“Otras contrataciones”, el opaco procedimiento con el que el gobierno gastó 79,000 millones de pesos

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En los dos primeros años de este gobierno, las autoridades federales gastaron casi 79,000 millones de pesos a través de una forma de contratación pública que fomenta la opacidad y puede dar pie a la corrupción, de acuerdo con expertos.

La información del portal de compras del gobierno, Compranet, muestra que entre 2019 y 2020 las dependencias utilizaron el procedimiento “Otras Contrataciones” en casi 10 de cada 100 pesos que contrataron.

Esto quiere decir que no queda clara la forma en que las dependencias realizaron los tratos con las empresas: si hubo un proceso de competencia (licitación pública) o si se adjudicó directamente.

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A pesar de la bandera de combate a la corrupción de la administración actual, los casi 79,000 millones de pesos gastados por esta vía contrastan con lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en su último año de gobierno.

Como muestra la gráfica de arriba, en 2018 el gobierno federal gastó más de 157 millones de pesos a través de este procedimiento. Para el año siguiente, este monto se incrementó 164 veces llegando hasta casi 26,000 millones de pesos.

Finalmente, durante 2020 el gasto a través de “Otras contrataciones” se duplicó respecto a 2019 y llegó a casi 53,000 millones de pesos, 336 veces más que en el último año de gobierno de Peña Nieto.

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¿Qué dicen las leyes de estos procedimientos?

A pesar de que los procesos de contratación están regulados por dos leyes -la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas– en ninguna parte de ellas se menciona este tipo de procedimiento.

Pero de acuerdo con una investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el único documento oficial que considera a las “Otras contrataciones” es un Instructivo para reportar los contratos suscritos por la Administración Pública Federal.

Este documento fue elaborado el 15 de marzo de 2019 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con los metadatos del archivo -la información que describe las características de un documento digital-.

En él se señala que en esta categoría se consideran compras realizadas con crédito externo, otras que derivan de compras consolidadas -bienes que son requeridos por distintas dependencias y se adquieren a través de una sola negociación- y algunas más para atender necesidades relacionadas con alguna emergencia o desastre natural, como la pandemia por COVID-19.

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Roberto de la Rosa, investigador del Programa Anticorrupción de México Evalúa y profesor de la escuela de gobierno del Tec de Monterrey, explicó en una entrevista que “este rubro antes estaba muy acotado” por Hacienda, pero en los últimos dos años “se abrió la puerta para que más contrataciones se realicen así”.

“Si estábamos preocupados por cómo se gastaban de forma directa los recursos públicos (adjudicaciones directas), esta situación podría ser peor por un tema de que contablemente no lo están registrando como debe ser, de acuerdo a la forma de asignación que realmente se dieron en estos contratos”.

Roberto de la Rosa, investigador de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey

De la Rosa advierte que esta situación, en el mejor de los casos, solo se refiere a “un tema de opacidad”, y en el peor se refiere a una nueva dinámica irregular de corrupción.

Finalmente aseguró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe intervenir para que las dependencias aclaren la verdadera forma de contratación que utilizaron: adjudicación directa, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

¿Qué dependencias utilizaron más este procedimiento?

De acuerdo con la información de Compranet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) utilizó la categoría “Otras contrataciones” en 586 contratos por un monto superior a los 36,705 millones de pesos (70% del monto total contratado en 2020 por todas las dependencias).

En segundo lugar se encuentra el ISSSTE que contrató bienes y servicios por este procedimiento por un monto superior a los 10,000 millones de pesos en 436 contratos. Esto quiere decir que entre ambas instituciones concentran 88.5% de los montos contratados vía “Otras contrataciones”. Las ocho dependencias que cierran el Top 10 con más gasto a través de esta vía se pueden analizar en la siguiente gráfica.

¿Quiénes fueron las empresas beneficiadas de las “Otras contrataciones”?

De acuerdo con nuestro análisis de las empresas que más recibieron recursos a través de esta forma de contratación, nueve de las empresas que conforman el Top 10 de beneficiarias son farmacéuticas.

Destaca en primer lugar Pfizer que, además de ser una de las principales apuestas del gobierno para detener la pandemia por COVID-19 a través de su vacuna, recibió 43 contratos por esta vía por un monto total superior a 3,363 millones de pesos.

Después se encuentra la empresa financiera Toka Internacional, que proveé a los trabajadores del gobierno sus tarjetas de despensa, que recibió 2,885 millones de pesos a través de 122 contratos.

El resto de empresas que conforman el Top 10 se relacionan con la provisión de bienes para el sector Salud.

¿Se involucrará Irma Eréndira Sandoval y la SFP para aclarar esta situación? 

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