Free Porn





manotobet

takbet
betcart




betboro

megapari
mahbet
betforward


1xbet
teen sex
porn
djav
best porn 2025
porn 2026
brunette banged
Ankara Escort
1xbet
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
1xbet-1xir.com
betforward
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
betforward.com.co
deneme bonusu veren bahis siteleri
deneme bonusu
casino slot siteleri/a>
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler

Mecanismos de participación ciudadana aún están lejos de fortalecer a la democracia

Compartir:

Los mecanismos de participación ciudadana vigentes a nivel federal y en los estados -como la iniciativa popular o la consulta de revocación de mandato– se quedan cortos en su fin de fortalecer a la democracia mexicana, nos explicaron especialistas en materia político-electoral.

También nos advirtieron que se deben simplificar los requisitos para que los también llamados mecanismos de democracia directa y participativa se puedan realizar, como por ejemplo el número de firmas ciudadanas para que sean procedentes. Igualmente, consideraron que estos ejercicios no deben ser utilizados de manera convenenciera por los gobernantes para defender sus intereses.

“Estos mecanismos son relativamente nuevos en el caso mexicano y han funcionado poco porque, por ejemplo, la ley reglamentaria de la consulta popular salió hasta 2014 y apenas el año pasado se aplicó por vez primera. Incluso en varios mecanismos hemos tenido más cambios en la ley que su aplicación práctica”, nos dijo Melisa Guerra, integrante de la Red de Politólogas.

Por su parte, Joel Ortega Erreguerena, doctor en Ciencia Política por la UNAM, nos explicó que en México tenemos “un sistema político bastante cerrado”, por lo que ejercicios ciudadanos como la consulta de presupuesto participativo -que se realiza en la Ciudad de México y otros estados- resultan “muy limitados”.

Te recomendamos: Revocación de Mandato: simulación para unos, continuidad para otros

De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el presupuesto participativo es un recurso que se destina cada año a las colonias, pueblos y barrios de la capital, para que la ciudadanía mejore su entorno proponiendo proyectos innovadores a través de una consulta. En 2022, el recurso correspondió al 3.75% del presupuesto asignado a cada alcaldía, es decir un total de cerca de $1,613 millones de pesos.

En tanto, el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, promulgada en la Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2019, estipula que los proyectos presentados por las y los colonos serán sometidos a una consulta organizada por el IECM.

Al respecto del presupuesto participativo, Ortega nos aclaró que la ciudadanía solo decide sobre “un porcentaje muy pequeño del presupuesto, es bastante limitado; mientras que los demás instrumentos son todavía más recientes, como el plebiscito y la revocación de mandato, que todavía no se aplican como se debe”.

Te puede interesar: Congreso solo ha aprobado una iniciativa ciudadana; rechazan la mayoría de ellas

¿Cómo surgieron?

En su exposición de motivos, al presentar en 2018 una iniciativa para democratizar la Iniciativa Legislativa Popular, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, señaló que con la reforma política de 2012 “se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa popular”.

Cabe precisar que el artículo cuarto de la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta el artículo 35 constitucional, define a este mecanismo como el “instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.

Mientras que la iniciativa popular, estipulada en el artículo 71 constitucional, confiere a la ciudadanía el derecho de hacer propuestas de ley. En México, un proyecto de ley ciudadana debe ser presentado por el equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores, según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

Hasta 2018, había 89,875,751 ciudadanos registrados en la lista nominal de electores, por lo que el 0.13% equivalía en ese año a 116,839 firmas para poder presentar ante el Legislativo una iniciativa popular, precisó la senadora Bañuelos en su exposición de motivos

“Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. Las reformas constitucionales en materia de democracia participativa o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN, quienes legislaron de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética (de 2013)”, abundó la legisladora.

Quizá quieras leer: Consulta ciudadana aprobada por la Corte: no queda claro qué fue lo que aprobaron

“Cambiar para que todo siga igual”

“Hoy a nivel federal no existen el plebiscito ni el referéndum, pero el centro de la discusión no está necesariamente en si necesitamos más de estos mecanismos, sino cómo hacemos para que los ya existentes funcionen bien y fortalezcan a la democracia”, nos indicó Melisa Guerra. La también maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales destacó que la Constitución capitalina sí cuenta con las figuras de plebiscito y referéndum, aunque nunca se han utilizado.

Sobre el hecho de que estos mecanismos han sido utilizados a conveniencia de los gobernantes, Joel Ortega nos aclaró que ese riesgo siempre va a existir “porque tenemos una clase política con mucha capacidad para aplicar el ‘gatopardismo’, es decir, aparentar que todo cambia para que todo siga igual”.

El autor de estudios sobre participación política llamó a la sociedad civil a involucrarse más para fortalecer la democracia directa: “mientras no haya presión social desde abajo para exigir esta participación, pues corremos el riesgo de que la clase política, los partidos y la Presidencia usen estos instrumentos demagógicamente, en sentido contrario para lo que fueron diseñados”.

En ese sentido, Melisa Guerra nos recordó lo que pasó con la consulta popular para juzgar a ex presidentes, celebrada en agosto de 2021, y con la de revocación de mandato de abril pasado: “la consulta popular fue poco convencional y diría yo que poco popular, pues no fue impulsada desde las bases sino desde el propio presidente, igual que en la de revocación de mandato”.

La experta agregó que en el primer caso lo que se consultó fue la aplicación de la ley para enjuiciar o no a ex presidentes: “la pregunta fue muy rara, si alguien la entendió que me la explique. La ley, los derechos humanos, no se consultan. Además, en términos de los requisitos para que fuera implementable, pues también resultaron muy altos y poco efectivos”.

Según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, la participación en la consulta popular fue de 7.11% del electorado, es decir, “más de 6.6 millones de personas emitieron su opinión”; de las cuales, 97.72% (6,511,385) optaron por el “Sí” y 1.54% (102,945) votaron por el “No”. Sin embargo, para que el resultado fuera vinculante, es decir, que tuviera efectos legales, tenía que votar el 40% del padrón electoral, cerca de 37,500,000 participantes, reportó El País.

La pregunta de la consulta fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

“Muchos de estos mecanismos pueden ser utilizados no con una intención democrática, sino para privilegiar el statu quo (orden establecido), promover a un gobierno o darle legitimidad”, nos dijo Guerra, quien recalcó que la consulta de revocación de mandato fue impulsada por el Ejecutivo, cuando el origen y función de este mecanismo es que el electorado decida si un gobernante debe continuar o no su mandato.

“Todo esto también tiene que ver con los pesos y contrapesos en las instituciones, si no los hay en una democracia -así tengamos las leyes más perfectas y más bellas que podamos imaginar-, pues no van a funcionar estos mecanismos”, concluyó la maestra en Políticas Públicas Comparadas.

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe las noticias más relevantes de México cada mañana, inicia tu día informado.