso no lo aceptábamos (…) Al final, decidieron informarle (al presidente Trump) y el presidente Trump dijo ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo, y fueron dos párrafos que tienen que ver con ‘el dominio de la nación sobre nuestra política energética’. Sí, eso y otras cosas y ya, continuó la negociación y no pasó nada”.
¿A qué se refiere el presidente con el capítulo 8 y cuáles podrían ser sus alcances en una eventual controversia entre los países de América del Norte?
Dicho capítulo reconoce que México tiene dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible sobre sus hidrocarburos.
Para el presidente, es suficiente que establezca que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación y tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional” de conformidad con la Constitución mexicana, para proteger sus reformas y políticas energéticas de controversias internacionales.
Defensa engañosa
Sin embargo, de acuerdo con una persona que fue cercana a las negociaciones del TMEC -y que prefirió mantener el anonimato-, el capítulo 8 no ampara a México ante un posible panel de controversias y el país podría acabar teniendo una sanción que impactaría en el comercio internacional del país.
El capítulo 8 no puede leerse de manera aislada, recordando que todo el T-MEC es un conjunto de normas que deben de leerse de forma armónica, aseguró uno de los entrevistados.
También nos dijo que es cierto que el capítulo 8 fue negociado por Jesús Seade porque López Obrador le pidió que se asegurara de que se respetaría la Constitución en esta materia, y que se eliminó el capítulo energético que se había negociado anteriormente, como dijo el presidente.
Sin embargo, la nueva redacción que aceptaron EU y Canadá se trata de un “texto inocuo”, es decir, podría considerarse como un mero simbolismo que concedieron al presidente, pero que muy probablemente no será tomado en cuenta por un panel para resolver la controversia en cuestión.
Porque además, en el capítulo 8 México se reserva derechos que tiene garantizados, al igual que los demás países, con la condición que no sean contrarios a lo negociado (como se estableció en el artículo 32.11 del TMEC), con lo que EU y Canadá tenían garantizado el acceso al mercado energético mexicano, añadió el especialista.
El capítulo 8 no funciona como reserva
El problema para el argumento del presidente López Obrador es que ese capítulo 8 no tiene los alcances de una reserva sobre energía como sí la tenía, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que imposibilitaba la participación de empresas y personas extranjeras “en la industria del gas líquido de petróleo y en la distribución de gasolinas y otros combustibles”.
Al final, la función de los panelistas será específicamente determinar qué visión debe prevalecer, si la que ha defendido una parte del gobierno mexicano (desde la oficina de la Presidencia, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía) o bien la que reclaman EU y Canadá, concluyó el entrevistado.
El problema es que esa disputa jurídica puede costarle a México muchísimo dinero pero además, una pérdida de confianza de los inversores internacionales que tendría consecuencias económicas imprevisibles.
