Aunque el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para extender la presencia del Ejército en labores de seguridad pública no pasó en el Senado y será devuelto a comisiones, las modificaciones a cuatro leyes secundarias para permitir la entrega del control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sí prosperó.
En ese contexto, y tras el reconocimiento del Ejecutivo que insistirá en el tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recordó que desde 1998 el país ha recibido 30 recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad.
A pesar de que México ha admitido todas las recomendaciones, el reciente debate sobre la militarización de labores de seguridad pública haría pensar que no ha aprendido la lección.
Las recomendaciones compiladas por la ONU en este documento dan cuenta de varias ocasiones del uso excesivo de la fuerza por parte de personal militar, lo que representa una grave amenaza para los derechos humanos.
Un viejo problema
La primera de las recomendaciones fue extendida en 1998 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que llama al el gobierno de México a salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en las zonas de conflicto, especialmente donde operan cuerpos policiales y armados.
Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo, que revisara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido por la legislación internacional en la materia, en especial por el artículo 27 de la Convención Americana.
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Un año más tarde, en 1999, el Comité de Derechos Humanos recordó que el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de fuerzas de seguridad civiles.
Más tarde, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Asma Jahangir, recomendó al gobierno mexicano continuar capacitando a fuerzas de seguridad y el Ejército en materia de derechos humanos. También llamó a desmilitarizar a la sociedad y a evitar delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito.
Calderón y la guerra contra el narco
Algunas de las recomendaciones más relevantes ocurrieron entre 2009 y 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, quien impulsó una política de seguridad bélica y en cuyo sexenio se disparó la violencia.
En cinco recomendaciones emitidas por separado en tan sólo dos años por la OACNUDH, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y el Comité Contra la Tortura pidieron al gobierno de Calderón retirar a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
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También lo llaman a permitir a los tribunales civiles jurisdicción sobre los hechos y violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de labores de seguridad pública y a adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del Ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas.
EPN recibe más recomendaciones y AMLO se confronta con la ONU
En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuando más recomendaciones se emitieron, pues sumaron 14. Todas pedían regular el uso del Ejército en labores de seguridad pública.
En tanto, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han emitido cuatro recomendaciones. La más reciente de ellas fue presentada este año por parte del Comité contra la Desaparición Forzada.
En su informe, el Comité detalla que más del 98% de las desapariciones observadas ocurrieron entre 2006 y 2021 y solamente entre el 2% y el 6% habían sido judicializadas, con apenas 36 sentencias.
En la recomendación, el Comité invita al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública y recomienda establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
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Esto generó una fuerte respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acusó que el Comité carecía de información detallada.
“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad”, dijo.
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción ni la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”.
“Ya no es lo mismo que antes”, argumento para el uso del Ejército
El argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de los legisladores y legisladoras de Morena es que el Ejército es distinto ahora, que sus efectivos participan en cursos de derechos humanos y sus funciones e historia son distintas a las de los ejércitos que han instalado dictaduras militares.
Pero la ONU piensa diferente. La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, externó su preocupación por la decisión del Congreso de la Unión de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego que la iniciativa del presidente fuera aprobada en el Senado con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención.
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“Las reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, afirmó.
La Alta Comisionada interina recordó que, pese al aumento constante de la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas desde 2006, esta situación no condujo a una reducción duradera de la criminalidad, sino que provocó un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
“Las fuerzas de seguridad deberían estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluida la rendición de cuentas”, afirmó.
La Ley de la Guardia Nacional y la iniciativa para extender la presencia del Ejército en las calles contravienen las recomendaciones que México acepta, pero ignora.
