Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las empresas productivas del Estado –Pemex y CFE– generaron presuntos daños a la hacienda pública por 2,167 millones de pesos.
A través de 32 pliegos de observaciones, la autoridad encargada de fiscalizar el gasto de los recursos del gobierno federal detectó que la empresa petrolera mexicana hizo mal uso de 1,568 millones de pesos por omisiones en la aplicación de penas a contratistas por incumplir plazos o contratos, no realizar obras de apoyo a las comunidades o al medio ambiente donde se llevan a cabo proyectos, no presentar comprobantes, entre otras causas.
Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, la ASF emitió 10 pliegos de observaciones que estiman un daño a los recursos públicos por 598,869,949 pesos causados por salidas en efectivo que incumplen los manuales administrativos, diferencias entre importes reportados como gastados por la empresa y los comprobados por la Auditoría, y por pago de servicios que no se comprobaron que se hayan recibido, entre otros.
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Pemex aún debe aclarar casi 6,000 millones a la ASF
Además de los daños que ya cuantificó la Auditoría Superior, en su informe final de 2019 -presentado el pasado 20 de febrero- la entidad fiscalizadora explica que realizó tres solicitudes de aclaración a la petrolera por un monto de 5,917,459,164 pesos.
De acuerdo con la ASF, Pemex Exploración y Producción (empresa subsidiaria de la petrolera) tendrá que aclarar y proporcionar información sobre una inspección que realizó previo a la instalación de ductos por un valor de 3,339 millones de pesos.
Las otras dos solicitudes las realizó a Pemex Corporativo -otra subsidiaria- para aclarar y comprobar el uso de 2,578 millones de pesos en la adquisición de autotanques, y por derechos registrados por la subsidiaria en una cuenta bancaria.
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Por su parte la CFE no recibió ninguna solicitud de aclaración para el ejercicio de recursos de 2019.
¿Qué sigue para la ASF respecto a estas solicitudes?
Después de haber presentado los informes a la Cámara de Diputados, la ASF tiene 10 días hábiles para presentar las solicitudes a las subsidiarias de Pemex involucradas, quienes tendrán 30 días hábiles para presentar información que acredite o justifique el uso de esos recursos.
Una vez presentada la evidencia, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con 120 días para analizarla y decidir si se considera concluida la acción o si se emite un Pliego de Observaciones que cuantifique el daño a los recursos públicos de la Federación.
Si se emiten estos pliegos, las dependencias fiscalizadas atraviesan el mismo proceso de intercambio de pruebas e información, pero en esta ocasión deben comprobar el reintegro de los recursos.
De no hacerlo, la ASF inicia el procedimiento ante instancias internas de control de las dependencias, o incluso el Ministerio Público, para fincar responsabilidades a los servidores públicos o particulares involucrados.
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ASF inició 48 procedimientos para fincar responsabilidades contra funcionarios
De acuerdo con el informe de la Auditoría, por el análisis del gasto en 2019 emitió 48 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante los órganos internos de control de Pemex y CFE, de los cuales 32 corresponden a funcionarios de la petrolera y 16 de la empresa eléctrica.
Sin embargo, son estos órganos -que forman parte de las dependencias, pero son dependientes de la secretaría de la Función Pública– quienes se encargan de llevar a cabo el proceso administrativo para fincar responsabilidades, lo cual puede traducirse en impunidad.
¿Tendrán consecuencias los informes de la Auditoría?
