La pobreza aumentó durante la pandemia. La pérdida de empleo derivada del confinamiento puso a millones de mexicanos en una situación de desventaja, sobre todo en un país donde poco más de la mitad de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad.
Además, la falta de recursos económicos complica el acceso que tienen las personas a los servicios de salud. Sin un empleo formal y sin dinero, es difícil solventar los gastos de medicamentos que no cubre el gobierno.
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La edición más reciente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) da cuenta de lo anterior. Los hallazgos son poco favorables: disminuyó el ingreso del hogar e incrementó el número de personas sin acceso a servicios de salud. Sin duda, un escenario nada atractivo en medio de una crisis sanitaria.
Pobreza en México
La ENIGH es una encuesta del INEGI cuyo principal objetivo es proporcionar información estadística sobre los cambios del ingreso y el gasto de los hogares. En cada versión da una imagen bien definida de lo que ganan y gastan las familias mexicanas.
Hubo una caída en el ingreso corriente, es decir, en el flujo de principal de dinero de cada familia. Además, el rubro peor afectado es el salario generado por el trabajo, lo cual impacta en la salud financiera de las familias.
A partir de todos estos datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) actualizó sus mediciones de la pobreza. La institución muestra un panorama desalentador en cuanto al número de personas en situación de precariedad.
En México, ahora hay más personas pobres. El Coneval define a la pobreza como la situación en la que las personas tienen carencias en acceso a la educación, salud, alimentación, seguridad social o vivienda. En el 2018, el 42% de la población era pobre; actualmente, el 44% de las personas en México lo son. Lo anterior equivale a casi 56 millones de personas, 3.8 millones más que en el 2018.
Incluso, en casi todos los estados de la república hay más pobreza extrema, aunque es de destacar que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, las entidades más pobres, la ciudadanía en esta situación disminuyó. El porcentaje todavía es alto, pero con una pandemia encima, el avance amerita resaltar este detalle positivo.
Ahora bien, por el tamaño de los cambios, también vale la pena mencionar el retroceso en Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, son estados dependientes de actividades económicas terciarias, como el comercio ambulante y el turismo, sectores afectados por el encierro.
Falta de acceso a la salud: el peor legado de la pandemia
De todas las carencias que hacen a las personas pobres, la falta de acceso a la salud fue la que tuvo una disminución más grande durante los últimos dos años. En el 2018, el 16% de la población no tenía acceso a la salud, según los datos del Coneval. Ahora, la cifra creció a un 28%.
Las brechas también son grandes en toda la república. No hubo ni un solo estado donde disminuyera la población sin acceso a los servicios de salud.
Justo cuando más se necesitaba y urgía, el acceso a la salud retrocedió significativamente. Como país, tener a más gente pobre no pinta bien, pero también implica que se limita el desarrollo humano, lo cual puede significar una disminución del crecimiento económico para el futuro.
¿Por qué estamos en este punto?
Los datos de la ENIGH y el análisis de Coneval también muestran que si bien hubo un aumento en las transferencias del gobierno a las personas, no fue suficiente para proteger a la población más vulnerable. El problema más severo está en el sector de la salud.
Uno de los fracasos más claros de los programas de salud del gobierno actual es el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Este organismo reemplaza al Seguro Popular y tiene el objetivo de otorgar atención médica y hospitalaria gratuita.
¿Cuál es el problema con el INSABI? Los y las expertas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) afirman que el presupuesto del INSABI es incongruente con el objetivo de cubrir a toda la población sin seguridad social. En el 2019, el gasto por cada persona era de 3,656 pesos; en este año ha sido de 2,911 pesos. Es decir, simplemente no se invierte suficiente dinero para atender a todas las personas y, además, se reduce.
En otras palabras, las políticas que ha implementado el gobierno son ineficientes.
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Alejandra Llano y Judith Senyacen, investigadoras del CIEP, sugieren primero reevaluar la implementación de las políticas y la distribución de su presupuesto. Recomiendan que los programas de salud actuales se basen en modelos exitosos de gobiernos pasados. En el caso del INSABI, la experiencia de las acciones del Seguro Popular podrían ser útiles.
No basta con buenas intenciones y crear instituciones solo por crearlas, también se requiere capacidad para manejarlas y llevar a cabo los programas con resultados positivos.
