En México han desaparecido 99,167 personas de 1964 a la fecha. Casi 100,000 hombres, mujeres, niños y niñas que no han sido localizadas por las autoridades y cuyas familias no han recibido ninguna explicación sobre qué les sucedió –de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Para la doctora en Historia Adela C. Cedillo la actual crisis de desapariciones forzadas de mujeres en realidad es la misma que comenzó en los años 70 cuando el Estado perseguía y desaparecía a opositores.
“Y desde entonces esta crisis no ha hecho sino incrementarse en el país”, de acuerdo con Cedillo, debido a dos fallidas guerras contra las drogas –que crearon redes entre el crimen organizado y las autoridades– y a los altos niveles de impunidad en la que “prácticamente cualquier persona puede torturar y desaparecer a otra persona sin consecuencias”.
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El origen: un Estado represor
La especialista en historia latinoamericana Adela C. Cedillo nos explicó que la actual crisis de desapariciones forzadas en el país tiene como origen el gobierno del priista Luis Echeverría entre 1970 y 1976.
“La desaparición forzada se establece como una práctica en los años 70, cuando el Estado utilizó –como arma contra opositores– al aparato de Seguridad Nacional, como el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, las policías, desde la municipal a la judicial federal”, dijo la experta.
De acuerdo con Cedillo, durante esa década tanto la Dirección Federal de Seguridad –la agencia de espionaje a cargo del presidente– como las Fuerzas Armadas y las policías crearon un circuito para espiar, perseguir, torturar y desaparecer a miembros de movimientos sociales y guerrillas, sin ningún juicio de por medio y sin explicación para sus familias.
“Este aparato, esta maquinaria, ese circuito de desaparición de personas, las prisiones clandestinas, toda la infraestructura que se utilizó, realmente nunca fue desmantelada y nunca se dio una explicación a la sociedad de qué pasó con los desaparecidos”, explicó Cedillo.
Agregó que un ejemplo lamentable de que esta red de desaparición nunca fue llamada a rendir cuentas es que Rosario Ibarra de Piedra “acaba de morir sin que se le haya dado una explicación oficial de qué pasó con su hijo”.
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Esa red de desaparición que nunca se desmanteló, quizás la dejó de utilizar el Estado con fines políticos en los años 80, de acuerdo con la experta, pero se siguió utilizando en la primera guerra contra las drogas que emprendió México desde los años 70.
“Ya no había guerrillas, pero en lugar de erradicar las desapariciones, éstas se volvieron más complejas, especialmente en los años 80. Al problema de la ‘guerra sucia’, le siguió el narcotráfico y la alianza entre las autoridades y las redes de macro criminalidad”, nos explicó la especialista.
La guerra contra las drogas agudizó la crisis
Desde los años 80 “empezaron a crearse alianzas entre las corporaciones policíacas y militares con el crimen organizado”, que empiezan a cubrirse las espaldas pero también a brindar una especie de servicio de suministro de personas en total impunidad, nos explicó la doctora Cedillo.
“Estos pactos entre corporaciones de seguridad y el crimen organizado quedaron al descubierto con la segunda guerra contra las drogas que inició el expresidente Felipe Calderón en 2006 pero que sigue hasta la fecha aunque López Obrador la haya querido finalizar por decreto”, explicó la especialista.
Esta especie de suministro de personas comenzó con la desaparición forzada de “mano de obra especializada”, hombres y mujeres que eran víctimas de “levantones”, pero que no eran secuestradas porque no se pedía una cifra a cambio de su libertad.
“Podían ser profesionistas muy especializados, por ejemplo químicos farmaco-biólogos, ingenieros de telecomunicaciones, o sea, personas que podían ser funcionales a las estructuras del crimen organizado”, explicó.
El objetivo era tenerlos trabajando “en una especie de esclavitud, sin poder comunicarse con sus familias, utilizados, desechados, en una forma de explotación laboral humana extremadamente cruel”.
Después las víctimas de desaparición forzada comenzaron a ser personas en situación de pobreza, migrantes, desempleados que fueron y todavía son utilizados para trabajar en los campos de amapola, en laboratorios clandestinos, para transportar drogas o realizar otro tipo de actividades y después son asesinados.
“Son muy pocas las personas desaparecidas a las que se ha encontrado con vida. Es una zona gris porque no se sabe si los desapareció la gente del crimen organizado o agentes del Estado que después los vendieron al crimen organizado. Se ha vuelto muy confuso porque no hay ningún tipo de investigación”, explicó Cedillo.
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La crisis de desaparición de mujeres
Por último, un tercer fenómeno de desaparición forzada comenzó a ocurrir en los 90 en Ciudad Juárez y ahora sucede en todo el país, las mujeres víctimas de redes trasnacionales de criminalidad que trafican con ellas o bien de violentadores que actúan por cuenta propia gracias a los altos niveles de impunidad que se viven en nuestro país.
“Notamos una cascada de desapariciones con muy poca distancia temporal, prácticamente cada semana escuchamos de casos de mujeres que han sido secuestradas, desaparecidas”, explicó la experta, quien también señaló que las redes de tráfico de personas también desaparecen a niñas y niños.
Sin embargo, ahora este fenómeno está en un área todavía más gris, “es un patrón difuso porque al tratarse de violencia de género, ya no sólo se trata del Estado o del crimen organizado, sino también de personas psicópatas”.
“No hay límite. En México se puede desaparecer, matar, torturar sin ningún tipo de consecuencias porque el aparato judicial está totalmente corrompido y no hay voluntad de justicia. Es muy difícil reformar un sistema en donde tantos eslabones están fallando”, concluyó Cedillo.
¿Algún día existirá la voluntad del gobierno para acabar con la crisis de desaparición forzada que vive México desde hace décadas?
