Crear un padrón que relacione cada número telefónico con los datos biométricos de una persona –huellas dactilares, iris o voz– es una medida autoritaria y compromete el legado del actual gobierno en materia de derechos humanos, de acuerdo con Iván Martínez, Oficial de Incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Esto porque el gobierno federal ya publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, después de ser aprobado por el Congreso de la Unión, y el cual tiene el objetivo, dijeron, de combatir delitos como la extorsión.
Sin embargo, Martínez opina que hay bastantes antecedentes en varios países de que la creación de este tipo de registros no disminuye el crimen y, al contrario, vulnera la privacidad de las personas, así como la presunción de inocencia.
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La ciudadanía es tratada como culpable
Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, opina que esta medida es autoritaria porque el Estado ya cuenta con herramientas para combatir la extorsión –como la localización y el acceso a datos conservados de celulares–, por lo cual este padrón luce más bien como un instrumento de control.
Por ejemplo, las autoridades policiacas podrán tener acceso al padrón sin necesidad de una orden judicial, y esto “abre el camino a que se pueda convertir en un mecanismo de control y monitoreo sobre las personas y sobre la población”.
Recordemos el caso de Edward Snowden quien, como vimos en esta nota, trabajó como consultor tecnológico en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dentro de un programa de vigilancia masiva que buscaba anticiparse a actos terroristas.
Sin embargo, como publicó Snowden en su libro Vigilancia Permanente: se podía vigilar sin necesidad de una orden judicial, se recolectaba información de todas las personas y se almacenaba para su posible uso en el futuro, o sea que cada persona era tratada como culpable en potencia.
De acuerdo con Vladimir Cortés, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU, ya ha señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona “compromete de manera muy preocupante el derecho a comunicarse de manera anónima”.
También “facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y en algunos casos hasta a la vida de las personas”.
De hecho, estas recomendaciones de la ONU son “atendiendo a las experiencias que hay en otros países, en donde bajo el paraguas de un supuesto combate a una amenaza de seguridad, en realidad se están incluyendo la recopilación de datos”, nos dijo Cortés.
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¿Una práctica de países autoritarios?
El 21 de abril de 2021, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en Twitter que 155 países obligan a los usuarios de teléfonos móviles a registrarse, y que nueve de cada 10 llamadas de extorsión son realizadas desde tarjetas de prepago, es decir que son números que no están relacionados con una persona.
Iván Martínez, Oficial de Incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), nos dijo que “es impreciso que 155 países tengan un registro de datos biométricos”, y que incluso si fuera así no hay estudios que confirmen que haya funcionado.
“En experiencia a nivel mundial, si revisamos la literatura especializada en el tema, no hay una evidencia entre la comisión de delitos y su reducción y un registro con datos biométricos. De hecho la evidencia apunta en el sentido contrario”, dijo Martínez.
Por su parte, Vladimir Cortés precisó que son 17 los países que cuentan con un registro que vincula líneas de teléfono con datos biométricos, entre ellos China, Arabia Saudita, Afganistán y Venezuela.
“Tanto el vocero de la presidencia como otros actores omiten que quienes están solicitando algún tipo de identificación biométrica, en realidad son gobiernos que tienen un corte bastante autoritario y de control, no incluye a ningún país plenamente libre y democrático”, explicó Cortés.
El resto de los países con un registro así son Baréin, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Singapur, Tailandia y Tayikistán en Asia; Benín, Mozambique, Nigeria, Tanzania y Uganda en África; así como Perú en Latinoamérica.
Iván Martínez considera que “es muy representativo que algunos de estos países tienen serias carencias sobre el respeto a los derechos humanos y es una muestra de hacia dónde va esta medida”.
Además, los dos expertos coinciden en que esta medida criminaliza a las y los 65 millones de mexicanos que aún cuentan con una línea telefónica móvil de prepago. Y tampoco ayudará a reducir la brecha digital que afecta a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, quienes encontrarían un obstáculo más para no acceder a las tecnologías de la información y la comunicación.
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Los riesgos a futuro
Vladimir Cortés considera que “es iluso pensar que alguien que va a cometer una extorsión va registrar sus datos biométricos. Va a buscar alternativas que ya existen hoy en día”.
A esta evidente falta de efectividad, hay que agregar que el gobierno “omite el fracaso que en su momento fue el RENAUT (en el sexeno de Felipe Calderón), el cual no disminuyó ni atajó las extorsiones ni al crimen organizado, y en cambio sí representó un riesgo para la población con la vulneración de la base de datos”, dijo Cortés, ya que se vendieron en el mercado negro.
Agregó que “llama la atención que durante la discusión (en el Congreso), hubo algunas posiciones del grupo parlamentario de Morena donde señalaban que con este padrón, van a poder detectar la desinformación de la oposición y detectar a quien los difama”.
De acuerdo con Cortés, esto resulta preocupante porque “ya no está el tema de seguridad en el centro de la discusión, sino señalamientos, por eso el tema de control resalta con este tipo de declaraciones durante el debate parlamentario” y hay que agregar que los datos de los teléfonos relacionados con datos biométricos se almacenarían por 10 años.
Por su parte, Iván Martínez señaló que es un riesgo para el futuro “que esto se garantice a nivel jurídico”, sobre todo pensando en probables futuros gobiernos “que sean menos respetuosos de derechos humanos”.
Es un riesgo en malas manos porque se puede monitorear a grandes sectores de la población, lo cual puede derivar en persecución y “vulnerar derechos como la libertad de expresión e incluso la propia integridad de las personas”, nos detalló.
Martínez concluyó que “este padrón continúa una grave herencia de los gobiernos anteriores sobre el nulo respeto a los derechos humanos. Es decepcionante que se continúe un legado de esa naturaleza, ante tanta evidencia de que esto no reduce el crimen y sí vulnera derechos”.
