El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda controversia constitucional en contra del segundo paquete del Plan B de las reformas electorales, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Este segundo paquete del Plan B entró en vigor el pasado 3 de marzo y contiene cambios a tres leyes federales: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El INE señaló que con dicha controversia constitucional contra el Plan B busca defender “no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema (Constitución), ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.
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Entre los cambios que contempla el segundo paquete del Plan B está la modificación a la estructura orgánica del INE, la destitución del secretario ejecutivo, la reducción los salarios de las y los consejeros, la eliminación de fideicomisos, elimina la exigencia del cumplimiento de la paridad en las postulaciones, afecta la representación de población indígena, entre otros.
Por lo que el INE solicitó a la SCJN que otorgue una suspensión del Plan B, en tanto no se pronuncie o resuelva el fondo de las controversias, pidió que interrumpa la aplicación de las reformas electorales, ya que estas afectan “los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la ciudadanía”.
Esta nueva controversia constitucional del INE contra el Plan B se suma a la primera controversia que presentó el órgano electoral el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del primer paquete del Plan B que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 27 de diciembre de 2022.
Ejes de la segunda controversia constitucional contra Plan B
El INE explicó que su controversia constitucional se conforma de cuatro ejes. El primero es por la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión para aprobar el Plan B.
El Instituto explicó que el Congreso dio trámite urgente a la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente López Obrador y “por disposición legal no podía ser sometida” como un trámite urgente, además no respetó el principio de publicidad, ni el deliberativo que rige al órgano legislativo, con lo que impidió la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
El segundo eje de la controversia constitucional del INE contra el Plan B es la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, demanda la invalidez de gran parte de la reforma por “las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”.
El tercer eje de la impugnación al Plan B es la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, “esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas”, puntualizó el INE en un comunicado.
Y el cuarto eje de la controversia es por la afectación a los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del INE y esto es inconstitucional. El INE sostiene que la reforma electoral desmantela la estructura orgánica y con esto afecta los derechos laborales de todo el personal del INE, además de eliminar aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
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AMLO cuestionó fideicomisos del INE
El 8 de marzo, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador cuestionó los fideicomisos que recibe el INE y el Poder Judicial, por la dijo haber solicitado a la Secretaría de Gobernación pedir al INAI, mediante la plataforma de transparencia, la cifra oficial de los fideicomisos del INE y del Poder Judicial.
“(El Poder Judicial) tiene un fideicomiso, un guardadito de $20,000,000 de pesos y lo vamos a dar a conocer porque, hoy, le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al instituto electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos, para que sepamos, y qué uso le han dado a ese fideicomiso”, dijo el mandatario.
Unas horas más tarde, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió al presidente que los fideicomisos que obtiene la autoridad electoral son públicos pues se dan a conocer en la Junta General Ejecutiva y son publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Puntualizó que el saldo de los fideicomisos se ha establecido entre $1,400 a $1,500 millones de pesos.
De la misma forma, el INE reiteró que los fideicomisos: Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos, están amparados en la ley y en su autonomía, además de que su operación es transparente.
Una jueza da revés a despido de secretario ejecutivo del INE
Además de las impugnaciones contra las reformas electorales, con la entrada en vigor del Plan B uno de los primeros efectos fue el cese inmediato del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, el pasado 3 de marzo.
Frente a este despido, el INE presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio electoral, con base en el Artículo 41 de la Constitución que establece que el Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General del INE.
El INE expone que la Constitución señala que no pueden expedirse leyes privativas o “en contra de una persona específica”, en consecuencia, no se puede disminuir el periodo del nombramiento del Secretario Ejecutivo. El 6 de febrero de 2020, el Consejo General del INE designó a Edmundo Jacobo como titular de la secretaría Ejecutiva del INE, por un nuevo periodo de seis años.
El mismo 2 de marzo pasado, Jacobo Molina interpuso un amparo por su destitución, en el que cuestionó la validez del artículo 17 transitorio del decreto del segundo paquete del Plan B, el cual ordenaba cesar a Jacobo Molina al momento de su publicación.
