Outsourcing: el gobierno elimina el problema, no lo soluciona

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El 12 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa para regular el famoso outsourcing, o subcontratación, en nuestro país.  

La misma iniciativa define la subcontratación como una práctica del mercado laboral en la que una persona o empresa puede contratar a personal experto o a los trabajadores necesarios de otra empresa “para la prestación de servicios o ejecución de obras”.

Según la iniciativa del Ejecutivo, “este régimen laboral no ha estado exento de prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores”, además de que “disminuyen las obligaciones de los patrones”.

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¿Realmente va a mejorar la condición de las y los trabajadores si se aprueba esta iniciativa contra el outsourcing? ¿Hay razones para no aplaudirla? ¿Considera todas las consecuencias?

Para ahondar en el tema, platicamos con el doctor en Economía, Marcelo Delajara, director especialista en crecimiento económico y mercado laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El complejo mercado laboral mexicano

De acuerdo con el doctor Delajara, sí es necesario regular el outsourcing para sancionar las malas prácticas, sin embargo, la iniciativa del presidente es demasiado drástica y anacrónica.

“No creo que sea la manera correcta de responder a los desafíos del mercado laboral de México, el cual salió de las grandes crisis macroeconómicas de los años 80 y 90, con un mercado laboral dividido entre trabajadores formales e informales”, dijo el experto.

Esta división del mercado laboral generó la necesidad de ofrecer seguridad social a los millones de personas en situación de informalidad, según el doctor en Economía.

Pero también provocó problemas para las empresas, como el alto costo o la flexibilidad para poder contratar para momentos o proyectos determinados, sin estar obligadas a dar empleos permanentes.

“Se ha legislado y se ha tratado de resolver la problemática de cada grupo por separado, sin tratar de unificar el mercado laboral, con suficiente flexibilidad para las empresas, y protección social y salarios razonables para los trabajadores”, dijo.

Así fue como apareció el outsourcing en la ley laboral de 2012, “como una medida unilateral que buscaba flexibilizar el mercado formal y reducir los costos de contratación y despido”.

Sin embargo, fue insuficiente, “porque vino a resolver un problema bien complejo con un parche”, es decir, le dio flexibilidad a las empresas para contratar, pero a costa de los derechos de los trabajadores.

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Los desafíos sin subcontratación

Para Delajara, “lo que ahora está haciendo el gobierno es retroceder, porque no busca armonizar flexibilidad con protección social, y cada vez que hay un cambio de este tipo, en lugar de mejorar las cosas, empeoran”.

Para el doctor en economía, esta iniciativa significa “retroceder a la situación que había en el año 2012, pero sin restablecer necesariamente los derechos de los trabajadores. E incluso empeorar algunas cosas”, como provocar “inflexibilidad y mucha pérdida de productividad”.

“Lo que va a pasar es que se va a incrementar la informalidad, donde por definición no hay derechos, y además le quita a las empresas esa flexibilidad de contratar trabajadores por momentos especiales”.

Según el experto, esta flexibilidad es vital porque permite a las empresas aprovechar una coyuntura, realizar un proyecto o poner a prueba un prototipo, sin saber si eso va a ser una actividad permanente o no.

La flexibilidad “le permite a las empresas crecer y adaptarse en una época en la que no se tiene asegurado un nicho de mercado. Las empresas funcionan bajo incertidumbre, y no con la certidumbre que suponen las leyes laborales”.

Es decir, independientemente de si las empresas tienen altos y bajos, si tiene una buena o mala época, si está creciendo o decreciendo, “a la ley laboral no le importa esta incertidumbre, lo que quiere es que los trabajadores estén ahí sin ninguna flexibilidad para las empresas”.

“La exigencia de la ley respecto del mercado laboral, no toma en cuenta que la empresa es un ente muy dinámico, muy cambiante y en evolución”, dijo Delajara.

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El asunto del desempleo

Además, para el experto, hay empleos en riesgo si se elimina la subcontratación.

“Tenemos 27 millones de trabajadores informales. Eso va a aumentar. Estas personas, el grupo de personas que ahora está subcontratada, ¿va a ser contratada de manera permanente?”, cuestionó Delajara.

Según el experto, este tipo de iniciativas lo que hacen es llevar a las empresas a comprar tecnología que les permita reemplazar a los trabajadores.

“La lógica del gobierno no se aplica, las empresas no van a decir: como ya no puedo subcontratar, ahora los voy a contratar y voy a pagar las cuotas de seguridad social”, detalló el experto.

Y añadió que “las empresas simplemente contratarán a una parte de ellos, para minimizar el costo de tener una planta laboral tan grande, y el resto tendrá que buscarse la vida”.

¿Existe otra solución? 

De acuerdo con Marcelo Delajara, se debe crear un esquema donde convivan la flexibilidad para las empresas y la seguridad social para los trabajadores.

“La solución moderna es que esa protección que el Estado pide para el puesto laboral, en realidad sea una protección para la persona”, dijo el experto.

Esto reduciría los costos de contratar y despedir a las empresas, pero no desprotegería a los trabajadores, pues la persona no perdería su seguridad social y podría tener derecho a ser capacitada.

“Es decir, el Estado asumiría el costo de la protección social y le da flexibilidad a las empresas. La persona es permanente, es un sujeto de trabajo permanente, tenga o no tenga trabajo”, detalló Delajara.

Y agregó que “a la empresa, que es algo contingente, que puede durar diez o dos o cien años, no puedes pedirle que se haga cargo de un trabajador, el cual requiere una atención permanente. Eso es un costo muy grande para una empresa”.

Según el experto, en el CEEY hicieron el cálculo de cuánto le costaría al gobierno brindar protección social a las personas y no a los puestos de trabajo, el cual se puede consultar en el documento El México del 2018.

“Para pasar a un esquema que armonice la protección y la flexibilidad, es decir, tener un sistema de seguridad social universal, necesitas aumentar el gasto del gobierno aproximadamente 2.5 puntos del Producto Interno Bruto”, detalló Delajara.

Eso era factible en condiciones normales, en las que estábamos en 2018, según Delajara, con el aumento de ciertos impuestos, pero ese es otro debate.

Un mercado laboral enfermo

De acuerdo con Marcelo Delajara esta iniciativa es muy típica de este gobierno, porque “trata de resolver un problema actuando sobre el síntoma, no sobre la causa”.

“La razón por la que existen los abusos en la subcontratación, es por no haber armonizado este mercado laboral, por no buscar congeniar flexibilidad con seguridad”.

El experto utilizó una analogía para explicarlo mejor: lo que hace esta iniciativa es tratar un dolor de cabeza con una aspirina, “sin revisar qué problemas están causando ese dolor. Es más, es peor. Me duele la cabeza, ok, córtatela”. 

Para el entrevistado, hubo abusos y empresas que violaron la ley, pero el gobierno debió haber ido tras ellas para hacer que cumplieran la ley, y no afectar al resto de empresas y trabajadores que podrían quedar sin empleo.

Y concluyó, “en el fondo, creo que al gobierno no le preocupa si la gente tiene trabajo o no, si está desempleada o no, si tiene capacitación o no, lo único que le preocupa es que se paguen impuestos”.

¿Tendrá todo esto en cuenta el Congreso de la Unión cuando se debata la iniciativa del presidente?

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