Azucena es una mujer mazahua que ha sido empleada doméstica toda su vida. Debido a que sus patrones nunca la dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la única pensión que recibe desde hace dos años es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Los fondos son insuficientes para dejar de trabajar. Por eso ella todavía limpia la casa de su patrona, una mujer para la que trabaja desde hace 25 años en la colonia Condesa.
“El dinero que me da la pensión del presidente me alcanza para medicinas, pero no lo puedo ahorrar”, nos cuenta.
En contraste, la patrona de Azucena, quien se dedicó a la mercadotecnia, tiene una pensión del IMSS y además recibe el beneficio de viudez por parte de ese instituto, lo que suma una cifra mucho muy superior a la que recibe cada dos meses su empleada doméstica.
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De acuerdo con un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) incluso en las pensiones se pueden ver sesgos de género y de clase social, lo que es un reflejo de la desigualdad en las oportunidades educativas y laborales que prevalecen en el país.
El estudio señala que este año que comienza las mujeres que son beneficiarias de una pensión recibirán montos 14% menores de los que se destinan a las pensiones de los hombres.
Pero la desigualdad no solamente es de género, pues las mujeres que viven en un hogar de escasos recursos tendrán una pensión 6.6 veces menor a la que recibirán las mujeres de mayores recursos.
El estudio “Un sistema de pensiones sin perspectiva de género” apunta que los 1.7 billones de pesos que se destinarán para las pensiones, serán principalmente para las llamadas contributivas -como las del IMSS o ISSSTE- equivalentes a un 78.5%, mientras que el 21.5% restante será para las pensiones no contributivas, que son las que otorga el gobierno como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se creó para que todos los adultos mayores cuenten con un piso mínimo de ingreso y prevenir que experimenten situación de pobreza.
La desigualdad también depende de la institución que otorga este beneficio social a quienes han cumplido su vida laboral, pues los montos varían entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los regímenes estatales y municipales.
“Además de la desigualdad en montos que las personas pensionadas reciben de acuerdo con el tipo de institución a la que están afiliados, existe una inequidad entre hombres y mujeres que debe considerarse para definir acciones en el mercado laboral y en el sistema de pensiones para aumentar la cobertura y atención”, alertó el CIEP.
El organismo detalla que el 58.4% de las pensiones contributivas son para hombres y solamente el 41.6% tienen por beneficiaria a una mujer.
Y aunque aumentó el número de mujeres beneficiarias del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, éste no tiene perspectiva de género, y no se ocupa de resolver las necesidades de sus beneficiarias y sólo refleja la inequidad laboral, pues la mayoría es conformada por personas que se ocuparon en el trabajo no remunerado.
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De acuerdo con el CIEP, el incremento está directamente relacionado con la falta de cobertura de las pensiones contributivas hacia las mujeres.
Además, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo las mujeres de la tercera edad tienen más probabilidades de estar en condiciones de pobreza en comparación con los hombres. Mientras 53% de las mexicanas de 65 años o más tienen un ingreso diario inferior a $100 pesos, solo 28% de los hombres de esta edad se encuentran en la misma situación, detalló el Instituto Mexicano de la Competitividad.
En este sentido, la pensión no contributiva ha ayudado a reducir la pobreza entre los adultos mayores y se ha convertido en una herramienta para garantizar recursos a este estrato de la población, coincidieron la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
De acuerdo con Magdalena Sepúlveda, experta independiente de la ONU, las pensiones no contributivas son un dique efectivo contra la pobreza y para acceder a seguridad social para personas adultas mayores.
“Las pensiones sociales no sólo mejoran las condiciones de vida de las personas mayores, sino también las de sus familias. De esa forma se beneficia a la sociedad en su conjunto”, dijo en octubre pasado con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.
“Las pensiones sociales deben ser una prioridad para los Estados comprometidos con la lucha contra la pobreza y con el cumplimiento de los derechos humanos tanto de los jóvenes como de las personas mayores”.
De acuerdo con la ONU, el envejecimiento de la población es una tendencia global y es probable que para el año 2050 haya una población de 2,000 millones de personas adultas mayores en el mundo.
Actualmente hay más de 470,000,000 de personas adultas mayores viven en países en desarrollo. De ellas, 100,000,000 viven con un ingreso igual o inferior a un dólar diario, estima Naciones Unidas.
En tanto, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario general de la Cepal, explicó que entre los años 2014 y 2021 se reportó una baja en la pobreza entre las personas adultas mayores.
“Durante la pandemia, el único grupo social donde se contuvo, incluso se redujo la pobreza de ingresos, fue precisamente entre las personas adultas mayores y fue en buena medida a la pensión universal para adultos mayores”, dijo Salazar-Xirinachs.
Sin embargo, el CIEP considera que para tener un sistema de pensiones equilibrado se necesita de perspectiva de género dentro de las decisiones de política pública. Existen distorsiones tributarias, discriminación y diversos factores sociales y culturales que crean barreras al ingreso de la mujer a la fuerza laboral.
