La justicia en México tiene grandes deudas y, entre ellas, está el respeto a los derechos humanos que tienen las personas con algún tipo de discapacidad, como en el caso de Jorge Burelo.
Jorge se presentó un día frente a su familia y dijo que era Jehová. Tenía 25 años. Eran las primeras alertas de lo que después se convertiría en esquizofrenia, un trastorno mental que hace que las personas tengan alucinaciones.
Fue arrestado en mayo de 2019, acusado del homicidio de un joven que conocía del gimnasio al que los dos asistían, en el Estado de México. Sin embargo, varias organizaciones civiles, como Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, Reintegra y el Instituto de Justicia Procesal Penal, se han unido para alertar sobre las violaciones a los derechos humanos y debido proceso del que son víctimas personas con alguna discapacidad psicosocial, como Jorge.
Arresto irregular
Antes de ser diagnosticado con esquizofrenia, la vida de Jorge dio un giro de 180 grados. El 17 de mayo del 2019, nueve hombres esperaron a que Jorge saliera de la casa de su papá, en la alcaldía Gustavo a Madero de la Ciudad de México. Cuando el joven salió, entre todos lo golpearon y subieron a la fuerza a una camioneta, sin identificarse. “¡Ya valiste madre!”, le dijeron.
Todo parecía indicar que se trataba de un secuestro. La familia de Jorge esperó largo tiempo junto al teléfono por la llamada que solicitaría el rescate. Pero el teléfono no sonó. Ni siquiera para avisarles que, dos horas después de su detención, Jorge fue presentado ante al ministerio público, relata Cutberto Burelo, su papá, en entrevista con Cuestione.
A Jorge nunca le leyeron sus derechos, no le dejaron hacer una llamada para avisarle a su familia que estaba detenido y no fue presentado ante un juez. Es decir, su derecho al debido proceso fue violado durante su detención.
Cinco horas después, ya en el Ministerio Público y acompañado de su familia, les avisaron que había una orden de aprehensión por homicidio en contra Jorge y sería trasladado al reclusorio Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, Estado de México.
Jorge lleva 14 meses en prisión, nunca le presentaron su primera orden de aprehensión y por supuesto, no ha sido sentenciado.
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Derechos humanos ignorados
El proceso penal ha estado lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
Para empezar, los jueces se niegan a reconocer que Jorge tiene una discapacidad psicosocial, por la esquizofrenia que le fue diagnosticada hace un año, a pesar de que los dictámenes periciales de psiquiatría (de los cuales Cuestione tiene copia) han demostrado su condición, nos cuenta Ricardo Pérez, su abogado.
Además estuvo seis meses sin recibir ningún tipo de medicamento para tratar su trastorno. Ahora, Jorge está en el área de servicio médico del reclusorio, bajo observación. Pero por su condición debería contar con un seguimiento por especialistas que le brinden atención psicoemocional y los fármacos que requiere, lo cual hasta ahora no sucede, nos explica su abogado.
Uno de los derechos a los que debería de tener acceso una persona con discapacidad psicosocial es que sean valoradas y diagnosticadas por especialistas, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico. Esto, con el fin de que sean atendidas por un médico psiquiatra, de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así mismo, este derecho está contemplado, para todas las personas con algún tipo de discapacidad, en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos con las Personas con Discapacidad.
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Justicia incluyente
Como Jorge, hay unas 3,222 personas con discapacidad psicosocial presas, y poco más de mil inimputables (una figura legal que establece que no comprenden sus actos y anulan sus derechos a tomar decisiones como declarar, apelar o nombrar un abogado), de acuerdo con los datos de la CNDH.
Por eso es que, como Jorge, todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, deben tener derecho al acceso a procesos de justicia incluyente, que reconozca que hay poblaciones discriminadas por su condición social y de salud.
Con justicia incluyente, las autoridades tienen que hacer adecuaciones para facilitar su participación en los sistemas de justicia, nos explica Víctor Lizama, integrante del programa de Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.
En el caso de las personas con discapacidad se deben eliminar barreras que los limitan para tener un adecuado proceso. Estas van desde que se les asigne algún intérprete si lo requieren, a que se les facilite la comprensión de sus casos, o el apoyo de algún especialista para el acompañamiento de su caso, nos explica Víctor Lizama.
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El estigma
Otro de los problemas a los que se enfrentan estas personas es el estigma y la revictimización. Se cree que la gente con discapacidad es peligrosa y violenta, y aquí hay un riesgo, pues es más fácil que se les acuse de un delito y son más vulnerables a que se violen sus derechos, dice Lizama.
Un caso similar al de Jorge es el de Arturo Medina, un joven con discapacidad intelectual que en 2011, cuando tenía 21 años, fue detenido y acusado de robar un coche, a pesar de que no sabía ni manejar. Por este delito estuvo preso cuatro años en el Centro de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), del Reclusorio Sur.
La ONU reconoció por primera vez, en septiembre de 2019, que el Estado Mexicano incumplió con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de Arturo Medina, pues se violaron sus derechos humanos al no reconocer sus capacidades jurídicas en todo el proceso.
Los derechos de todas las personas con discapacidad están reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales de nuestro país.
Las personas con discapacidad tienen derecho a:
-No sufrir discriminación durante su proceso penal
-Ajustes a sus procesos para tener las mismas oportunidades que las personas que no tienen discapacidad
-Tener acceso a asistencia legal gratuita
-Contar con herramientas auditivas y tecnológicas que les permitan tener acceso a sus documentos
Hoy, México tiene la obligación de ajustar sus leyes para integrar las recomendaciones que han hecho las organizaciones internacionales para evitar que las personas sean discriminadas y violentadas.