Una semana después, el 10 de marzo, una jueza federal concedió una suspensión definitiva para que las autoridades se abstengan de destituir a Jacobo Molina, y para que se “restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario”. Por tanto, el lunes 13 de marzo este regresó a su puesto en el INE.
De acuerdo con el portal Animal Político, se espera que el próximo miércoles 15 de marzo la Sala Superior del TEPJF resuelva el recurso que el INE presentó por el despido de Edmundo Jacobo.
El gobierno de López Obrador puede apelar la resolución de la jueza para que el caso se turne a un tribunal colegiado, el cual determinaría si revoca, modifica o confirma el fallo a favor de Edmundo Jacobo.
Además con la entrada en vigor del Plan B desaparece la Junta General Ejecutiva Ampliada, razón por la que sus integrantes presentaron sus renuncias con carácter irrevocable, a partir del 4 de abril. El objetivo es dejar en completa libertad a la nueva presidenta del INE de proponer a quienes habrán de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas del INE.
Empieza a aplicarse la reforma electoral que limita las capacidades del INE, mientras el proceso electoral para renovar las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México sigue y se acerca el 4 de junio, el día de las elecciones.
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Elección de 4 nuevas consejeras y consejero del INE
Además de estas impugnaciones y cambios al INE que provoca el Plan B, a más tardar el 3 de abril próximo, la Cámara de Diputados tiene que elegir a cuatro personas para el Consejo General del INE, entre ellas a quien va a asumir la presidencia del INE, en sustitución de Lorenzo Córdova Vianello. Quienes asumirán sus cargos el 4 de abril de 2023, para un periodo de nueve años.
El proceso de selección consta de cuatro etapas. La primera fue el registro de las y los aspirantes que concluyó el 24 de febrero. La segunda se llevó a cabo la semana del 7 de marzo en la que se evaluó mediante un examen a las y los aspirantes.
La tercera etapa se trata de la selección de los y las aspirantes que integrarán las listas que se remitirán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados –con cuatro fases–. Finalmente, la cuarta etapa es la elección de las cuatro consejeras y los consejeros.
El 10 de marzo, el Comité Técnico Evaluador, encargado de calificar a quienes aspiren a los cargos informó que avanzan a la tercera etapa 101 mujeres y 102 hombres, entre quienes se encuentran varios perfiles afines a Morena.
Ese mismo día y ante los señalamientos de un posible fraude en el examen para las y los aspirantes, el Comité Técnico de Evaluación descartó que haya habido alguna filtración previa de los resultados con el fin de favorecer a las y los candidatos cercanos al partido oficial, Morena.
Esto porque políticos de oposición denunciaron que personajes cercanos al gobierno de López Obrador tuvieron acceso por anticipado a la prueba, lo que provocó que dichos aspirantes quedaran en los primeros lugares del examen.
Por ejemplo, entre quienes alcanzaron los mejores puntajes en el examen está Bertha María Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, e hija de Bertha Luján Uranga, ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, quien obtuvo 74 puntos.
Y Jaime Miguel Castañeda Salas, ex coordinador de asesores de Morena ante el INE y además participó en la redacción de la reforma electoral, obtuvo 79 puntos en el examen.
El viernes 10 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación negó las acusaciones de dar a conocer el examen a los de Morena. Y descartó que exista un fraude en el examen que se aplicó a 508 aspirantes el martes 7 de marzo.
Además de Alcalde y Castañeda, entre otros cercanos a la 4T y favoritos para quedarse con una de las consejerías del INE está Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano del diputado de Morena, Pablo Amílcar, y de la ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Y Armando Ocampo Zambrano, ex comisionado de Atención a Víctimas del gobierno de la Ciudad de México, cercano a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Según la convocatoria para el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE, se deben integrar tres quintetas con las y los aspirantes para tres cargos de consejeros generales, y una quinteta exclusiva para el puesto de presidente o presidenta del INE.
A finales de febrero pasado, el Tribunal Electoral ordenó que la quinteta de aspirantes a la presidencia del INE fuera solo de mujeres, a fin de cumplir con el principio de alternancia y de paridad de género.
A más tardar el 27 de marzo la Jucopo notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, su acuerdo de propuesta de designación de las y los cuatro integrantes del INE.
